Hora de la dignidad hemisférica
Mañana 16 abril se llevará a cabo, en Ginebra, la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuba ha sido condenada 12 veces en las últimas 13 reuniones anuales por violar los derechos humanos de sus ciudadanos.
Los Estados Unidos de América fueron expulsados de dicha Comisión de la ONU. Sin embargo, los gobiernos totalitarios como Libia, China, Arabia Saudita , son los mismos que votan sobre el tema que ellos aborrecen, "los Derechos Humanos en Cuba". ¡Qué ironía!
Ahora, se presenta un nuevo reto para los países democráticos cuyos valores se sustentan en el respeto a la dignidad humana, a los derechos individuales y humanos de sus ciudadanos. El reto está en lograr una sanción que fuerce al régimen dictatorial y tiránico a contribuir a respetar los derechos humanos de los cubanos. El régimen dictatorial de Castro no ha aceptado jamás que una Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, envíe a un relator a Cuba para verificar la situación real de cómo la tiranía se impone sobre sus ciudadanos.
El régimen de Castro no permite a sus ciudadanos obtener computadoras personales, prohibición cuyo objetivo es evitar que los cubanos se puedan comunicar con el mundo exterior. Tampoco, el régimen permite a sus ciudadanos escuchar radio. Ese régimen dictatorial, en cambio, acusa a Estados Unidos de conspirar en Cuba, por el solo hecho de que la señora Vicky Huddleston, jefa de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, repartiera entre los cubanos 500 radios transistores portátiles para que ellos sintonizaran la estación radial de su preferencia. ¿Qué daño puede ocasionar a los cubanos que ellos escuchen la estación que más les parezca? ¿Cuál es el miedo de Castro que el cubano se informe adecuadamente y con libertad de lo que pasa en el mundo fuera de su dictadura?
La falta de libertad de pensamiento, de libertad de movilización y de garantías jurídicas, son algunas de las razones por la cual la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra debe enviar una misión para poder evidenciar, todas las medidas de opresión que impone a sus ciudadanos.
Castro y sus talibanes pro castristas se oponen a que la Comisión de Derechos Humanos cumpla su misión en ese país antidemocrático y llaman este esfuerzo importante y necesario para lograr libertades como una injerencia en los asuntos internos de Cuba. El dictador Fidel Castro ha tratado junto con sus aliados de Libia, China, Saudí Arabia y otros países antidemocráticos, de bloquear cualquier medida que pueda abrir las puertas de un espacio de libertad para el hombre cubano bajo la premisa de amplias garantías de los derechos humanos. Castro no quiere que nadie le supervise su dictadura y sus políticas arbitrarias y abusivas contra su pueblo. El cubano de hoy es un ciudadano de segunda clase en su propio país. Castro los somete a ese destino sin permitirles que gocen de ningún derecho ciudadano porque su mente enfermiza llega a la ridícula conclusión que la libertad amenaza, según él, su revolución déspota.
Todos los cubanos, quieran o no y sin excepción alguna, tienen que acatar, sin oposición, los dictámenes de su ego y las decisiones del poder popular, el órgano del Partido Comunista cubano que venera y aplaude, absolutamente, todas las decisiones del Fidel Castro.
La política exterior de Cuba, es un reflejo de la naturaleza y característica personal de Castro. Está basada en el chantaje, los insultos y los improperios contra todos los Jefes de Estado y de Gobierno que defienden la democracia y condenan su tiranía. Los ejemplos de esas actitudes y actos agresivos son claros contra México, su fiel amigo, Panamá, Argentina, Costa Rica, Chile, y el último caso el de Uruguay. Lo ocurrido con estos pueblos y gobiernos, son los ejemplos de su posición intransigente, ofensiva y gansteril en una política exterior, cuya intensidad a lo interno de la isla, él aplica a sus opositores, enviándolos a la cárcel, exiliándolos, golpeándolos con turbas organizadas y lanzándoles calificativos sectarios y ofensivos a la dignidad humana. La diferencia está en que los cubanos son víctimas indefensas de su victimario, el verdugo Castro.
