Guerra en Colombia y batalla en Washington
Bogotá (AIPE)- En la guerra que desde hace 40 años enfrenta a las guerrillas marxistas con la sociedad colombiana, no todas las batallas se libran en los campos y pueblos de nuestro país. Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuentan con aliados poderosos que libran una campaña de difamación contra las Fuerzas Militares legítimas de Colombia, dentro y fuera del país.
Los autores de campañas de desinformación manipulan el tema de los derechos humanos y buscan convencer a amplios sectores mediante acusaciones, en su mayoría falsas, de que los militares colombianos violan los derechos humanos sin contemplación alguna, mientras que la guerrilla defiende al pueblo. En Colombia no logran engañar a nadie, como claramente lo demuestran todas las encuestas, pero en el exterior han tenido éxito, logrando impedir la ayuda internacional a Colombia para combatir a la guerrilla.
Por otra parte, las evidencias de la participación -especialmente de las Farc- en el cultivo y tráfico de drogas son inocultables, y poco a poco se va abriendo paso la ayuda militar a las Fuerzas Militares, dada la imposibilidad de que la policía por si sola enfrente exitosamente a los terroristas. Sin embargo, los simpatizantes de la guerrilla marxista no se dan por vencidos y la campaña de difamación contra los militares ha llegado a extremos. Hoy, en la guerra de Colombia contra el terrorismo la batalla más importante se está librando en Washington.
Es muy grande la diversidad de organizaciones y personas que se involucran en la campaña de desinformación. En primer lugar participan elementos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de Colombia. Allí se producen las acusaciones que se fundamentan en testimonios comprados. Las acusaciones son recogidas luego por Organizaciones No Gubernamentales, que supuestamente se dedican al tema de los Derechos Humanos en Colombia. En el exterior otras ONG difunden las acusaciones. ¿ltimamente ha cobrado fuerza una nueva organización, un movimiento que se dice Bolivariano, en el cual participan ex guerrilleros colombianos y otros personajes de la izquierda latinoamericana, incluyendo delegados de la Cuba de Fidel Castro. Su próxima actuación será la realización de demostraciones simultáneas ante varias embajadas de Estados Unidos, el 23 de febrero próximo, protestando por la "intervención" de Estados Unidos en el conflicto colombiano.
Un actor importante en la campaña es la ONG Human Rights Watch-Americas, que dirige el chileno José Miguel Vivanco. Sus informes están llenos de acusaciones falsas contra las Fuerzas Militares colombianas. Lo que sorprende es que todo esto es recogido por el Departamento de Estado en su informe anual sobre derechos humanos, sin crítica ni verificación de ninguna clase. Recientemente varios miembros de mi organización, Centro de Análisis Sociopolíticos, se reunieron con funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Se le preguntó al señor Drew Blakeney, el funcionario que se ocupa de redactar el informe, si al menos había hablado con los oficiales acusados en el documento, a lo cual respondió afirmativamente. Mintió, porque la verdad es que nunca habló con ellos.
El caso más aberrante que aparece en el informe, lo mismo que en el de Human Rights Watch, es el caso Quiñones. El Teniente Coronel Rodrigo Quiñones, de la Infantería de Marina, junto con otros oficiales de la Armada Nacional, fue encargado de organizar la inteligencia naval. Pronto fue acusado de una larga lista de asesinatos ocurridos en el puerto fluvial de Barrancabermeja. En el curso del proceso se demostró, en forma contundente, que todo era un montaje propiciado por el Cartel de Narcotraficantes del Norte del Valle. Esa organización narcotraficante veía en la naciente Inteligencia Naval un peligro para sus operaciones de embarque de drogas. Sin embargo, tanto Human Rights Watch, como el Departamento de Estado insisten en las acusaciones. Así, cuando se trata de desacreditar a las Fuerzas Militares de Colombia, vemos una extraña y vergonzosa alianza entre un cartel del narcotráfico, una ONG y el Departamento de Estado.
