Héctor vive ; Omar muere...
Poco a poco, la socarrona frase "Omar vive" está llegando a su fin, después de que se han encontrado restos de cadáveres en los predios del antiguo cuartel de Tocumen. Los restos encontrados, sean o no sean del sacerdote Héctor Gallego, han generado una expectativa de aclarar su desaparición y han vuelto a hacer que la opinión pública no olvide ese y otros episodios negros de la historia política.
El régimen policíaco que jefaturaron Torrijos, Flores, Paredes y Noriega está pendiente de un enjuiciamiento histórico-político, y no solo del régimen como ente histórico-político, sino el enjuiciamiento de cada uno de sus actores con mando usurpado, porque esos protagonistas que se asociaron ilícitamente para delinquir, no deben bajar a sus tumbas como si hubieran sido ciudadanos comunes y corrientes, que nada malo hicieron contra esta nación.
Todos los golpistas, todos los que usurparon funciones como autoridades durante los veintiún años, dos meses y nueve días que duró el criminal régimen policíaco deben ser llevados a la vindicta pública, para deslindar responsabilidades penales, porque todos son responsables de un sinfín de delitos, claramente tipificados en nuestra Constitución y Códigos vigentes al 11 de octubre de 1968.
Los casos más sonados, como los homicidios y desapariciones, tal vez no debieron ser los primeros en procesarse. Quedan las experiencias de los juicios de Spadafora, Gallego, Giroldi y compañía, donde las condenas fueron a unos cuantos de los responsables, dándose hasta exoneraciones de algunos implicados. Se debió procesar primero a los que, por estar usurpando funciones de autoridades, permitieron estos crímenes y luego deslindar responsabilidades sobre los crímenes más sonados, de los que también fueron responsables todos por acción u omisión ; así hubiéramos ido quebrando, pedazo a pedazo esa mafia de milicos civiles, que usurparon funciones por más de veintiún años.
Debemos vernos en el espejo del caso Pinochet, donde ya los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no tienen jurisdicción territorial. Allí está ahora el fiscal Garzón llamando a los argentinos que hicieron atrocidades durante la última dictadura.
Cuando se restableció la democracia política en Panamá, se debió levantar procesos contra todos los que directa o indirectamente atentaron contra la democracia con el cuartelazo de 1968, contra los que luego apoyaron como supuestas autoridades. No puede ser posible que estos violaron Constitución y Códigos, vivan hoy entre los ciudadanos decentes, paseando su impunidad. Unos, por suerte los menos, osan estar dictando opiniones de moral y estrategia política. Estos y todos los usurpadores, también le enrostran a un pueblo pobre, sus riquezas mal habidas, porque -hasta los menos pintados- ya no son ni siquiera de medianos recursos, sino que son elementos que manejan sus finanzas como adinerados.
Hay que destacar que tiempo atrás la presidenta Mireya Moscoso honró a los militares que en 1968 se opusieron al golpe cuartelario y pagaron con persecución su respeto a la Constitución de 1946.
Cierto que no sería justo que la emprendiéramos solo contra Omar Torrijos, aunque es el principal que debe ser juzgado por todos los delitos que se cometieron ; también hay que procesar a los de los Estados Mayores, a los Jefes de Zona, a los presidentes de a dedo (de los que acaba morirse uno y que cuando se mueren los otros de a dedo, no puede haber más día de duelo nacional) y también contra los civiles que, como amanuenses, se prestaron para darle vida al engendro abominable que fue la dictadura, ocupando todo tipo de puestos en los tres Organos del Estado. No olvidemos los más de cien muertos de la dictadura Torrijos-Paredes-Norieguista y de todos sus atropellos.
Se dan el "tupé", muchos de estos deudores de la sociedad, de gozar de jubilaciones como si hubieran sido trabajadores honestos, cuando sus acciones pueden ser tipificadas perfectamente como usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, homicidios, torturas, secuestros, traición a la Patria, delitos por peculados, malversación de fondos públicos, apología de hechos punibles, entre muchos delitos imputables a ellos directa o indirectamente. Desde el momento en que cometieron alguno de estos delitos, dejaban de ser trabajadores del Estado, por lo cual no podían cotizar legalmente al Seguro Social, no haciéndose acreedores a tener jubilaciones.
