Honduras, el mal ejemplo
Todo parece indicar que los golpistas hondureños se saldrán con la suya. No sólo derrocaron al Presidente, sino que, además, lo enviaron al exilio. Aún si se admitiera que el mandatario tuvo un juicio justo y fue destituido en buena ley -lo que, por supuesto, no ocurrió-, la acción de enviarlo fuera del país por la fuerza es una acción que no pudo haber sido instruida por ningún gobierno civil, pues esa sanción no existe ni puede existir en una república con una constitución democrática.
Si, como dicen los cómplices civiles de los militares, Zelaya fuese buscado por las autoridades para juzgarlo, no tendría sentido la grotesca movilización militar para impedir el aterrizaje del avión que lo traía de regreso a suelo hondureño. En los disturbios ocasionados por el fallido regreso del gobernante murieron al menos dos personas y son muchos los que han sido víctimas de abuso policial. El gobierno ilegítimo del hermano país ha decretado, además, “Estado de Sitio”, que es el nombre técnico que se utiliza cuando se suspenden las garantías constitucionales.
Independientemente, de las faltas que hubiera podido cometer Manuel Zelaya, la respuesta de los militares ha sido excesiva y envía un mensaje de terror para todos los gobiernos del área, pues invita a practicar soluciones de fuerza en medio del conflicto político. Es eso lo que es inaceptable, lo que condenamos y tenemos el deber de evitar que ocurra en nuestro país, sea cual fuere el conflicto planteado.
