Impidamos la violencia
EN EL PAÍS SE palpa y se siente cada vez más, una situación anómala. La inseguridad va en aumento en todos los terrenos y las principales autoridades en poco o nada ayudan a evitar el malestar. La desconfianza hacia las autoridades no cesa de crecer, y éstas se encuentran lejos de querer evitarla. Las excusas, justificaciones y pretextos que se buscan para no respetar las libertades democráticas son inaceptables para los ciudadanos.
El número de ciudadanos envenenados, quemados, golpeados, ultrajados, engañados, decepcionados hacen legión con los desempleados, empobrecidos y marginados. Cada vez más, hombres y mujeres de todos los sectores sociales manifiestan, de una u otra manera, con un creciente desprecio, las triquiñuelas gubernamentales y las de sus áulicos. Hay un rechazo hacia los trepadores de la denominada "patria nueva", que se caracterizan por ser pequeños hombres, bajocres, sin ideales; incapaces de pensar como los demás, porque así como temen a lo digno, adoran su posición de lacayos. Recordemos que "el hábito de la servidumbre trae consigo sentimientos de domesticidad, en los cortesanos lo mismo que en los pueblos".
Lo menos que debe unirnos a los panameños que "entendemos por democracia una sociedad libre, no oprimida por poderes políticos, ni dominada por oligarquías en la que los gobernantes responden ante los gobernados", es una decidida defensa, en todos los planos, de la vida humana y las garantías sociales y económicas que deben acompañarla.
Es inaceptable que podamos permitir que se nos lleve por derroteros de violencia y a recorrer tortuosos y dolorosos caminos, transitados ya por otros pueblos hermanos, que sólo han traído "sangre, sudor y lágrimas". Por ello es que debemos rechazar de plano el nuevo tipo de terrorismo jurídico que viene impulsando el Ejecutivo, con el apoyo de sus diputados y de autoridades del Órgano judicial y del Ministerio Público, siendo estas últimas las más llamadas a defender y proteger los Derechos Humanos.
Lo menos que podemos hacer, desde nuestras respectivas tribunas, es repudiar con todas nuestras energías, las recientes olas de la violencia oficial. Los panameños no podemos, ni tenemos porqué, dejarnos llevar hacia territorios donde la violencia oficial o institucional busca hacer su agosto para justificar su ineficacia o incapacidad, su cada vez más denigrante culto a la personalidad que, en nada contribuye a mejorar la situación social o económica de las amplias mayorías de los sectores populares del campo y la ciudad.
Promueven la violencia quienes acuerdan prioridad a la presunción de culpabilidad en lugar del principio básico de la presunción de inocencia, porque con ello nos convierten a todos los ciudadanos que no compartimos su demagogia populachera y sus políticas antipopulares, en posibles delincuentes que "atentan contra la seguridad colectiva". Promueven la violencia las autoridades actuales que no respetan el debido proceso, que se dedican a perseguir toda acción o pensamiento que a ellos les interese considerar sospechosa o delictiva. Promueven, también la violencia, quienes pretenden convertir el hábeas corpus en un espejismo despreciado por la maquinaria judicial, quienes tienen en la detención preventiva en el castigo y la venganza su principal punto de apoyo. Promueven la violencia los llamados "operadores de la justicia" que se convierten en ujieres de la violencia oficial y que hacen depender el Derecho de la política.
Es ante esta injusta justicia que los ciudadanos libres o no de ataduras político-partidistas, que los ciudadanos que no queremos seguir atados a las cadenas mentales del Medioevo y pregonamos por "una justicia basada en el estímulo de los valores más que en la sospecha, la venganza y el castigo", tenemos que convertirnos en agentes activos para impedir la violencia. Tengamos muy presente que no debemos perder nuestra capacidad de indignarnos ante tanta injusticia, que los ciudadanos justos debemos reaccionar cuanto antes, repudiar la promoción de la violencia y actuar. Con Gandhi, tener presente que "lo más atroz de lo malo de la gente mala, es el silencio de la gente buena".
En el cementerio de Juan Díaz una cripta cuesta B/.175 y no se paga nada más, pero esos servicios están suspendidos.
La mayoría de los entierros en el distrito de Panamá son de personas de San Miguelito, eso ha copado el reciente cementerio de Utivé.
Por su parte, el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, señaló que la documentación de solicitud de la adjudicación del primer cementerio municipal del distrito está en manos de una Comisión Interinstitucional.
Entre los integrantes están el ministro de Economía Héctor Alexander y el contralor Carlos Vallarino.
"Solamente falta la firma de adjudicación por parte de la comisión", dijo.
Según el alcalde, prácticamente faltan algunos trámites de orden administrativo, inclusive en los terrenos se han hecho remociones de tierra.
El presidente de la República, Martín Torrijos, les asignó una partida de B/.277 mil para la primera fase del camposanto.
"Ya nosotros empezamos a hacer los movimientos de tierra y, si nos preguntan, ya se puede enterrar", aseguró.
Carrasquilla fue claro al señalar que lo que no quiere es hacerlo hasta tanto no estén los accesos, los portales de entrada, entre otros detalles.
