Historia de un patriota
De ángel caído como jefe de los Batallones de la Dignidad, don Benjamín Colamarco Patiño ha transitado a prominente funcionario de este régimen "torrijista". Pero irónicamente, en materia de patriotismo, las actuaciones del comandante Colamarco -como Director General de Catastro o como Ministro de Obras Públicas- han sido francamente deplorables y humillantes para el pueblo alanjeño que desde hace dos décadas viene luchando para que en la playa La Barqueta y sus alrededores se hagan valer la Constitución y la Ley, en el sentido de que se permita el libre acceso de los ciudadanos a esta playa y también que se respeten las servidumbres y demás espacios públicos que se han establecido en la Ley de Urbanismo y en otras disposiciones legales.
La playa La Barqueta tiene una extensión aproximada de 23,5 kilómetros y es una de las más grandes de todo el continente. Sin embargo, violando la disposición del MIVI que establece la obligatoriedad de accesos peatonales en una distancia máxima de cinco kilómetros, esta playa sólo tiene un acceso, las construcciones "privadas" se han levantado y se siguen levantando total o parcialmente sobre la franja de 22 metros que es propiedad del estado, de uso público y de libre acceso. El área destinada al uso público mide escasamente media hectárea; si alguien intenta bañarse o caminar fuera de esta circunscripción caprichosa -sea quien sea- inmediatamente es interceptado por miembros de una guardia privada, vestida de azul, que advierte que ese espacio -la playa y su zona adyacente de 22 metros- es una propiedad privada.
Cuando el ex comandante de los Batallones de la Dignidad era jefe Catastro, contestó las quejas de los alanjeños diciendo que todo allí estaba legal, status cuya plena falsedad ha quedado demostrada por peritos idóneos de la UTP que a solicitud de la Fiscalía Primera Anticorrupción midieron el área de playa y concluyeron que todas las edificaciones que allí se han levantado y se siguen levantado -con planos fraudulentos aprobados por Catastro, MIVI, y otras instituciones públicas- incluyen dentro de sus predios la franja de 12 metros destinada por las leyes del MIVI a la construcción de una carretera costanera.
Las tierras de La Barqueta son patrimoniales, porque en 1956 el Código Fiscal estableció que las playas y su zona adyacente de 200 metros eran bienes de uso público. En esa fecha, por disposición legal, despareció la propiedad privada dentro de la mencionada zona de 200 metros. Pero para el entonces jefe de Catastro, estas construcciones sin concesión, arrendamiento ni nada e, incluso, la venta de lotes en el banco de arena de esta playa a extranjeros, son actos legales.
El comandante Colamarco yacía olvidado en mi memoria. Pero ahora, como jefe del MOP, otra vez los alanjeños somos víctimas de su "patriotismo" destinado a favorecer, una vez más, las arbitrariedades de los usurpadores -disfrazados de inversionistas- de la playa La Barqueta.
Según planos de las vías públicas publicados por la Contraloría de la República y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG), documentos de titulación de tierras de los albores de la república que reposan en los Archivos Nacionales y de los testimonios de los ancianos, el corregimiento de Palo Grande está comunicado con esta playa y algunas fincas situadas en sus alrededores a través de un camino real que siempre funcionó como una servidumbre pública activa hasta hace un año que dicha vía fue cerrada arbitrariamente por las mismas personas que ocupan ilegalmente esta playa. Un año se demoró el Alcalde de Alanje para decidir la denuncia respetiva. Con el aval del Director Provincia del MOP (que se retractó de su primera certificación), del Director y Subdirector del IGNTG (que desecharon el informe que realizó uno de sus propios funcionarios), el Alcalde de Alanje concluyó que un camino en uso que tiene más de doscientos años de existencia -que se hizo con empleados, máquinas y materiales del MOP- es una vía privada.
Mediante una solicitud de acceso a la información, me dirigí al Director del IGNTG, pidiéndole explicaciones sobre esta aberrante actuación de una entidad sin competencia que se ha prestado para despojar al pueblo de Palo Grande de su único acceso al mar. Sin embargo, no me contestó el director del IGNTG, sino el Jefe de Asesoría Legal de MOP. ¿Por qué? Porque el IGNTG pertenece al MOP y sus decisiones y actuaciones las decide el MOP, cuyo jefe es el ex comandante batallonero Benjamín Colamarco.
Como ahora he leído que este mismo Colamarco piensa escribir su biografía bajo el sugestivo título de "Historia de un patriota", quisiera preguntarle si impedir que los ciudadanos se bañen en una playa que por disposición constitucional y legal es pública o despojar a un pueblo costanero de su único acceso al mar, que tiene más de doscientos años de existencia, que atraviesa tierras patrimoniales del Estado, es un acto patriótico o revolucionario. Al comandante Colamarco no le recrimino que haya sido batallonero. Lo que le recrimino es su patriotismo sui géneris; lo que este "patriota" ha hecho o ha permitido que sus subalternos hagan con el pueblo de Palo Grande es mil veces más humillante que los agravios que otrora nos inferían aquellos yanquis protervos que éste, fusil en mano, supuestamente combatía para defender nuestra patria y nuestra soberanía.
samudio@cwpanama.net
Rogelio Gaitán: "Yo soy carpintero y soy constructor, pero lo que deben hacer es darle charla a los muchachos que empiezan para que se cuiden.