Los diferentes gobiernos colombianos no han sido diligentes en defender a sus soldados cuando - a menudo los mejores- son calumniados, aunque en esta oportunidad nuestro canciller calificó el informe de Human Rights Watch de "panfleto". Así, la batalla de Washington continúa.
Los autores de campañas de desinformación manipulan el tema de los derechos humanos y buscan convencer a amplios sectores mediante acusaciones, en su mayoría falsas, de que los militares colombianos violan los derechos humanos sin contemplación alguna, mientras que la guerrilla defiende al pueblo. En Colombia no logran engañar a nadie, como claramente lo demuestran todas las encuestas, pero en el exterior han tenido éxito, logrando impedir la ayuda internacional a Colombia para combatir a la guerrilla.
Por otra parte, las evidencias de la participación -especialmente de las Farc- en el cultivo y tráfico de drogas son inocultables, y poco a poco se va abriendo paso la ayuda militar a las Fuerzas Militares, dada la imposibilidad de que la policía por si sola enfrente exitosamente a los terroristas. Sin embargo, los simpatizantes de la guerrilla marxista no se dan por vencidos y la campaña de difamación contra los militares ha llegado a extremos. Hoy, en la guerra de Colombia contra el terrorismo la batalla más importante se está librando en Washington.
Es muy grande la diversidad de organizaciones y personas que se involucran en la campaña de desinformación. En primer lugar participan elementos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo de Colombia. Allí se producen las acusaciones que se fundamentan en testimonios comprados. Las acusaciones son recogidas luego por Organizaciones No Gubernamentales, que supuestamente se dedican al tema de los Derechos Humanos en Colombia. En el exterior otras ONG difunden las acusaciones. ¿ltimamente ha cobrado fuerza una nueva organización, un movimiento que se dice Bolivariano, en el cual participan ex guerrilleros colombianos y otros personajes de la izquierda latinoamericana, incluyendo delegados de la Cuba de Fidel Castro. Su próxima actuación será la realización de demostraciones simultáneas ante varias embajadas de Estados Unidos, el 23 de febrero próximo, protestando por la "intervención" de Estados Unidos en el conflicto colombiano.
Un actor importante en la campaña es la ONG Human Rights Watch-Americas, que dirige el chileno José Miguel Vivanco. Sus informes están llenos de acusaciones falsas contra las Fuerzas Militares colombianas. Lo que sorprende es que todo esto es recogido por el Departamento de Estado en su informe anual sobre derechos humanos, sin crítica ni verificación de ninguna clase. Recientemente varios miembros de mi organización, Centro de Análisis Sociopolíticos, se reunieron con funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Se le preguntó al señor Drew Blakeney, el funcionario que se ocupa de redactar el informe, si al menos había hablado con los oficiales acusados en el documento, a lo cual respondió afirmativamente. Mintió, porque la verdad es que nunca habló con ellos.
El caso más aberrante que aparece en el informe, lo mismo que en el de Human Rights Watch, es el caso Quiñones. El Teniente Coronel Rodrigo Quiñones, de la Infantería de Marina, junto con otros oficiales de la Armada Nacional, fue encargado de organizar la inteligencia naval. Pronto fue acusado de una larga lista de asesinatos ocurridos en el puerto fluvial de Barrancabermeja. En el curso del proceso se demostró, en forma contundente, que todo era un montaje propiciado por el Cartel de Narcotraficantes del Norte del Valle. Esa organización narcotraficante veía en la naciente Inteligencia Naval un peligro para sus operaciones de embarque de drogas. Sin embargo, tanto Human Rights Watch, como el Departamento de Estado insisten en las acusaciones. Así, cuando se trata de desacreditar a las Fuerzas Militares de Colombia, vemos una extraña y vergonzosa alianza entre un cartel del narcotráfico, una ONG y el Departamento de Estado.
Los diferentes gobiernos colombianos no han sido diligentes en defender a sus soldados cuando - a menudo los mejores- son calumniados, aunque en esta oportunidad nuestro canciller calificó el informe de Human Rights Watch de "panfleto". Así, la batalla de Washington continúa.
