Hacia un acuerdo con el FMI
El Gobierno Nacional recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) hace unos días, una serie de condiciones para la concesión de nuevos préstamos por un monto inicial de B/.85 millones lo que, de concretarse, aliviaría momentáneamente las serias limitaciones de fondos que padece.
De la primera conferencia de prensa presidida por el viceministro de Economía y Finanzas, Ricardo Quijano, que tuvo lugar a mediados de Semana Santa, y de las informaciones dadas a los medios internacionales por la misma entidad, es posible concluir que entre las condiciones sugeridas por el FMI figuran el cumplimiento de importantes reformas, empezando con un aumento del ITBM (actual 5%) en algunos artículos suntuarios.
A lo anterior, se añadiría el compromiso de reducir el déficit fiscal a 1% durante la presente ejecución, y a cero para el año próximo; ejecutar una amplia reforma a la Caja de Seguro Social; y el mejoramiento de la capacidad supervisora de la Superintendencia Bancaria.
Quedan además otras sugerencias pendientes, tales como la privatización del Aeropuerto de Tocumen, la liquidación del Banco Hipotecario Nacional y del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), aquejados por una alta morosidad, para los cuales, el gobierno ha pedido tiempo.
El FMI retuvo a Panamá un adelanto previsto para este año por B/.104 millones, por haber incumplido la administración de Pérez Balladares con condiciones previas, que incluían la privatización del IDAAN. Según Quijano, el objetivo sería suavizar parte de los duros términos actuales, con miras a una próxima negociación prevista para el año 2002.
El aumento del ITBM podría afectar ventas tales como las de automóviles de lujo y joyas. La medida persigue proveer más dinero al Gobierno para subsanar su déficit y poder emprender sus programas. Se estima que el impuesto podría extenderse en el futuro a la prestación de servicios, lo cual fue objeto de una tentativa previa, durante el régimen militar, frustrada entonces por masivas protestas callejeras. Panamá es un país cuya economía depende grandemente del sector servicios.
La Caja de Seguro Social por su parte, hace tiempo que requiere de reformas, que sucesivas administraciones han resistido y hasta negado su necesidad. No fue sino a partir de la presidencia de Guillermo Endara, cuando se adelantó los primeros estudios que revelaron la formación de un inmenso hoyo, cual capa de ozono, en la forma de un pavoroso déficit actuarial del fondo de Vejez, Invalidez y Muerte. Los pronósticos más optimistas estiman que para el 2012 el fondo no podrá proveer las jubilaciones correspondientes; mientras que otros más conservadores, lo anticipan para el 2007.
En lo demás, Tocumen, según ha admitido la Presidenta Moscoso, es un antro de corrupción y añadimos: de pésimo servicio; el presupuesto del gobierno arrastra un consuetudinario déficit anual causado por el despilfarro y el desgreño administrativo; el Banco Hipotecario está en mala situación, y el sector privado puede asumir su papel; igual el BDA, que aunque estaba llamado a desempeñar una valiosa función social en el agro, lo ha hecho desastrosamente. En fin, en su mayoría son reformas necesarias sobre cuyo alcance y profundidad debemos procurar un consenso nacional.
De la primera conferencia de prensa presidida por el viceministro de Economía y Finanzas, Ricardo Quijano, que tuvo lugar a mediados de Semana Santa, y de las informaciones dadas a los medios internacionales por la misma entidad, es posible concluir que entre las condiciones sugeridas por el FMI figuran el cumplimiento de importantes reformas, empezando con un aumento del ITBM (actual 5%) en algunos artículos suntuarios.
A lo anterior, se añadiría el compromiso de reducir el déficit fiscal a 1% durante la presente ejecución, y a cero para el año próximo; ejecutar una amplia reforma a la Caja de Seguro Social; y el mejoramiento de la capacidad supervisora de la Superintendencia Bancaria.
Quedan además otras sugerencias pendientes, tales como la privatización del Aeropuerto de Tocumen, la liquidación del Banco Hipotecario Nacional y del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), aquejados por una alta morosidad, para los cuales, el gobierno ha pedido tiempo.
El FMI retuvo a Panamá un adelanto previsto para este año por B/.104 millones, por haber incumplido la administración de Pérez Balladares con condiciones previas, que incluían la privatización del IDAAN. Según Quijano, el objetivo sería suavizar parte de los duros términos actuales, con miras a una próxima negociación prevista para el año 2002.
El aumento del ITBM podría afectar ventas tales como las de automóviles de lujo y joyas. La medida persigue proveer más dinero al Gobierno para subsanar su déficit y poder emprender sus programas. Se estima que el impuesto podría extenderse en el futuro a la prestación de servicios, lo cual fue objeto de una tentativa previa, durante el régimen militar, frustrada entonces por masivas protestas callejeras. Panamá es un país cuya economía depende grandemente del sector servicios.
La Caja de Seguro Social por su parte, hace tiempo que requiere de reformas, que sucesivas administraciones han resistido y hasta negado su necesidad. No fue sino a partir de la presidencia de Guillermo Endara, cuando se adelantó los primeros estudios que revelaron la formación de un inmenso hoyo, cual capa de ozono, en la forma de un pavoroso déficit actuarial del fondo de Vejez, Invalidez y Muerte. Los pronósticos más optimistas estiman que para el 2012 el fondo no podrá proveer las jubilaciones correspondientes; mientras que otros más conservadores, lo anticipan para el 2007.
En lo demás, Tocumen, según ha admitido la Presidenta Moscoso, es un antro de corrupción y añadimos: de pésimo servicio; el presupuesto del gobierno arrastra un consuetudinario déficit anual causado por el despilfarro y el desgreño administrativo; el Banco Hipotecario está en mala situación, y el sector privado puede asumir su papel; igual el BDA, que aunque estaba llamado a desempeñar una valiosa función social en el agro, lo ha hecho desastrosamente. En fin, en su mayoría son reformas necesarias sobre cuyo alcance y profundidad debemos procurar un consenso nacional.
