Incoherencias y el Cambio por Panamá
El gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso necesita dinero para culminar el año fiscal que cierra el próximo 31 de diciembre. Los asesores en materia económica de la presidenta dicen, públicamente, que el presidente saliente, en un acto de mala fe, dejó las arcas vacías para fastidiarle la vida al gobierno arnulfista y, así, evitarle que pueda dar respuesta a los compromisos que adquirió en la pasada campaña electoral y de gobernar a favor de los más pobres.
Estos mismos asesores y altos funcionarios del gobierno arnulfista dicen que se requieren 200 millones de balboas para poder cumplir con el presupuesto. Ya obtendrán, para los días venideros, 150 millones con la reciente aprobación del Consejo de Gabinete para la emisión de bonos que comprará la Caja del Seguro Social al 8 y medio por ciento de interés anual, lo que algunos señalan como un buen negocio para la institución, ya que la Caja tiene en el Banco Nacional cientos de millones de balboas cuyo rendimiento está por debajo del 6 por ciento.
Lo que no dicen los altos funcionarios gubernamentales y los gratuitos defensores del arnulfismo es que esa transacción había sido iniciada por el gobierno del presidente Pérez Balladares, en la postrimería de su gestión, y que tocaba al gobierno de la Sra. Moscoso culminar. Tampoco dicen, los que con falsedades engañan a la opinión pública, que a principio de año ese mismo presupuesto había sufrido un recorte de alrededor de 250 millones de dólares. No escapará al ágil lector que hacer un recorte a principio del ejercicio fiscal, en el primer trimestre de este año, donde estaba la actividad electoral al rojo vivo, requería de una gran responsabilidad para alejar la política electoral de las actividades de las finanzas públicas. Ello sólo fue reconocido por quienes entienden y comprenden la seriedad de estas cosas.
Y es que el saneamiento de las finanzas públicas, la reducción paulatina del déficit fiscal, y su posterior eliminación, fueron metas de disciplina fiscal que se impuso el gobierno saliente, consciente de que era beneficioso para la salud económica del país. Adicional a estas medidas, los dirigentes arnulfistas saben que es necesario mejorar y perfeccionar los servicios para la recolección de los tributos de las empresas y de los ciudadanos y realizar, en este periodo gubernamental, una legislación para obtener ingresos tributarios de parte de aquellas personas y empresas que realizan actividades económicas, pero que no pagan impuestos, lo cual explica, en parte, la mala distribución del ingreso en nuestro país y la falta de recursos para brindar servicios públicos más eficientes y para atender a los sectores más necesitados.
Que esa disciplina fiscal tenía como propósito mejorar la eficiencia financiera de nuestra economía, hacer que el costo del dinero fuera cónsono con los dictados por el mercado y, principalmente, para sacar a Panamá de la lista de países de alto riesgo para la inversión, fue una lucha tesonera que libró, en su momento, hay que reconocérselo, de forma solitaria y luchando contra la politiquería y el populismo irresponsable de los arnulfistas, el profesor Rubén Darío Carles y, posteriormente, por el gobierno del presidente Pérez Balladares.
La Sra. Presidenta ha dicho reiteradamente que su gobierno será de corte social, lo cual suena bien a los oídos de muchos y es consecuente con su discurso electoral de luchar por los pobres. Pero, ¿ cómo hacer para llegarle con respuestas a los más necesitados, desde el gobierno, con las limitaciones financieras que nos impone nuestra condición de país pobre, subdesarrollado? Aquí es donde en Arte se convierte la acción de gobernar. Para ello hay que ser un buen político y, también, convertirse en un buen artista pues, ¿acaso la política también no es arte? De no ser así, de no poderse armonizar los limitados recursos disponibles con las casi infinitas necesidades de los panameños, se estará cayendo en demagogia, ya que es difícil mantener una política fiscal saneada, con la que se comprometieron los arnulfistas, y apartarse de ella en la práctica con medidas que contravienen esos objetivos, como lo viene haciendo desde sus primeros días este gobierno; esa contradicción entre lo que se debe hacer y lo que se hace sólo puede calificarse como incoherencias.
Para muestra, un botón. Si al gobierno nacional le faltan 200 millones de dólares para cerrar el año fiscal, es inconcebible subsidiar, con las medidas de incrementar los niveles de precios de las viviendas sujeta a la Ley de Intereses Preferenciales de 25 a 60 mil balboas, a un sector de la población que, si bien puede tener el derecho a ser beneficiado con la medida, no están ubicados entre los sectores considerados como pobres. A esto no se le puede llamar justicia social, pues si bien es verdad que los usuarios de esas viviendas, con precios por debajo de 25 mil balboas, que deben ser los únicos beneficiados, pagarán intereses de hasta un 5 por ciento anual en sus hipotecas, no es menos cierto que la diferencia - en el mercado hipotecario los intereses están por el orden del 10 por ciento - se convertirán en documentos e instrumentos financieros, es decir en dinero en manos de los promotores y financistas, a quienes, tampoco, se les puede ubicar en las filas de los pobres. Con esta medida el fisco dejará de recibir alrededor de 60 millones de dólares en los próximos cinco años, según palabras de la propia presidenta Mireya Moscoso, dineros que muy bien podrían utilizarse para financiar parte de ese déficit fiscal, o para financiar las apremiantes necesidades de la Dra. Gloria Moreno de López, en el Hospital Santo Tomás.
