ICA y sus construcciones en el país
Admiró la constancia y confianza que ha demostrado ICA hacia Panamá, a pesar del maltrato recibido durante la ejecución y cobro de los contratos. Hay que reconocer que el hecho que ICA ha mantenido su presencia en Panamá, después de las experiencias anteriores, incluyendo la no adjudicación de contratos ganados en buena lid, como el caso de la Hidroeléctrica de Estí, es una demostración de confianza en Panamá. Francamente, no sé como esta empresa internacional continúa haciendo inversiones en nuestro país con el abuso, falta de seriedad e inseguridad jurídica que casi siempre existe. Específicamente, en el Centro de Convenciones logramos cobrar la última cuenta del contrato 13 años después concluida la obra, sin reconocer la devaluación de la moneda ni los intereses correspondientes a este período. Para mostrar lo dramático de esta situación, cabe señalar que durante las gestiones relativas a las reclamaciones para el cobro, la administración pública estuvo a cargo de 9 Presidentes de la República, 18 Ministros de Comercio e Industrias (quienes a la vez eran Presidentes de la Junta Directiva del IPAT), 5 Contralores Generales de la República, 12 Gerentes Generales del IPAT y 6 Directores de la Oficina Ejecutora IPAT-BID.
Como puede imaginarse, cada nueva administración, a cualquier nivel gubernamental, iniciaba la revisión de lo actuado y/o acordado por sus antecesores, sin concretar nada antes que fuera relevado. Pero aún en el caso que permanecieran suficiente tiempo en el puesto para resolver los problemas heredados de una administración anterior, generalmente prevalece el criterio que el nuevo funcionario no reconoce los acuerdos anteriores y pretende comenzar con la pizarra limpia; es decir, con un "borrón y cuenta nueva". Además, como cada nuevo funcionario quiere mostrarse más capaz que su predecesor, sin tomar en cuenta los méritos de las reclamaciones, siempre reducen el acuerdo anterior. Para nuestro caso, el resultado fue que al final de cuentas recibimos neto un 25% del primer acuerdo firmado entre ICA-Continental, la firma supervisora de la construcción del Centro Convención y la Oficina Ejecutora IPAT-BID.
Este criterio tan absurdo de no respetar las leyes o acuerdos del Estado con los particulares es una de las manifestaciones más comunes de la inseguridad jurídica propia de los países subdesarrollados, al igual que no entender que el Estado es uno sólo aunque los gobiernos cambien. Actualmente estamos presenciando situaciones semejantes en cuanto a las interpretaciones y cambios que se introdujeron o se quieren introducir en algunas entidades públicas y en los contratos de privatización de las empresas de utilidad pública.
Contrario a lo anterior, puedo mencionar dos experiencias personales que son excepciones a esta práctica, ambas en el Ministerio de Obras Públicas. La primera cuando ocupó la cartera el Ing. René Orillac en el año 1990, durante la administración del Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional del Presidente Guillermo Endara G., y ahora con el actual Ministro, Ing. Moisés Castillo D. en el gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso. En ambos casos heredaron problemas y reclamaciones de los contratistas que ejecutaron obras con los gobiernos inmediatamente anteriores. Y, en las dos ocasiones los Ministros han sometido los casos pendientes a personas o entidades imparciales para que los analicen y recomienden o resuelvan lo conducente en forma honrada y equitativa, dentro de los preceptos legales. Mis felicitaciones a estos dos funcionarios.
Ojalá el nuevo gobierno no repita los errores del pasado y haga lo justo con todos los que han invertido o prestado servicios a nuestro país, tanto los proveedores y contratistas nacionales como extranjeros. Y que esta actuación sirva como ejemplo de nuestra corrección y respeto a las leyes para que sigan llegando nuevas inversiones a Panamá, especialmente de las empresas extranjeras que aportan dinero fresco en el país, que mantienen sus activos aquí y que continúan reinvertiendo, confiando en que a largo plazo podrán recobrar su inversión y obtener una utilidad apropiada.
Como puede imaginarse, cada nueva administración, a cualquier nivel gubernamental, iniciaba la revisión de lo actuado y/o acordado por sus antecesores, sin concretar nada antes que fuera relevado. Pero aún en el caso que permanecieran suficiente tiempo en el puesto para resolver los problemas heredados de una administración anterior, generalmente prevalece el criterio que el nuevo funcionario no reconoce los acuerdos anteriores y pretende comenzar con la pizarra limpia; es decir, con un "borrón y cuenta nueva". Además, como cada nuevo funcionario quiere mostrarse más capaz que su predecesor, sin tomar en cuenta los méritos de las reclamaciones, siempre reducen el acuerdo anterior. Para nuestro caso, el resultado fue que al final de cuentas recibimos neto un 25% del primer acuerdo firmado entre ICA-Continental, la firma supervisora de la construcción del Centro Convención y la Oficina Ejecutora IPAT-BID.
Este criterio tan absurdo de no respetar las leyes o acuerdos del Estado con los particulares es una de las manifestaciones más comunes de la inseguridad jurídica propia de los países subdesarrollados, al igual que no entender que el Estado es uno sólo aunque los gobiernos cambien. Actualmente estamos presenciando situaciones semejantes en cuanto a las interpretaciones y cambios que se introdujeron o se quieren introducir en algunas entidades públicas y en los contratos de privatización de las empresas de utilidad pública.
Contrario a lo anterior, puedo mencionar dos experiencias personales que son excepciones a esta práctica, ambas en el Ministerio de Obras Públicas. La primera cuando ocupó la cartera el Ing. René Orillac en el año 1990, durante la administración del Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional del Presidente Guillermo Endara G., y ahora con el actual Ministro, Ing. Moisés Castillo D. en el gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso. En ambos casos heredaron problemas y reclamaciones de los contratistas que ejecutaron obras con los gobiernos inmediatamente anteriores. Y, en las dos ocasiones los Ministros han sometido los casos pendientes a personas o entidades imparciales para que los analicen y recomienden o resuelvan lo conducente en forma honrada y equitativa, dentro de los preceptos legales. Mis felicitaciones a estos dos funcionarios.
Ojalá el nuevo gobierno no repita los errores del pasado y haga lo justo con todos los que han invertido o prestado servicios a nuestro país, tanto los proveedores y contratistas nacionales como extranjeros. Y que esta actuación sirva como ejemplo de nuestra corrección y respeto a las leyes para que sigan llegando nuevas inversiones a Panamá, especialmente de las empresas extranjeras que aportan dinero fresco en el país, que mantienen sus activos aquí y que continúan reinvertiendo, confiando en que a largo plazo podrán recobrar su inversión y obtener una utilidad apropiada.
