Hasta cuándo jugaremos con la CSS
La Presidenta Mireya Moscoso ha anunciado el gran plan para "salvar a la Caja de Seguro Social", la gran panacea inventada por sus muy iluminados asesores está simplemente basada en el concepto de "Señora Presidenta no se meta en problemas y dele una aspirina a ese paciente con apendicitis, hasta que venga un cirujano que sepa qué es lo que hay que hacer".
La gran solución del Ejecutivo no es más que una breve postergación del problema, basada en la utilización de recursos que pertenecen a todos los panameños y no sólo a los asegurados. Este aspecto le da un carácter de injusticia a esta tímida y cobarde propuesta.
La CSS en su programa de pensiones tiene un déficit de unos 2000 millones de balboas y las medidas propuestas no cubren el 50% de dicho déficit. Esto le da el carácter de demagógica y superficial a la propuesta. Es conocido por el gobierno, los directivos de la CSS, los empresarios, los obreros y los asegurados que el esquema fundacional de la institución, basados en capitales de ahorro, mezclado con solidaridad generacional e intergeneracional, en todos los países donde se utilizó fracasó hace mucho tiempo. Este fracaso se debe a múltiples razones, dentro de las cuales podemos mencionar mala administración, malos proyectos de inversiones, malas tasas de retorno, corrupción, etc.
Todos esos factores mencionados indudablemente que han incidido al igual que el desastre económico que ha producido este gobierno en la situación actual de la CSS, pero estimo que todo esto lo que ha ocasionado es un aforo algo más temprano de una realidad insostenible.
En el Seguro Social vemos con mucha frecuencia una enorme cantidad de pacientes ancianos y ancianas pertenecientes a grupos sociales que gozaban de jubilaciones especiales que cotizaron sobre la base de los sueldos de años, 40, 50 y 60, recibieron los diferentes aumentos de pensión que se han dado y han doblado la edad en la cual se jubilaron.
Para los que no gozaban de jubilaciones especiales al igual que para todos los panameños, el promedio de vida se ha mejorado de los años 50 a esta parte en casi 30%. Los beneficios que significan erogación para el programa, aunque disminuidos, entran en vigencia al día siguiente de estar asegurado el trabajador. Toda estas razones producen el daño estructural de la CSS: Los ingresos no cubren los egresos. El problema actual llegó a lo que podría llamarse el punto de no retorno si no se toman las medidas adecuadas.
También es cierto que las medidas que hay que tomar para darle solución estable y sostenible al problema son duras desde el punto de vista político y ninguno de los actores políticos de gobierno y oposición y mucho menos los que aspiran a ser candidatos ya sea a puestos de elección nacional, circuital, sindical o gremial de asegurados van a poner en riesgo su futuro político adoptando o avalando las medidas que se deben tomar.
Definitivamente que la privatización de los fondos del Seguro Social es impensable e improbable por poco viable. Pero tampoco es viable dejar sin cobertura, por un colapso del sistema, a los más de 800,000 panameños que están en el sistema. Pero la responsabilidad también pasa por no permitir que más panameños entren en un sistema que ya está fracasado. La propuesta del Ejecutivo, por eso, es irresponsable.
El Seguro Social debe ser reformado integralmente, para ello debe iniciarse la separación total de los programas de Salud del de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pues este último, a su vez, requiere de dos reestructuraciones.
La primera es para asegurarle a las generaciones activas actualmente que van a recibir una pensión. Esta reestructuración conlleva un sacrificio de nosotros los asegurados en cuanto a la edad para los que tenemos labores que no son causa de un gran deterioro físico y para todos un sacrificio en cuanto a las cuotas que pagamos. Este sacrificio debe ir acompañado de una justicia en el retorno de las pensiones que reciben los que cotizan por encima del valor de las pensiones actuales.
Esta primera reestructuración debe manifestarse y dirigirse hacia los grupos sociales que menos reciben actualmente. Este es el gran costo de este sacrificio y donde interviene el Estado. La segunda reestructuración es la creación de un sistema para las nuevas generaciones, basado en una relación obrero-patronal más eficiente, productiva y mejor remunerada. Esto debe ser acompañado de una mejor educación, de una mejor distribución de las riquezas rechazo y combate frontal a la corrupción, un sistema de justicia eficiente, justo y equitativo y medidas económicas que estimulen la inversión, la competitividad y la creación de muchos, nuevos y mejores empleos.
La deportación o expulsión de un extranjero tiene sin duda, consecuencias legales, ya que afecta la condición jurídica de dicho extranjero, por la cual debe ejecutarse en forma lícita y en base a los motivos señalados por la Ley. Para asegurar que se cumpla con este procedimiento, se hace necesario que el Estado del cual es nacional el extranjero lo acepte en su territorio, ya que dicho acto conlleva la obligación implícita de que a ese extranjero, no se le apliquen sanciones pendientes por motivos políticos, ya que de no ser así se deformaría la figura jurídica de la deportación.
