¿Hasta cuándo la contaminación fuera de agenda?
"PARA Herasto Reyes, in memoriam". Tenga cuidado. Antes, las explosiones vinieron de arriba, caían del aire. Hoy, pueden explotar desde abajo.
Ayer: El sismógrafo de la Universidad de Panamá no miente, registró 442 explosiones significativas en las primeras 12 horas de la invasión del 20 de diciembre de 1989, es decir, una explosión cada dos minutos. Esa noche, la mayoría de las explosiones en la capital provinieron de El Chorrillo. Casi todas las casas eran de zinc y de maderas viejas. Se calculan en 4 mil el número de unidades de viviendas que fueron destruidas o afectadas. El área directamente bombardeada fue el Cuartel Central y sus aledaños, el fuego consumió el resto del barrio. Las tuberías de agua fueron inutilizadas y los atacantes no permitieron entrar a los bomberos a cumplir con su labor. Cientos o miles de personas en su mayoría civiles, perdieron la vida.
Hoy: Ciento diez mil municiones explosivas vivas permanecen en miles de hectáreas mortíferas. El Washington Post asegura que se han removido sólo 8, 500 municiones por lo que la mayor está presente en esas áreas. Las tropas que "limpiaron" esos terrenos contaminados por las prácticas militares de varias décadas lo hicieron superficialmente cerca de los senderos y sin equipo apropiado de detección. La "limpieza" no se inició, sino hasta 1998 -o sea, el año antes de la transferencia del Canal a Panamá- por lo que se hizo con retardo.
Los militares norteamericanos obraron con negligencia al limpiar tardía y superficialmente, el territorio nacional contaminado por ellos.
La excusa es que esa limpieza no era practicable y que lo que hay que hacer es segregar esas áreas para siempre, ignorando el peligro que supone para la población y la pérdida para el país de terreno valioso para el desarrollo nacional.
En campos esos campos de tiro y áreas de bombardeos se practicaron maniobras militares por casi 90 años en especial áreas como Emperador, Balboa Oeste, Piña y Fuerte Sherman. Como resultado de estas acciones , Estados Unidos (EU) entregaron a Panamá 3, 175 hectáreas contaminadas con explosivos y municiones no detonadas, pues se calcula que el 10% de las municiones no explotan por diversas razones. Estas áreas están situadas en la región metropolitana donde reside la mitad de la población nacional y se desarrollan el 75% de actividades económicas. 56 mil personas en 65 comunidades se encuentran en riesgo directo de ser víctimas de la explosión de esos artefactos. 28 personas ya han fallecido y decenas han sido lesionadas producto de estallidos según registros recientes. Estas poblaciones son campesinas, con baja escolaridad y en situación precaria por lo que ven las áreas contaminadas vedadas como polo de atracción para la caza, obtención de alimentos, búsqueda de metales reciclables, lo que incrementa el peligro de ser víctimas de explosiones.
Tal es el caso de Sabino Rivera Santamaría, que ingresó al polígono de Piña en la Costa Abajo de Colón, en junio del año pasado, buscaba guineos y se encontró con la muerte. En su casa de Escobal le esperaba la necesidad expresada a través de sus nueve hijos, y él movido por el desempleo y la pobreza desconoció los letreros que advertían del peligro. Pisó el letal explosivo de un mortero de 60 mm y su vida se interrumpió a apenas 42 años de edad al desmembrarlo el artefacto sembrado por la otrora presencia militar norteamericana en Panamá. La noticia explica que según el hermano de Sabino "éste no tenía trabajo por lo que acostumbraba a buscar alimentos en el monte". Claro que Rivera no obedeció las advertencias sobre el peligro que se cernía para su vida, pero la principal responsabilidad es de él.
La situación incumplió el artículo IV del Acuerdo para la Ejecución del Tratado del Canal de Panamá: "A la terminación de cualquier actividad u operación conforme a este acuerdo, Estados Unidos estará obligado a adoptar todas las medidas hasta donde sea viable, para que toda amenaza a la vida, salud y seguridad humana sea removida de cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo en la fecha en que cese la autorización para su uso por parte de la fuerza de Estados Unidos".
Las áreas contaminadas son un lastre, y van a pesar en las relaciones panameñas norteamericanas hoy y en el futuro, pues cada muerto o herido o bienes afectados por esas miles de municiones y la presencia de residuos químicos en la Isla San José y quizás en otros sitios, serán referidas a la responsabilidad de un gobierno que no quiso limpiar lo que contaminó. Al mismo tiempo también será responsable el gobierno panameño si no gestionar adecuadamente la solución del problema o actúa negligentemente en trono a ello.
La descontaminación de los polígonos es un tema de Estado y por la tanto, debe estar en al agenda de las relaciones bilaterales; pero inexplicablemente, y nuevamente, en esta visita de Bush, el tema brilla por su ausencia.
