Impulsemos la ley de participación ciudadana
La propuesta actual sobre consultas populares está marcada por el hecho que sería el Órgano Ejecutivo quien decidirá unilateralmente los temas de la consulta, las preguntas claves, además que decidiría si los resultados son o no vinculantes. Por el contrario, debería construirse una metodología de participación ciudadana que permitiera la decisión sobre los temas y las preguntas, además que se garantice el no uso de fondos ni tiempos públicos para apoyar determinadas respuestas.
Pero mejor sería que todos y todas, impulsáramos el proyecto de ley de participación ciudadana producto de los acuerdos de la Concertación para el Desarrollo, que fue consultado con millar y medio de líderes en todo el país y está varado en la Asamblea de Diputados. El objetivo es el ejercicio pleno de los derechos fundamentales a través de instrumentos como la auditoría social, el presupuesto participativo, sistemas de información pública o de interés colectivo; la obligación de consultas ciudadanas en temas relevantes como todo lo relacionado al agua, ambiente, servicios públicos, transporte, etc.
¿Y por qué no reactivamos el postergado proceso de descentralización que permitan transformarnos de un Estado centralista a otro que redistribuya el poder y recursos territorialmente en el marco de desarrollo local participativo? Hace falta profundizar el debate plural y amplio, que permita realmente cambiar para bien la manera como funciona el país.
La educación con calidad y equidad, a lo largo de toda la vida debe ser una prioridad nacional, y esto pasa por cambios fundamentales ya muchos señalados en múltiples diagnósticos y concertaciones. La educación debe fomentar la participación, cambios en la cultura política, valores y actitudes transformando el proceso de enseñanza aprendizaje a metodologías participativas y de construcción crítica del conocimiento.
Vivimos una cultura política degradada que funciona como un espejo: Un parte de la población percibe que los partidos se mueven por conveniencia y oportunismo, y por consiguiente hace lo mismo. Los partidos son, en fin de cuenta, reflejo de ese electorado que es al mismo tiempo reflejo del sistema de partidos. Así a muchas personas no les preocupa ni le da mucho valor a estar inscrito o votar en un partido u otro, pues no posee lealtad a programa o ideología partidaria. La utilidad de inscribirse está condicionado por la esperanza de conseguir o resguardar un empleo propio o de alguien, o por recibir regalos puntuales.
Urge pues reformas políticas a través de la democratización de sistemas electorales, donde el financiamiento a partidos o candidatos debe ser con montos máximos, públicos y transparencia contable. Es necesario un sistema de más partidos abiertos e incluyentes de distintas opciones y diversidad sin temer su número, pues la realidad los decantará. También un esfuerzo nacional sostenido de educación para una cultura política democrática.
El reto del desarrollo humano sostenible exige otras y nuevas maneras de hacer política en Panamá. Se trata de incrementar la participación, la equidad, la eficacia en el desarrollo y la democracia a todos los niveles. Cualquier sistema que no sea sosteniblemente fundamentado en un modelo participativo y transparente, se convierte en un esquema autoritario que lo pervierte. Es innegable la necesidad de estrechar o anular la brecha entre el quehacer público y la ciudadanía. Sólo en la medida en que el ciudadano se considere parte de la sociedad y la democracia tendrá la iniciativa de ser actor y fiscalizador.
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