Ilegal secuestro judicial

La sensata y justa decisión reciente de los magistrados integrantes de la Sala Tercera de nuestra Corte Suprema de Justicia constituye para el mundo del derecho y los panameños en general, un rayito de luz esperanzadora que disipa levemente las enormes sombras en nuestro sistema judicial. La descabellada y desproporcionada orden de secuestro dictada por el actual Juez Marítimo, de haberse mantenido en pie, hubiera constituido un aterrador y funesto ejemplo para los inversionistas, tanto locales como foráneos y una grave acentuación del desempleo.
Por respeto a la inteligencia y a la ley, no sólo era merecedor el mencionado juez de una revocatoria de su arbitraria decisión, sino de su inmediata destitución del cargo por manifiesta ignorancia o premeditada omisión del mandato de la ley. Conforme a ella, el juez debió señalar la fianza a depositar por los demandantes, en 20% sobre el monto de los quinientos millones de dólares perseguidos, o sea cien millones. El juez señaló como depósito a consignar la muy exigua y ridícula cantidad de mil dólares solamente. Y peor aún, extendió el secuestro decretado contra quienes nada tenían que ver con la causa de la demanda, cosa esa que deja mal sabor y mal olor.
Era tan desproporcionada la cuantía del secuestro, que en cuanto a los pescadores concierne, resulta extraño que con la fabulosa cantidad de quinientos millones que han dejado de ganar este año y que puede estimarse que es lo que más o menos han venido ganando en años anteriores, sigan viviendo como pobres y continúen pescando en desafío a las inclemencias del tiempo y los riesgos consiguientes que se corren con una vida en el mar. En consecuencia, pude decirse que mienten diciendo que este año han dejado de percibir lo que sería la suma de quinientos millones de dólares o se trata acaso de unos pillos que durante años anteriores han venido ganando altísimas sumas de dinero y han defraudado al fisco si no pueden comprobar que rindieron sus respectivas declaraciones de renta y evadieron así el pago de tributos al que estaban obligados de acuerdo con la ley.