¿Hacia qué régimen político?
El conjunto de las instituciones que regulan el ejercicio del poder (órganos de poder más partidos políticos), conmemoran a su manera los 37 años de una constitución militarista cuatro veces emparchada, dado que esta sigue sirviendo de apoyo para que no se vea la dimensión y la profundidad de la crisis que vive el estado y, sobre todo, para que no se conozcan las reivindicaciones concretas de las mayorías de sus ciudadanos.
El escenario político sigue siendo el mismo que hemos conocido a lo largo de los últimos cuatro lustros: “los mismos con las mismas”. Desde que la invasión y la ambición rescataron del basurero de la historia la constitución militarista y el Código Electoral del mismo corte, negándose así a destruir la placenta antidemocrática, se dio inicio al camino de la decepción que poco a poco se ha ido arraigando en la población que ha vivido estos últimos 20 años, de frustración en frustración.
El resultado es un Estado político primitivo, donde la limitante constitución militarista y la limitada interpretación que se le da a la misma nos llevan a pasos agigantados hacia un Estado falto de institucionalidad. Queda obligatoria la interrogante: ¿hacia qué régimen político nos encaminamos?
Las respuestas que la pregunta genere no necesariamente nos permitirán aprobar el examen general que como ciudadanos nos corresponde pasar pero, contribuirá el hacerse el cuestionamiento a que se abra, de una vez por todas, el debate general de ¿hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir? El cerro de corrupción y la inseguridad económica y física, general y rampante que dejó el gobierno anterior y que no cesan de aumentar representan -en conjunto- un peligro cotidiano para cualquier proyecto que quiera impulsar el cambio para que nada cambie.
Y así, la meritocracia democrática sigue siendo remplazada por la dedocracia presidencialista que pasa cada vez más a un estadio superior de manipulación: Contraloría, Magistrados, Procuraduría… entre otros muchos.
Exijámosnos como ciudadanos una acción ciudadana y logremos, cuanto antes, la conversación nacional, el debate en torno al papel actual del Estado; la delimitación entre Mercado y Estado; la urgente reducción de la deuda pública; la utilización de los recursos naturales y el desafío ecológico; una real reducción de la burocracia estatal; la educación y la preparación para el mundo del conocimiento, sobre cómo enfrentar los retos de la globalización de los mercados; un sistema de seguridad social eficaz; la lucha contra la pobreza y el desempleo; la lucha contra la delincuencia organizada; la lucha contra la corrupción; el derecho a la información y la libertad de expresión y la no sujeción de los medios de comunicación; los desafíos que plantean las nuevas tecnologías; la crisis de los partidos políticos y el aburrimiento de la política; el necesario reforzamiento jurídico y ético de los Derechos Humanos.
Retomemos el pensamiento del Doctor José Dolores Moscote, inspirador y promotor de la transformación de importantes instituciones, para actualizar nuestra responsabilidad ciudadana de alcanzar, cuanto antes un Estado de Derecho Constitucional, inspirados en la sabia enseñanza del padre del Derecho Constitucional panameño, cuando nos decía: “Siempre es incontestablemente mejor para un país la actitud dispuesta y vigilante del pueblo, aunque a veces caiga en errores manifiestos, que una actitud pasiva e indiferente que deje el campo a merced de las dictaduras y las tiranías”.
