Hay que cambiar la mentalidad
Derechos mínimos de los servidores del sector estatal no están siendo respetados a pesar de la Ley de Carrera Administrativa. Esto puede redundar en responsabilidades económicas que si se van acumulando, alcanzarán muy alta cuantía.
Y es que en los procesos en marcha, no sólo intervienen tribunales y el régimen de derecho interno, sino también tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ya hubo un precedente cuando por la Ley 25 de 1990 se condenó al Estado a pagar una suma entre 50 y 200 millones de dólares
Sucede que la Ley de Carrera Administrativa se ha aplicado muy parcialmente y ello obedece a razones político - partidistas, porque al gobierno le interesa colocar en los cargos públicos a los de su colectivo o amigos de campaña.
Para mejorar las instituciones debe empezarse entonces por mejorar la cultura del país, tan simple como eso. A fin de cuentas ¿quiénes son los que ocupan los cargos públicos?... los miembros de la sociedad.
Si seguimos pensando que los cargos públicos son parte del botín político y que no conviene darle estabilidad al recurso humano del sector estatal o instituir un proceso de selección objetivo a través de concursos, no se crearán los mecanismos necesarios, ni se ejecutará la ley con la finalidad ni en la forma con la que fue prevista en la Constitución Nacional, ni en la misma ley.
Y es que en los procesos en marcha, no sólo intervienen tribunales y el régimen de derecho interno, sino también tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ya hubo un precedente cuando por la Ley 25 de 1990 se condenó al Estado a pagar una suma entre 50 y 200 millones de dólares
Sucede que la Ley de Carrera Administrativa se ha aplicado muy parcialmente y ello obedece a razones político - partidistas, porque al gobierno le interesa colocar en los cargos públicos a los de su colectivo o amigos de campaña.
Para mejorar las instituciones debe empezarse entonces por mejorar la cultura del país, tan simple como eso. A fin de cuentas ¿quiénes son los que ocupan los cargos públicos?... los miembros de la sociedad.
Si seguimos pensando que los cargos públicos son parte del botín político y que no conviene darle estabilidad al recurso humano del sector estatal o instituir un proceso de selección objetivo a través de concursos, no se crearán los mecanismos necesarios, ni se ejecutará la ley con la finalidad ni en la forma con la que fue prevista en la Constitución Nacional, ni en la misma ley.
