Gratuidad para el que sí se gradúa
Ambicionando al mismo tiempo la utopía socialista y el bienestar del primer mundo liberal, hemos despilfarrado años de envidiable gratuidad e ingreso irrestricto a la Universidad de Panamá, sin exigir de sus beneficiarios el pleno aprovechamiento de la oportunidad brindada. Países con altísimos ingresos por habitante no se permiten esta mortífera combinación, y aquellos que mantienen una absoluta gratuidad instalan un severo régimen de matrícula restringida según carreras y talentos, con una férrea disciplina intelectual desde las etapas iniciales de la educación general. Que el hilo no puede cortarse en el nivel superior de la educación no es cosa a discutir, pero que la formación universitaria pueda seguir por los carriles de gratuidad e ingreso irrestrictos es algo que merece ser revisado.
A quienes suponen que hay que imponer una sobretasa a los graduados universitarios, nuestra opinión es que la comunidad está harta de premiar a quien no cumple y castigar a quien se realiza. ¿No sería más justo exigir que el más de 60 por ciento de estudiantes que no termina sus estudios le devuelva algo a la sociedad que en cierto modo defraudó? El gravamen terminaría en una nueva burla dentro de la larga de originalidades impositivas.
El pueblo panameño desea y merece una educación gratuita, al menos al nivel de bajos ingresos. Sobre eso, creemos estar mayoritariamente de acuerdo. La comunidad es mucho más que el estudiantado sometido a la manipulación demagógica de quienes hacen de la educación "el último refugio de los pícaros". El país es reflejo de la gran Universidad que creó Harmodio Arias M. que, desde el más humilde y sacrificado peón del campo al más encumbrado industrial, contribuye a financiar una educación en millares de casos desperdiciada. ¿Quién responde por el despilfarro hecho por quienes abandonan sus estudios o los prolongan durante décadas? ¿Qué aportan tantos fracasos a la sociedad que los cobija inocentemente?
Existe al menos una posibilidad para recaudar fondos en la Universidad que, sin constituir una tasa privatizante, permitiría que quienes no aprovechan la oportunidad que se les brinda, devuelvan algo a la sociedad que les abrió irrestricta y hasta irresponsablemente las puertas de la educación superior. Una contribución reintegrable de diez balboas mensuales por estudiante no parece desmesurada, y operaría como una especie de reaseguro ante la sociedad que la mantiene. Quedarían exceptuados del aporte quienes acrediten las mismas condiciones que hoy deben demostrar para hacerse merecedores de una beca de ayuda económica.
Esta propuesta no es un arancel, ni está destinada a liberar al Estado de su obligación constitucional. Tampoco es la solución definitiva, pues parte del reconocimiento de una anormalidad académica actual: la enorme deserción y fracasos. El aporte de diez balboas es sólo ilustrativo: el monto se devolvería al graduado, pero no a quienes abandonan, como mínima compensación a la sociedad que tributa por una oportunidad no aprovechada. Cabe preguntarse qué podría hacerse durante una gestión rectoral de cuatro años con dos millones de dólares adicionales de recursos propios. ¿O es imposible soñar con un Panamá en que los premios estén del lado de los que con esfuerzo se realizan?
A quienes suponen que hay que imponer una sobretasa a los graduados universitarios, nuestra opinión es que la comunidad está harta de premiar a quien no cumple y castigar a quien se realiza. ¿No sería más justo exigir que el más de 60 por ciento de estudiantes que no termina sus estudios le devuelva algo a la sociedad que en cierto modo defraudó? El gravamen terminaría en una nueva burla dentro de la larga de originalidades impositivas.
El pueblo panameño desea y merece una educación gratuita, al menos al nivel de bajos ingresos. Sobre eso, creemos estar mayoritariamente de acuerdo. La comunidad es mucho más que el estudiantado sometido a la manipulación demagógica de quienes hacen de la educación "el último refugio de los pícaros". El país es reflejo de la gran Universidad que creó Harmodio Arias M. que, desde el más humilde y sacrificado peón del campo al más encumbrado industrial, contribuye a financiar una educación en millares de casos desperdiciada. ¿Quién responde por el despilfarro hecho por quienes abandonan sus estudios o los prolongan durante décadas? ¿Qué aportan tantos fracasos a la sociedad que los cobija inocentemente?
Existe al menos una posibilidad para recaudar fondos en la Universidad que, sin constituir una tasa privatizante, permitiría que quienes no aprovechan la oportunidad que se les brinda, devuelvan algo a la sociedad que les abrió irrestricta y hasta irresponsablemente las puertas de la educación superior. Una contribución reintegrable de diez balboas mensuales por estudiante no parece desmesurada, y operaría como una especie de reaseguro ante la sociedad que la mantiene. Quedarían exceptuados del aporte quienes acrediten las mismas condiciones que hoy deben demostrar para hacerse merecedores de una beca de ayuda económica.
Esta propuesta no es un arancel, ni está destinada a liberar al Estado de su obligación constitucional. Tampoco es la solución definitiva, pues parte del reconocimiento de una anormalidad académica actual: la enorme deserción y fracasos. El aporte de diez balboas es sólo ilustrativo: el monto se devolvería al graduado, pero no a quienes abandonan, como mínima compensación a la sociedad que tributa por una oportunidad no aprovechada. Cabe preguntarse qué podría hacerse durante una gestión rectoral de cuatro años con dos millones de dólares adicionales de recursos propios. ¿O es imposible soñar con un Panamá en que los premios estén del lado de los que con esfuerzo se realizan?