Se espera que los países que tengan dignidad, votarán por las sanciones y apoyarán la propuesta de Uruguay para enviar una subcomisión especial de supervisión a los derechos humanos dentro de Cuba, a fin de observar, in sito, y contener la agresión individual que despliega el castrismo sobre sus ciudadanos.
Todos los países del continente que hayan han sido agredidos por la tiranía de Castro, como es el caso de Panamá, deben sumarse a los países que apoyarán la resolución de condena de violación de los derechos humanos en Cuba. Castro demanda respeto al derecho individual y el derecho a su soberanía, un argumento sin sustento moral de un tirano que lo quiere es seguir maniobrando para que la comunidad mundial proteja a un Estado ilegitimo que, sistemáticamente, viola los derechos humanos de sus ciudadanos.
Las cláusulas del Acuerdo contienen estipulaciones que imponen cargas onerosas. La parte panameña será responsable de proporcionar los arreglos logísticos necesarios para recibir al Equipo de Asistencia Técnica lo que incluye, entre otros, personal, equipo y materiales de referencias, así como hospedaje, viáticos y el transporte local. Asistirá también al personal del Equipo de Asistencia Técnica en los trámites de inmigración y aduana, para la entrada y salida de Panamá de los miembros y sus equipos (Art. V).
De modo inflexible se determina que el pago por todas las actividades de conformidad con el Acuerdo Alemán Zubieta - Becker, asociadas a un incidente en el área del Canal, será responsabilidad de la Autoridad del Canal sobre la base de pagos por adelantado (Art. VI).
Se contemplan ejercicios anuales que serán desarrollados conjuntamente por las Agencias pertinentes del Gobierno de Estados Unidos de América, entre las cuales, además del Departamento de Estado y del Servicio de Guardacostas, está el Departamento de Defensa, esto es, el Pentágono que tiene la dirección de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por lo cual se puede prever un ejercicio organizado a manera de maniobras conjuntas.
Es motivo de preocupación, por otra parte, que este ejercicio anual se anticipe que "se llevará a cabo en el área del Canal o en cualquier otro lugar que se estime conveniente y necesario" (Artículo XII). Claro está que cualquier otro lugar que no sea el área del Canal resulta ser cualquier otro lugar del uno al otro extremo del país.
Sobre privilegios e inmunidades el referido Acuerdo es sumamente amplio ya que estipula que "a los empleados del Gobierno de los Estados Unidos de América que se encuentren en el territorio de la República de Panamá llevando a cabo actividades relacionadas con el presente Acuerdo, le serán otorgados privilegios e inmunidades por el Gobierno de la República de Panamá". (Artículo VIII).
En cuanto a la Resolución de Controversias este Acuerdo incluye una Resolución en cierto modo similar a la que se incluyó en el CMA. En el Convenio Alemán Zubieta - Becker "cualesquiera desacuerdos o disputas en cuanto a la interpretación o implementación del presente Acuerdo se resolverán exclusivamente mediante la consulta entre las Partes y no serán referidas a terceros ni a ningún tribunal nacional ni internacional para su resolución". (Artículo IX).
No sólo carece de personería el señor Administrador Alemán Zubieta para concertar un Acuerdo de esta naturaleza, sino que también carece de autoridad y competencia para otorgar privilegios e inmunidades y para renunciar a ir a tribunales internacionales. Pero, además, si el Acuerdo como se deduce de las declaraciones aparecidas en la prensa local se caracteriza como un Acuerdo de protección al Canal, estaría enmarcado entonces en el Artículo 319 de la Constitución que determina que los convenios internacionales sobre la protección del Canal de Esclusas deberán ser aprobados por el Órgano Legislativo y por un referéndum nacional.