La gran solución del Ejecutivo no es más que una breve postergación del problema, basada en la utilización de recursos que pertenecen a todos los panameños y no sólo a los asegurados. Este aspecto le da un carácter de injusticia a esta tímida y cobarde propuesta.
La CSS en su programa de pensiones tiene un déficit de unos 2000 millones de balboas y las medidas propuestas no cubren el 50% de dicho déficit. Esto le da el carácter de demagógica y superficial a la propuesta. Es conocido por el gobierno, los directivos de la CSS, los empresarios, los obreros y los asegurados que el esquema fundacional de la institución, basados en capitales de ahorro, mezclado con solidaridad generacional e intergeneracional, en todos los países donde se utilizó fracasó hace mucho tiempo. Este fracaso se debe a múltiples razones, dentro de las cuales podemos mencionar mala administración, malos proyectos de inversiones, malas tasas de retorno, corrupción, etc.
Todos esos factores mencionados indudablemente que han incidido al igual que el desastre económico que ha producido este gobierno en la situación actual de la CSS, pero estimo que todo esto lo que ha ocasionado es un aforo algo más temprano de una realidad insostenible.
En el Seguro Social vemos con mucha frecuencia una enorme cantidad de pacientes ancianos y ancianas pertenecientes a grupos sociales que gozaban de jubilaciones especiales que cotizaron sobre la base de los sueldos de años, 40, 50 y 60, recibieron los diferentes aumentos de pensión que se han dado y han doblado la edad en la cual se jubilaron.
Para los que no gozaban de jubilaciones especiales al igual que para todos los panameños, el promedio de vida se ha mejorado de los años 50 a esta parte en casi 30%. Los beneficios que significan erogación para el programa, aunque disminuidos, entran en vigencia al día siguiente de estar asegurado el trabajador. Toda estas razones producen el daño estructural de la CSS: Los ingresos no cubren los egresos. El problema actual llegó a lo que podría llamarse el punto de no retorno si no se toman las medidas adecuadas.
También es cierto que las medidas que hay que tomar para darle solución estable y sostenible al problema son duras desde el punto de vista político y ninguno de los actores políticos de gobierno y oposición y mucho menos los que aspiran a ser candidatos ya sea a puestos de elección nacional, circuital, sindical o gremial de asegurados van a poner en riesgo su futuro político adoptando o avalando las medidas que se deben tomar.
Definitivamente que la privatización de los fondos del Seguro Social es impensable e improbable por poco viable. Pero tampoco es viable dejar sin cobertura, por un colapso del sistema, a los más de 800,000 panameños que están en el sistema. Pero la responsabilidad también pasa por no permitir que más panameños entren en un sistema que ya está fracasado. La propuesta del Ejecutivo, por eso, es irresponsable.
El Seguro Social debe ser reformado integralmente, para ello debe iniciarse la separación total de los programas de Salud del de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pues este último, a su vez, requiere de dos reestructuraciones.
La primera es para asegurarle a las generaciones activas actualmente que van a recibir una pensión. Esta reestructuración conlleva un sacrificio de nosotros los asegurados en cuanto a la edad para los que tenemos labores que no son causa de un gran deterioro físico y para todos un sacrificio en cuanto a las cuotas que pagamos. Este sacrificio debe ir acompañado de una justicia en el retorno de las pensiones que reciben los que cotizan por encima del valor de las pensiones actuales.
Esta primera reestructuración debe manifestarse y dirigirse hacia los grupos sociales que menos reciben actualmente. Este es el gran costo de este sacrificio y donde interviene el Estado. La segunda reestructuración es la creación de un sistema para las nuevas generaciones, basado en una relación obrero-patronal más eficiente, productiva y mejor remunerada. Esto debe ser acompañado de una mejor educación, de una mejor distribución de las riquezas rechazo y combate frontal a la corrupción, un sistema de justicia eficiente, justo y equitativo y medidas económicas que estimulen la inversión, la competitividad y la creación de muchos, nuevos y mejores empleos.
La deportación o expulsión de un extranjero tiene sin duda, consecuencias legales, ya que afecta la condición jurídica de dicho extranjero, por la cual debe ejecutarse en forma lícita y en base a los motivos señalados por la Ley. Para asegurar que se cumpla con este procedimiento, se hace necesario que el Estado del cual es nacional el extranjero lo acepte en su territorio, ya que dicho acto conlleva la obligación implícita de que a ese extranjero, no se le apliquen sanciones pendientes por motivos políticos, ya que de no ser así se deformaría la figura jurídica de la deportación.