La primera fase establece 500 fosas y 250 criptas, las que según el Municipio de San Miguelito, se irán incrementando.
En 1998 se logró un globo de terreno en concesión por 20 años en el área revertida.
En Amador hay muchos difuntos de San Miguelito.
El número de ciudadanos envenenados, quemados, golpeados, ultrajados, engañados, decepcionados hacen legión con los desempleados, empobrecidos y marginados. Cada vez más, hombres y mujeres de todos los sectores sociales manifiestan, de una u otra manera, con un creciente desprecio, las triquiñuelas gubernamentales y las de sus áulicos. Hay un rechazo hacia los trepadores de la denominada "patria nueva", que se caracterizan por ser pequeños hombres, bajocres, sin ideales; incapaces de pensar como los demás, porque así como temen a lo digno, adoran su posición de lacayos. Recordemos que "el hábito de la servidumbre trae consigo sentimientos de domesticidad, en los cortesanos lo mismo que en los pueblos".
Lo menos que debe unirnos a los panameños que "entendemos por democracia una sociedad libre, no oprimida por poderes políticos, ni dominada por oligarquías en la que los gobernantes responden ante los gobernados", es una decidida defensa, en todos los planos, de la vida humana y las garantías sociales y económicas que deben acompañarla.
Es inaceptable que podamos permitir que se nos lleve por derroteros de violencia y a recorrer tortuosos y dolorosos caminos, transitados ya por otros pueblos hermanos, que sólo han traído "sangre, sudor y lágrimas". Por ello es que debemos rechazar de plano el nuevo tipo de terrorismo jurídico que viene impulsando el Ejecutivo, con el apoyo de sus diputados y de autoridades del Órgano judicial y del Ministerio Público, siendo estas últimas las más llamadas a defender y proteger los Derechos Humanos.
Lo menos que podemos hacer, desde nuestras respectivas tribunas, es repudiar con todas nuestras energías, las recientes olas de la violencia oficial. Los panameños no podemos, ni tenemos porqué, dejarnos llevar hacia territorios donde la violencia oficial o institucional busca hacer su agosto para justificar su ineficacia o incapacidad, su cada vez más denigrante culto a la personalidad que, en nada contribuye a mejorar la situación social o económica de las amplias mayorías de los sectores populares del campo y la ciudad.
Promueven la violencia quienes acuerdan prioridad a la presunción de culpabilidad en lugar del principio básico de la presunción de inocencia, porque con ello nos convierten a todos los ciudadanos que no compartimos su demagogia populachera y sus políticas antipopulares, en posibles delincuentes que "atentan contra la seguridad colectiva". Promueven la violencia las autoridades actuales que no respetan el debido proceso, que se dedican a perseguir toda acción o pensamiento que a ellos les interese considerar sospechosa o delictiva. Promueven, también la violencia, quienes pretenden convertir el hábeas corpus en un espejismo despreciado por la maquinaria judicial, quienes tienen en la detención preventiva en el castigo y la venganza su principal punto de apoyo. Promueven la violencia los llamados "operadores de la justicia" que se convierten en ujieres de la violencia oficial y que hacen depender el Derecho de la política.
Es ante esta injusta justicia que los ciudadanos libres o no de ataduras político-partidistas, que los ciudadanos que no queremos seguir atados a las cadenas mentales del Medioevo y pregonamos por "una justicia basada en el estímulo de los valores más que en la sospecha, la venganza y el castigo", tenemos que convertirnos en agentes activos para impedir la violencia. Tengamos muy presente que no debemos perder nuestra capacidad de indignarnos ante tanta injusticia, que los ciudadanos justos debemos reaccionar cuanto antes, repudiar la promoción de la violencia y actuar. Con Gandhi, tener presente que "lo más atroz de lo malo de la gente mala, es el silencio de la gente buena".
En el cementerio de Juan Díaz una cripta cuesta B/.175 y no se paga nada más, pero esos servicios están suspendidos.
La mayoría de los entierros en el distrito de Panamá son de personas de San Miguelito, eso ha copado el reciente cementerio de Utivé.
Por su parte, el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, señaló que la documentación de solicitud de la adjudicación del primer cementerio municipal del distrito está en manos de una Comisión Interinstitucional.
Entre los integrantes están el ministro de Economía Héctor Alexander y el contralor Carlos Vallarino.
"Solamente falta la firma de adjudicación por parte de la comisión", dijo.
Según el alcalde, prácticamente faltan algunos trámites de orden administrativo, inclusive en los terrenos se han hecho remociones de tierra.
El presidente de la República, Martín Torrijos, les asignó una partida de B/.277 mil para la primera fase del camposanto.
"Ya nosotros empezamos a hacer los movimientos de tierra y, si nos preguntan, ya se puede enterrar", aseguró.
Carrasquilla fue claro al señalar que lo que no quiere es hacerlo hasta tanto no estén los accesos, los portales de entrada, entre otros detalles.
La primera fase establece 500 fosas y 250 criptas, las que según el Municipio de San Miguelito, se irán incrementando.
En 1998 se logró un globo de terreno en concesión por 20 años en el área revertida.
En Amador hay muchos difuntos de San Miguelito.