Ante el Convenio Salas - Becker del 5 de febrero del 2002 y el Convenio Alemán Zubieta - Becker del 1 de abril del 2002, me formulo preguntas que me he planteado sin que las respuestas sean satisfactorias. Me pregunto, por ejemplo, si hay algo peor para las relaciones exteriores de un país que la debilidad, que la actitud complaciente que trasuntan ciertos actos de nuestros funcionarios y que comprometen la independencia, el decoro y la soberanía de Panamá.
Durante el Siglo XX Panamá debió enfrentarse a las inconsecuencias opresivas de una potencia foránea. Ahora desde los inicios del Siglo XXI después de las reivindicaciones cristalizadas el 31 de diciembre de 1999, pareciera que los nuevos retos que confronta la Nación se derivan de las ligerezas, de los despropósitos y de los excesos de los propios panameños.
“El mismo radica en que no hay un nivel serio de escala de salarios en el gobierno y por un lado se establecen los llamados gastos de representación que al final son mayores que el mismo salario, lo cual es contradictorio”, subrayó Santana.
Consideró que al no existir niveles de salarios, los hay demasiado exagerados como es el caso de los funcionarios del Ente Regulador de los Servicios Públicos, de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, y la Defensoría del Pueblo.
“En esas entidades tenemos salarios demasiado altos para funcionarios de segunda y tercera categoría, los cuales algunos están ganando desde cuatro mil hasta siete mil balboas mensuales, lo que no es correcto”, acotó Santana.
A su juicio, hay que analizar el hecho de que el nepotismo debe ser limitado en cuanto a la incursión de la parentela dentro del ejercicio del poder político como una forma de aprovecharse del mismo, y por otro lado, también es necesario que se regule ese concepto administrativa o penalmente.
“También hay que establecer un nivel de escala salarial o una tabla de salarios que sea cónsona con la realidad de un país subdesarrollado como Panamá, donde no podemos tener salarios excesivos que al final de cuentas no son compatibles con el servicio que se presta”, dijo Santana.
Por su parte, el sacerdote Patricio Hanssen, director de Pastoral Social Arquidiocesana, fue enfático al declarar que los asuntos de Estado no son potestad de un grupo político, que busca satisfacer intereses personales, familiares o de amiguismo.
Lo que ahora ocurre es que los que llegan al poder, lo consideran un botín para su gente. Ese es, a todas luces, un concepto erróneo de los políticos, y el instrumento para combatirlo es la Ley de Carrera Administrativa. Con ella las políticas de Estado son más efectivas porque los nombramientos se hacen en función de capacidad y no de personas.
“Los funcionarios no están para servir a partidos políticos, sino para servir al pueblo”, sentenció. El nepotismo tergiversa el sentido de la administración pública.
“Me duele que la presidenta (Mireya Moscoso) arguya el argumento de que otros gobiernos lo hicieron”, señaló el sacerdote, a lo que añadió que “si quiere ser estadista, debe atreverse a hacer cambios”.
Para el cura, el nepotismo no es sólo una falta ética, tomando en cuenta que lo ético debe cristalizar en lo legal. “Lo público no se puede dejar sólo a la conciencia. Requiere leyes y debe haber sanciones”, recalcó.
Respecto al argumento de que si no es exagerado el número de parientes de altos funcionarios nombrados en el gobierno, no es escandaloso el nepotismo, Hanssen manifestó que si se parte de esa premisa, la gestión pública jamás saldrá de la maraña en que se encuentra.
“El problema es que el que legisla es quien tiene el poder y ningún gobierno ni Asamblea quiere legislar en su contra”, agregó.
Calificó de mezquinos a los políticos, quienes actúan con una visión a corto plazo, a diferencia de los estadistas, que lo hacen a largo plazo.
“Sólo la presión ciudadana puede cambiar eso”, dijo, pero recalcó que en el seno de la feligresía debe existir el sentido de responsabilidad cristiana de organizarse.
Lamentó que actualmente se nota lo que hacen los políticos, no por sus programas, sino por quiénes reciben las prebendas. “En el clero hay una preocupación real por la situación que vive el país”, enfatizó el director de Pastoral Social Arquidiocesana.