Bosco Lasso: "Debe haber más seguridad, se han dado mucho casos de muertos y no creo que estén haciendo nada para solucionar y evitar más accidentes en las construcciones.
La playa La Barqueta tiene una extensión aproximada de 23,5 kilómetros y es una de las más grandes de todo el continente. Sin embargo, violando la disposición del MIVI que establece la obligatoriedad de accesos peatonales en una distancia máxima de cinco kilómetros, esta playa sólo tiene un acceso, las construcciones "privadas" se han levantado y se siguen levantando total o parcialmente sobre la franja de 22 metros que es propiedad del estado, de uso público y de libre acceso. El área destinada al uso público mide escasamente media hectárea; si alguien intenta bañarse o caminar fuera de esta circunscripción caprichosa -sea quien sea- inmediatamente es interceptado por miembros de una guardia privada, vestida de azul, que advierte que ese espacio -la playa y su zona adyacente de 22 metros- es una propiedad privada.
Cuando el ex comandante de los Batallones de la Dignidad era jefe Catastro, contestó las quejas de los alanjeños diciendo que todo allí estaba legal, status cuya plena falsedad ha quedado demostrada por peritos idóneos de la UTP que a solicitud de la Fiscalía Primera Anticorrupción midieron el área de playa y concluyeron que todas las edificaciones que allí se han levantado y se siguen levantado -con planos fraudulentos aprobados por Catastro, MIVI, y otras instituciones públicas- incluyen dentro de sus predios la franja de 12 metros destinada por las leyes del MIVI a la construcción de una carretera costanera.
Las tierras de La Barqueta son patrimoniales, porque en 1956 el Código Fiscal estableció que las playas y su zona adyacente de 200 metros eran bienes de uso público. En esa fecha, por disposición legal, despareció la propiedad privada dentro de la mencionada zona de 200 metros. Pero para el entonces jefe de Catastro, estas construcciones sin concesión, arrendamiento ni nada e, incluso, la venta de lotes en el banco de arena de esta playa a extranjeros, son actos legales.
El comandante Colamarco yacía olvidado en mi memoria. Pero ahora, como jefe del MOP, otra vez los alanjeños somos víctimas de su "patriotismo" destinado a favorecer, una vez más, las arbitrariedades de los usurpadores -disfrazados de inversionistas- de la playa La Barqueta.
Según planos de las vías públicas publicados por la Contraloría de la República y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG), documentos de titulación de tierras de los albores de la república que reposan en los Archivos Nacionales y de los testimonios de los ancianos, el corregimiento de Palo Grande está comunicado con esta playa y algunas fincas situadas en sus alrededores a través de un camino real que siempre funcionó como una servidumbre pública activa hasta hace un año que dicha vía fue cerrada arbitrariamente por las mismas personas que ocupan ilegalmente esta playa. Un año se demoró el Alcalde de Alanje para decidir la denuncia respetiva. Con el aval del Director Provincia del MOP (que se retractó de su primera certificación), del Director y Subdirector del IGNTG (que desecharon el informe que realizó uno de sus propios funcionarios), el Alcalde de Alanje concluyó que un camino en uso que tiene más de doscientos años de existencia -que se hizo con empleados, máquinas y materiales del MOP- es una vía privada.
Mediante una solicitud de acceso a la información, me dirigí al Director del IGNTG, pidiéndole explicaciones sobre esta aberrante actuación de una entidad sin competencia que se ha prestado para despojar al pueblo de Palo Grande de su único acceso al mar. Sin embargo, no me contestó el director del IGNTG, sino el Jefe de Asesoría Legal de MOP. ¿Por qué? Porque el IGNTG pertenece al MOP y sus decisiones y actuaciones las decide el MOP, cuyo jefe es el ex comandante batallonero Benjamín Colamarco.
Como ahora he leído que este mismo Colamarco piensa escribir su biografía bajo el sugestivo título de "Historia de un patriota", quisiera preguntarle si impedir que los ciudadanos se bañen en una playa que por disposición constitucional y legal es pública o despojar a un pueblo costanero de su único acceso al mar, que tiene más de doscientos años de existencia, que atraviesa tierras patrimoniales del Estado, es un acto patriótico o revolucionario. Al comandante Colamarco no le recrimino que haya sido batallonero. Lo que le recrimino es su patriotismo sui géneris; lo que este "patriota" ha hecho o ha permitido que sus subalternos hagan con el pueblo de Palo Grande es mil veces más humillante que los agravios que otrora nos inferían aquellos yanquis protervos que éste, fusil en mano, supuestamente combatía para defender nuestra patria y nuestra soberanía.
samudio@cwpanama.net
Rogelio Gaitán: "Yo soy carpintero y soy constructor, pero lo que deben hacer es darle charla a los muchachos que empiezan para que se cuiden.
Bosco Lasso: "Debe haber más seguridad, se han dado mucho casos de muertos y no creo que estén haciendo nada para solucionar y evitar más accidentes en las construcciones.