(raulleisr@hotmail.com)
Ayer: El sismógrafo de la Universidad de Panamá no miente, registró 442 explosiones significativas en las primeras 12 horas de la invasión del 20 de diciembre de 1989, es decir, una explosión cada dos minutos. Esa noche, la mayoría de las explosiones en la capital provinieron de El Chorrillo. Casi todas las casas eran de zinc y de maderas viejas. Se calculan en 4 mil el número de unidades de viviendas que fueron destruidas o afectadas. El área directamente bombardeada fue el Cuartel Central y sus aledaños, el fuego consumió el resto del barrio. Las tuberías de agua fueron inutilizadas y los atacantes no permitieron entrar a los bomberos a cumplir con su labor. Cientos o miles de personas en su mayoría civiles, perdieron la vida.
Hoy: Ciento diez mil municiones explosivas vivas permanecen en miles de hectáreas mortíferas. El Washington Post asegura que se han removido sólo 8, 500 municiones por lo que la mayor está presente en esas áreas. Las tropas que "limpiaron" esos terrenos contaminados por las prácticas militares de varias décadas lo hicieron superficialmente cerca de los senderos y sin equipo apropiado de detección. La "limpieza" no se inició, sino hasta 1998 -o sea, el año antes de la transferencia del Canal a Panamá- por lo que se hizo con retardo.
Los militares norteamericanos obraron con negligencia al limpiar tardía y superficialmente, el territorio nacional contaminado por ellos.
La excusa es que esa limpieza no era practicable y que lo que hay que hacer es segregar esas áreas para siempre, ignorando el peligro que supone para la población y la pérdida para el país de terreno valioso para el desarrollo nacional.
En campos esos campos de tiro y áreas de bombardeos se practicaron maniobras militares por casi 90 años en especial áreas como Emperador, Balboa Oeste, Piña y Fuerte Sherman. Como resultado de estas acciones , Estados Unidos (EU) entregaron a Panamá 3, 175 hectáreas contaminadas con explosivos y municiones no detonadas, pues se calcula que el 10% de las municiones no explotan por diversas razones. Estas áreas están situadas en la región metropolitana donde reside la mitad de la población nacional y se desarrollan el 75% de actividades económicas. 56 mil personas en 65 comunidades se encuentran en riesgo directo de ser víctimas de la explosión de esos artefactos. 28 personas ya han fallecido y decenas han sido lesionadas producto de estallidos según registros recientes. Estas poblaciones son campesinas, con baja escolaridad y en situación precaria por lo que ven las áreas contaminadas vedadas como polo de atracción para la caza, obtención de alimentos, búsqueda de metales reciclables, lo que incrementa el peligro de ser víctimas de explosiones.
Tal es el caso de Sabino Rivera Santamaría, que ingresó al polígono de Piña en la Costa Abajo de Colón, en junio del año pasado, buscaba guineos y se encontró con la muerte. En su casa de Escobal le esperaba la necesidad expresada a través de sus nueve hijos, y él movido por el desempleo y la pobreza desconoció los letreros que advertían del peligro. Pisó el letal explosivo de un mortero de 60 mm y su vida se interrumpió a apenas 42 años de edad al desmembrarlo el artefacto sembrado por la otrora presencia militar norteamericana en Panamá. La noticia explica que según el hermano de Sabino "éste no tenía trabajo por lo que acostumbraba a buscar alimentos en el monte". Claro que Rivera no obedeció las advertencias sobre el peligro que se cernía para su vida, pero la principal responsabilidad es de él.
La situación incumplió el artículo IV del Acuerdo para la Ejecución del Tratado del Canal de Panamá: "A la terminación de cualquier actividad u operación conforme a este acuerdo, Estados Unidos estará obligado a adoptar todas las medidas hasta donde sea viable, para que toda amenaza a la vida, salud y seguridad humana sea removida de cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo en la fecha en que cese la autorización para su uso por parte de la fuerza de Estados Unidos".
Las áreas contaminadas son un lastre, y van a pesar en las relaciones panameñas norteamericanas hoy y en el futuro, pues cada muerto o herido o bienes afectados por esas miles de municiones y la presencia de residuos químicos en la Isla San José y quizás en otros sitios, serán referidas a la responsabilidad de un gobierno que no quiso limpiar lo que contaminó. Al mismo tiempo también será responsable el gobierno panameño si no gestionar adecuadamente la solución del problema o actúa negligentemente en trono a ello.
La descontaminación de los polígonos es un tema de Estado y por la tanto, debe estar en al agenda de las relaciones bilaterales; pero inexplicablemente, y nuevamente, en esta visita de Bush, el tema brilla por su ausencia.
(raulleisr@hotmail.com)