Los Estados Unidos de América fueron expulsados de dicha Comisión de la ONU. Sin embargo, los gobiernos totalitarios como Libia, China, Arabia Saudita , son los mismos que votan sobre el tema que ellos aborrecen, "los Derechos Humanos en Cuba". ¡Qué ironía!
Ahora, se presenta un nuevo reto para los países democráticos cuyos valores se sustentan en el respeto a la dignidad humana, a los derechos individuales y humanos de sus ciudadanos. El reto está en lograr una sanción que fuerce al régimen dictatorial y tiránico a contribuir a respetar los derechos humanos de los cubanos. El régimen dictatorial de Castro no ha aceptado jamás que una Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, envíe a un relator a Cuba para verificar la situación real de cómo la tiranía se impone sobre sus ciudadanos.
El régimen de Castro no permite a sus ciudadanos obtener computadoras personales, prohibición cuyo objetivo es evitar que los cubanos se puedan comunicar con el mundo exterior. Tampoco, el régimen permite a sus ciudadanos escuchar radio. Ese régimen dictatorial, en cambio, acusa a Estados Unidos de conspirar en Cuba, por el solo hecho de que la señora Vicky Huddleston, jefa de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, repartiera entre los cubanos 500 radios transistores portátiles para que ellos sintonizaran la estación radial de su preferencia. ¿Qué daño puede ocasionar a los cubanos que ellos escuchen la estación que más les parezca? ¿Cuál es el miedo de Castro que el cubano se informe adecuadamente y con libertad de lo que pasa en el mundo fuera de su dictadura?
La falta de libertad de pensamiento, de libertad de movilización y de garantías jurídicas, son algunas de las razones por la cual la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra debe enviar una misión para poder evidenciar, todas las medidas de opresión que impone a sus ciudadanos.
Castro y sus talibanes pro castristas se oponen a que la Comisión de Derechos Humanos cumpla su misión en ese país antidemocrático y llaman este esfuerzo importante y necesario para lograr libertades como una injerencia en los asuntos internos de Cuba. El dictador Fidel Castro ha tratado junto con sus aliados de Libia, China, Saudí Arabia y otros países antidemocráticos, de bloquear cualquier medida que pueda abrir las puertas de un espacio de libertad para el hombre cubano bajo la premisa de amplias garantías de los derechos humanos. Castro no quiere que nadie le supervise su dictadura y sus políticas arbitrarias y abusivas contra su pueblo. El cubano de hoy es un ciudadano de segunda clase en su propio país. Castro los somete a ese destino sin permitirles que gocen de ningún derecho ciudadano porque su mente enfermiza llega a la ridícula conclusión que la libertad amenaza, según él, su revolución déspota.
Todos los cubanos, quieran o no y sin excepción alguna, tienen que acatar, sin oposición, los dictámenes de su ego y las decisiones del poder popular, el órgano del Partido Comunista cubano que venera y aplaude, absolutamente, todas las decisiones del Fidel Castro.
La política exterior de Cuba, es un reflejo de la naturaleza y característica personal de Castro. Está basada en el chantaje, los insultos y los improperios contra todos los Jefes de Estado y de Gobierno que defienden la democracia y condenan su tiranía. Los ejemplos de esas actitudes y actos agresivos son claros contra México, su fiel amigo, Panamá, Argentina, Costa Rica, Chile, y el último caso el de Uruguay. Lo ocurrido con estos pueblos y gobiernos, son los ejemplos de su posición intransigente, ofensiva y gansteril en una política exterior, cuya intensidad a lo interno de la isla, él aplica a sus opositores, enviándolos a la cárcel, exiliándolos, golpeándolos con turbas organizadas y lanzándoles calificativos sectarios y ofensivos a la dignidad humana. La diferencia está en que los cubanos son víctimas indefensas de su victimario, el verdugo Castro.