La hora ha llegado de poner a cada quien en su lugar, porque Héctor vive y Omar, y su garulilla de cómplices tienen que morir políticamente y ser procesados por todos sus delitos.
El régimen policíaco que jefaturaron Torrijos, Flores, Paredes y Noriega está pendiente de un enjuiciamiento histórico-político, y no solo del régimen como ente histórico-político, sino el enjuiciamiento de cada uno de sus actores con mando usurpado, porque esos protagonistas que se asociaron ilícitamente para delinquir, no deben bajar a sus tumbas como si hubieran sido ciudadanos comunes y corrientes, que nada malo hicieron contra esta nación.
Todos los golpistas, todos los que usurparon funciones como autoridades durante los veintiún años, dos meses y nueve días que duró el criminal régimen policíaco deben ser llevados a la vindicta pública, para deslindar responsabilidades penales, porque todos son responsables de un sinfín de delitos, claramente tipificados en nuestra Constitución y Códigos vigentes al 11 de octubre de 1968.
Los casos más sonados, como los homicidios y desapariciones, tal vez no debieron ser los primeros en procesarse. Quedan las experiencias de los juicios de Spadafora, Gallego, Giroldi y compañía, donde las condenas fueron a unos cuantos de los responsables, dándose hasta exoneraciones de algunos implicados. Se debió procesar primero a los que, por estar usurpando funciones de autoridades, permitieron estos crímenes y luego deslindar responsabilidades sobre los crímenes más sonados, de los que también fueron responsables todos por acción u omisión ; así hubiéramos ido quebrando, pedazo a pedazo esa mafia de milicos civiles, que usurparon funciones por más de veintiún años.
Debemos vernos en el espejo del caso Pinochet, donde ya los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no tienen jurisdicción territorial. Allí está ahora el fiscal Garzón llamando a los argentinos que hicieron atrocidades durante la última dictadura.
Cuando se restableció la democracia política en Panamá, se debió levantar procesos contra todos los que directa o indirectamente atentaron contra la democracia con el cuartelazo de 1968, contra los que luego apoyaron como supuestas autoridades. No puede ser posible que estos violaron Constitución y Códigos, vivan hoy entre los ciudadanos decentes, paseando su impunidad. Unos, por suerte los menos, osan estar dictando opiniones de moral y estrategia política. Estos y todos los usurpadores, también le enrostran a un pueblo pobre, sus riquezas mal habidas, porque -hasta los menos pintados- ya no son ni siquiera de medianos recursos, sino que son elementos que manejan sus finanzas como adinerados.
Hay que destacar que tiempo atrás la presidenta Mireya Moscoso honró a los militares que en 1968 se opusieron al golpe cuartelario y pagaron con persecución su respeto a la Constitución de 1946.
Cierto que no sería justo que la emprendiéramos solo contra Omar Torrijos, aunque es el principal que debe ser juzgado por todos los delitos que se cometieron ; también hay que procesar a los de los Estados Mayores, a los Jefes de Zona, a los presidentes de a dedo (de los que acaba morirse uno y que cuando se mueren los otros de a dedo, no puede haber más día de duelo nacional) y también contra los civiles que, como amanuenses, se prestaron para darle vida al engendro abominable que fue la dictadura, ocupando todo tipo de puestos en los tres Organos del Estado. No olvidemos los más de cien muertos de la dictadura Torrijos-Paredes-Norieguista y de todos sus atropellos.
Se dan el "tupé", muchos de estos deudores de la sociedad, de gozar de jubilaciones como si hubieran sido trabajadores honestos, cuando sus acciones pueden ser tipificadas perfectamente como usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos, homicidios, torturas, secuestros, traición a la Patria, delitos por peculados, malversación de fondos públicos, apología de hechos punibles, entre muchos delitos imputables a ellos directa o indirectamente. Desde el momento en que cometieron alguno de estos delitos, dejaban de ser trabajadores del Estado, por lo cual no podían cotizar legalmente al Seguro Social, no haciéndose acreedores a tener jubilaciones.
La hora ha llegado de poner a cada quien en su lugar, porque Héctor vive y Omar, y su garulilla de cómplices tienen que morir políticamente y ser procesados por todos sus delitos.
