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Hacia un nuevo derecho internacional


Las palabras pronunciadas por la embajadora de Estados Unidos, Linda Watt, a invitación de la Cámara de Comercio, ha generado malestar en sectores de académicos y del gobierno panameño, que miran en el hecho un acto de intromisión en los asuntos internos de Panamá. Eso pudo haber sido correcto hace veinte años, no ahora, bajo el nuevo orden internacional resultante de la caída del Muro de Berlín y el cese de la Guerra Fría en 1989.
El viejo orden se sustentó sobre el sacro santo postulado de la soberanía de los estados, bajo cuya vigencia imperaron principios tales como el de “no intervención” y el de “autodeterminación de los pueblos”. México, en particular, fue un adalid de ambas doctrinas. De ese modo, no importaba cuánto un dictador abusara y robara a su pueblo, las demás naciones no debían intervenir.
En las últimas dos décadas, sin embargo, ese orden ha sido alterado por el debilitamiento del principio de la soberanía de los estados y por la hipertrofia de los derechos humanos y, en particular, de un derecho con doctrina y sustento legal propios que ha adquirido una categoría supranacional, por encima de las fronteras soberanas. El caso del apresamiento en Inglaterra del general Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón por crímenes políticos cometidos en Chile, es un hito histórico que ilustra el fenómeno.
En el mismo sentido, la violación de los derechos humanos por el gobierno de Serbia contra la provincia separatista de Kosovo, causó que la OTAN lanzara una ofensiva militar que hizo cesar la agresión. A la postre, la ONU no tuvo más alternativa que aprobar los hechos cumplidos.
En Panamá, a raíz del despido de unos trabajadores de las telefónicas y energéticas estatales INTEL e IRHE, la Corte Suprema se pronunció a favor de la legalidad de la medida, en circunstancia en que la Constitución prescribe que sus fallos son definitivos, obligatorios y que no admiten recurso. Sin embargo, pocos después, los trabajadores obtuvieron a su favor una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dejó sin efecto lo resuelto por la corte panameña y ordenó indemnizar a los injustamente cesados. Esa es otra muestra del fenómeno de debilitamiento del derecho soberano. La firma en 1998 y la ratificación posterior del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional para juzgar delitos de lessa humanidad, vino a cerrar ese capítulo.
Por otra parte, a raíz de la globalización de algunas figuras delictivas tales como el narcotráfico, el contrabando de armas, el lavado de dinero, delitos ecológicos, la corrupción y el terrorismo, se están dando una serie de tratados internacionales por medio de los cuales los distintos estados se comprometen a combatirlos internamente y a cooperar externamente en ese sentido. Así, los estados adquieren una serie de compromisos con la comunidad internacional, que los somete a constante fiscalización de cumplimiento.
Y por último, está el orden comercial internacional representado en la Organización Mundial de Comercio, que fiscaliza el respeto de las reglas de libre intercambio comercial en todo el planeta. En este aspecto, también las soberanías nacionales ceden terreno a favor de organismos supra nacionales. A eso añadimos la labor de constante evaluación de las calificadoras de crédito y las fórmulas que exigen las instituciones financiera internacionales a las naciones deudoras, todo lo cual abona para que la noción clásica de soberanía como concepto derivado del aislamiento tras los muros de las ciudades estado medievales, siga cediendo terreno. En un mundo interdependiente no tendremos más alternativas que tolerar llamados de atención como los de la embajadora.
Agregó que el tema atinente a la inmunidad parlamentaria pasará posiblemente a partir de hoy, por un áspero, desabrido y difícil cuestionamiento público, que tendrá que imponer beneficio de la salud institucional de la república, una reflexión generosa, madura y responsable de su alcance y razón de ser.
Este diario tuvo acceso a una carta enviada por Jacinto Cárdenas, magistrado ponente del fallo, a Adán Arjona, presidente de la Corte Suprema. Su contenido revela claramente el malestar de Cárdenas y el ambiente que reina en la máxima corporación de justicia.
Cárdenas expresa su desacuerdo con la decisión tomada por Arjona de “hacer llegar a los medios de comunicación su salvamento de voto del caso en mención...”.
Sostiene que el fallo se filtró a los medios antes de que el magistrado César Pereira Burgos y el secretario de la Corte, Carlos Cuestas, lo hubieran firmado. Indica que hasta tanto este trámite no se hubiera cumplido, el contenido del fallo podía ser modificado, pero con la “publicidad” del salvamento de voto de Arjona, esa posibilidad quedó descartada.
La carta fue enviada anteayer y en ella Cárdenas le recrimina al presidente de la Corte que aunque Arturo Hoyos y Rogelio Fábrega no compartían el criterio de la mayoría, respetaron lo acordado en el pleno y no remitieron a los medios su salvamento.
En lo que pareciera un dejo de ironía, el ponente le dice a Arjona que “en solitario” le manifiesta “de manera categórica, firme y respetuosa” su total desacuerdo con la publicidad anticipada que éste le dio a su salvamento de voto.
Lo de “en solitario” y “de manera categórica, firme y respetuosa”, fueron las mismas frases utilizadas por Arjona en su decisión de no apoyar el fallo.
Arjona las utilizó en el párrafo final de su salvamento de voto y Cárdenas las incluye en el último párrafo de su carta.

101 años de Panamá América

 
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