Se espera que los países que tengan dignidad, votarán por las sanciones y apoyarán la propuesta de Uruguay para enviar una subcomisión especial de supervisión a los derechos humanos dentro de Cuba, a fin de observar, in sito, y contener la agresión individual que despliega el castrismo sobre sus ciudadanos.
Todos los países del continente que hayan han sido agredidos por la tiranía de Castro, como es el caso de Panamá, deben sumarse a los países que apoyarán la resolución de condena de violación de los derechos humanos en Cuba. Castro demanda respeto al derecho individual y el derecho a su soberanía, un argumento sin sustento moral de un tirano que lo quiere es seguir maniobrando para que la comunidad mundial proteja a un Estado ilegitimo que, sistemáticamente, viola los derechos humanos de sus ciudadanos.
Las cláusulas del Acuerdo contienen estipulaciones que imponen cargas onerosas. La parte panameña será responsable de proporcionar los arreglos logísticos necesarios para recibir al Equipo de Asistencia Técnica lo que incluye, entre otros, personal, equipo y materiales de referencias, así como hospedaje, viáticos y el transporte local. Asistirá también al personal del Equipo de Asistencia Técnica en los trámites de inmigración y aduana, para la entrada y salida de Panamá de los miembros y sus equipos (Art. V).
De modo inflexible se determina que el pago por todas las actividades de conformidad con el Acuerdo Alemán Zubieta - Becker, asociadas a un incidente en el área del Canal, será responsabilidad de la Autoridad del Canal sobre la base de pagos por adelantado (Art. VI).
Se contemplan ejercicios anuales que serán desarrollados conjuntamente por las Agencias pertinentes del Gobierno de Estados Unidos de América, entre las cuales, además del Departamento de Estado y del Servicio de Guardacostas, está el Departamento de Defensa, esto es, el Pentágono que tiene la dirección de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por lo cual se puede prever un ejercicio organizado a manera de maniobras conjuntas.
Es motivo de preocupación, por otra parte, que este ejercicio anual se anticipe que "se llevará a cabo en el área del Canal o en cualquier otro lugar que se estime conveniente y necesario" (Artículo XII). Claro está que cualquier otro lugar que no sea el área del Canal resulta ser cualquier otro lugar del uno al otro extremo del país.
Sobre privilegios e inmunidades el referido Acuerdo es sumamente amplio ya que estipula que "a los empleados del Gobierno de los Estados Unidos de América que se encuentren en el territorio de la República de Panamá llevando a cabo actividades relacionadas con el presente Acuerdo, le serán otorgados privilegios e inmunidades por el Gobierno de la República de Panamá". (Artículo VIII).
En cuanto a la Resolución de Controversias este Acuerdo incluye una Resolución en cierto modo similar a la que se incluyó en el CMA. En el Convenio Alemán Zubieta - Becker "cualesquiera desacuerdos o disputas en cuanto a la interpretación o implementación del presente Acuerdo se resolverán exclusivamente mediante la consulta entre las Partes y no serán referidas a terceros ni a ningún tribunal nacional ni internacional para su resolución". (Artículo IX).
No sólo carece de personería el señor Administrador Alemán Zubieta para concertar un Acuerdo de esta naturaleza, sino que también carece de autoridad y competencia para otorgar privilegios e inmunidades y para renunciar a ir a tribunales internacionales. Pero, además, si el Acuerdo como se deduce de las declaraciones aparecidas en la prensa local se caracteriza como un Acuerdo de protección al Canal, estaría enmarcado entonces en el Artículo 319 de la Constitución que determina que los convenios internacionales sobre la protección del Canal de Esclusas deberán ser aprobados por el Órgano Legislativo y por un referéndum nacional.
