Hay que revisar la privatización del INTEL
Hace algunos meses escribimos un artículo bajo el título "Cable & Wireless o explotación al Pueblo" fundamentado en centenares de quejas que las clases más necesitadas de este país nos han expresado con el propósito de que alertemos a la ciudadanía frente a las injusticias cometidas por esta transnacional.
En el mencionado comentario manifestábamos: "Nos duele que panameños se presenten para divulgar, a lo largo y a lo ancho de la nación, las bondades de una empresa que se ha ganado la repulsa del pueblo panameño. Ello es ser cómplice del atropello a usuarios que están pendientes y en espera de que la nueva administración de gobierno que se inicia el 1 de septiembre de 1999, resuelva esta situación creada por el régimen perredista".
Nuestra verdad de que Cable & Wireles es una explotación inmisericorde a las clases más humildes del país, ha quedado confirmada al escuchar en el programa "El Pueblo Opina" de Radio Reloj Continente del domingo cinco de septiembre las protestas de centenares de ciudadanos que se sienten afectados por un servicio deficiente y por tarifas que están causando estragos en la estrecha economía de los hogares panameños.
Aducen los quejosos que la privatización del INTEL ha sido una de las grandes injusticias cometidas por el gobierno perredista y como tal, necesita ser motivo de modificaciones por parte de la nueva administración para que no se siga explotando a un pueblo que ya no puede más.
Denuncian además las elevadas tarifas, el cobro de llamadas que no se han hecho, el cobro por llamar al 102 para solicitar información, las llamadas locales, el alza de tarifas por instalaciones, etc.
Muchos manifestaron estar de acuerdo en luchar hasta las últimas consecuencias para solucionar esta grave situación, ya que las instituciones como el Ente Regulador no representan garantía para los afectados.
Se comenzó mal con esta privatización del INTEL que, a nuestro juicio, no debió darse tan de prisa y sin consenso, porque era una agencia del Estado que representaba una buena entrada económica para el país y el costo de los teléfonos como su instalación estaban a tono de las condiciones económicas de la mayoría de los panameños.
Ahora corresponde al nuevo gobierno en su empeño de establecer medidas en beneficio de las clases populares, revisar, a profundidad, aquellos acuerdos que Cable & Wireless mantiene vigentes en perjuicio de un pueblo que tiene derecho a que se le proteja frente a la injusticia y el atropello.
En el mencionado comentario manifestábamos: "Nos duele que panameños se presenten para divulgar, a lo largo y a lo ancho de la nación, las bondades de una empresa que se ha ganado la repulsa del pueblo panameño. Ello es ser cómplice del atropello a usuarios que están pendientes y en espera de que la nueva administración de gobierno que se inicia el 1 de septiembre de 1999, resuelva esta situación creada por el régimen perredista".
Nuestra verdad de que Cable & Wireles es una explotación inmisericorde a las clases más humildes del país, ha quedado confirmada al escuchar en el programa "El Pueblo Opina" de Radio Reloj Continente del domingo cinco de septiembre las protestas de centenares de ciudadanos que se sienten afectados por un servicio deficiente y por tarifas que están causando estragos en la estrecha economía de los hogares panameños.
Aducen los quejosos que la privatización del INTEL ha sido una de las grandes injusticias cometidas por el gobierno perredista y como tal, necesita ser motivo de modificaciones por parte de la nueva administración para que no se siga explotando a un pueblo que ya no puede más.
Denuncian además las elevadas tarifas, el cobro de llamadas que no se han hecho, el cobro por llamar al 102 para solicitar información, las llamadas locales, el alza de tarifas por instalaciones, etc.
Muchos manifestaron estar de acuerdo en luchar hasta las últimas consecuencias para solucionar esta grave situación, ya que las instituciones como el Ente Regulador no representan garantía para los afectados.
Se comenzó mal con esta privatización del INTEL que, a nuestro juicio, no debió darse tan de prisa y sin consenso, porque era una agencia del Estado que representaba una buena entrada económica para el país y el costo de los teléfonos como su instalación estaban a tono de las condiciones económicas de la mayoría de los panameños.
Ahora corresponde al nuevo gobierno en su empeño de establecer medidas en beneficio de las clases populares, revisar, a profundidad, aquellos acuerdos que Cable & Wireless mantiene vigentes en perjuicio de un pueblo que tiene derecho a que se le proteja frente a la injusticia y el atropello.