Ante el Convenio Salas - Becker del 5 de febrero del 2002 y el Convenio Alemán Zubieta - Becker del 1 de abril del 2002, me formulo preguntas que me he planteado sin que las respuestas sean satisfactorias. Me pregunto, por ejemplo, si hay algo peor para las relaciones exteriores de un país que la debilidad, que la actitud complaciente que trasuntan ciertos actos de nuestros funcionarios y que comprometen la independencia, el decoro y la soberanía de Panamá.
Durante el Siglo XX Panamá debió enfrentarse a las inconsecuencias opresivas de una potencia foránea. Ahora desde los inicios del Siglo XXI después de las reivindicaciones cristalizadas el 31 de diciembre de 1999, pareciera que los nuevos retos que confronta la Nación se derivan de las ligerezas, de los despropósitos y de los excesos de los propios panameños.
“El mismo radica en que no hay un nivel serio de escala de salarios en el gobierno y por un lado se establecen los llamados gastos de representación que al final son mayores que el mismo salario, lo cual es contradictorio”, subrayó Santana.
Consideró que al no existir niveles de salarios, los hay demasiado exagerados como es el caso de los funcionarios del Ente Regulador de los Servicios Públicos, de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, y la Defensoría del Pueblo.
“En esas entidades tenemos salarios demasiado altos para funcionarios de segunda y tercera categoría, los cuales algunos están ganando desde cuatro mil hasta siete mil balboas mensuales, lo que no es correcto”, acotó Santana.
A su juicio, hay que analizar el hecho de que el nepotismo debe ser limitado en cuanto a la incursión de la parentela dentro del ejercicio del poder político como una forma de aprovecharse del mismo, y por otro lado, también es necesario que se regule ese concepto administrativa o penalmente.
“También hay que establecer un nivel de escala salarial o una tabla de salarios que sea cónsona con la realidad de un país subdesarrollado como Panamá, donde no podemos tener salarios excesivos que al final de cuentas no son compatibles con el servicio que se presta”, dijo Santana.
Por su parte, el sacerdote Patricio Hanssen, director de Pastoral Social Arquidiocesana, fue enfático al declarar que los asuntos de Estado no son potestad de un grupo político, que busca satisfacer intereses personales, familiares o de amiguismo.
Lo que ahora ocurre es que los que llegan al poder, lo consideran un botín para su gente. Ese es, a todas luces, un concepto erróneo de los políticos, y el instrumento para combatirlo es la Ley de Carrera Administrativa. Con ella las políticas de Estado son más efectivas porque los nombramientos se hacen en función de capacidad y no de personas.
“Los funcionarios no están para servir a partidos políticos, sino para servir al pueblo”, sentenció. El nepotismo tergiversa el sentido de la administración pública.
“Me duele que la presidenta (Mireya Moscoso) arguya el argumento de que otros gobiernos lo hicieron”, señaló el sacerdote, a lo que añadió que “si quiere ser estadista, debe atreverse a hacer cambios”.
Para el cura, el nepotismo no es sólo una falta ética, tomando en cuenta que lo ético debe cristalizar en lo legal. “Lo público no se puede dejar sólo a la conciencia. Requiere leyes y debe haber sanciones”, recalcó.
Respecto al argumento de que si no es exagerado el número de parientes de altos funcionarios nombrados en el gobierno, no es escandaloso el nepotismo, Hanssen manifestó que si se parte de esa premisa, la gestión pública jamás saldrá de la maraña en que se encuentra.
“El problema es que el que legisla es quien tiene el poder y ningún gobierno ni Asamblea quiere legislar en su contra”, agregó.
Calificó de mezquinos a los políticos, quienes actúan con una visión a corto plazo, a diferencia de los estadistas, que lo hacen a largo plazo.
“Sólo la presión ciudadana puede cambiar eso”, dijo, pero recalcó que en el seno de la feligresía debe existir el sentido de responsabilidad cristiana de organizarse.
Lamentó que actualmente se nota lo que hacen los políticos, no por sus programas, sino por quiénes reciben las prebendas. “En el clero hay una preocupación real por la situación que vive el país”, enfatizó el director de Pastoral Social Arquidiocesana.