Como se verá, el gobierno arnulfista va de bandazos en bandazos, y ello se debe a que los asesores y los altos funcionarios en materia financiera y económica de la presidenta no saben o no comprenden las políticas que acordaron con los organismos financieros internacionales en años anteriores ni saben cómo coordinar esas políticas con las intenciones de la presidenta. Dicen favorecer a los más pobres, con las leyes de intereses preferenciales, y, en la práctica sorprenden a la presidenta favoreciendo a quienes no están dentro de sus prioridades; argumentan que el presidente Pérez Balladares les dejó las arcas vacías y, en el fondo, lo que están es rehuyendo a sus responsabilidades y compromisos, ya que saben que mantener una política fiscal saneada, lo cual es conveniente para el país, pasa por poner en orden las finanzas públicas, haciendo sacrificios fiscales y desarrollando políticas de austeridad y, a la vez, desarrollando proyectos sociales que permita a la gente humilde oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, así como tener el coraje para oponerse a aquellas medidas y solicitudes que podrán contar con el aplauso pasajero, pero que le hacen daños irreparables al país. Pero, para lograr eso, hace falta firmeza, conocimientos, creatividad, objetivos y metas claras, lo cual parece no existir en el gobierno arnulfista. Quizás el problema de fondo, de parte de los altos jerarcas del gobierno arnulfista, sea el de conocer en qué consiste el cambio por Panamá.¿ Lo tiene alguien claro?
Estos mismos asesores y altos funcionarios del gobierno arnulfista dicen que se requieren 200 millones de balboas para poder cumplir con el presupuesto. Ya obtendrán, para los días venideros, 150 millones con la reciente aprobación del Consejo de Gabinete para la emisión de bonos que comprará la Caja del Seguro Social al 8 y medio por ciento de interés anual, lo que algunos señalan como un buen negocio para la institución, ya que la Caja tiene en el Banco Nacional cientos de millones de balboas cuyo rendimiento está por debajo del 6 por ciento.
Lo que no dicen los altos funcionarios gubernamentales y los gratuitos defensores del arnulfismo es que esa transacción había sido iniciada por el gobierno del presidente Pérez Balladares, en la postrimería de su gestión, y que tocaba al gobierno de la Sra. Moscoso culminar. Tampoco dicen, los que con falsedades engañan a la opinión pública, que a principio de año ese mismo presupuesto había sufrido un recorte de alrededor de 250 millones de dólares. No escapará al ágil lector que hacer un recorte a principio del ejercicio fiscal, en el primer trimestre de este año, donde estaba la actividad electoral al rojo vivo, requería de una gran responsabilidad para alejar la política electoral de las actividades de las finanzas públicas. Ello sólo fue reconocido por quienes entienden y comprenden la seriedad de estas cosas.
Y es que el saneamiento de las finanzas públicas, la reducción paulatina del déficit fiscal, y su posterior eliminación, fueron metas de disciplina fiscal que se impuso el gobierno saliente, consciente de que era beneficioso para la salud económica del país. Adicional a estas medidas, los dirigentes arnulfistas saben que es necesario mejorar y perfeccionar los servicios para la recolección de los tributos de las empresas y de los ciudadanos y realizar, en este periodo gubernamental, una legislación para obtener ingresos tributarios de parte de aquellas personas y empresas que realizan actividades económicas, pero que no pagan impuestos, lo cual explica, en parte, la mala distribución del ingreso en nuestro país y la falta de recursos para brindar servicios públicos más eficientes y para atender a los sectores más necesitados.
Que esa disciplina fiscal tenía como propósito mejorar la eficiencia financiera de nuestra economía, hacer que el costo del dinero fuera cónsono con los dictados por el mercado y, principalmente, para sacar a Panamá de la lista de países de alto riesgo para la inversión, fue una lucha tesonera que libró, en su momento, hay que reconocérselo, de forma solitaria y luchando contra la politiquería y el populismo irresponsable de los arnulfistas, el profesor Rubén Darío Carles y, posteriormente, por el gobierno del presidente Pérez Balladares.
La Sra. Presidenta ha dicho reiteradamente que su gobierno será de corte social, lo cual suena bien a los oídos de muchos y es consecuente con su discurso electoral de luchar por los pobres. Pero, ¿ cómo hacer para llegarle con respuestas a los más necesitados, desde el gobierno, con las limitaciones financieras que nos impone nuestra condición de país pobre, subdesarrollado? Aquí es donde en Arte se convierte la acción de gobernar. Para ello hay que ser un buen político y, también, convertirse en un buen artista pues, ¿acaso la política también no es arte? De no ser así, de no poderse armonizar los limitados recursos disponibles con las casi infinitas necesidades de los panameños, se estará cayendo en demagogia, ya que es difícil mantener una política fiscal saneada, con la que se comprometieron los arnulfistas, y apartarse de ella en la práctica con medidas que contravienen esos objetivos, como lo viene haciendo desde sus primeros días este gobierno; esa contradicción entre lo que se debe hacer y lo que se hace sólo puede calificarse como incoherencias.
Para muestra, un botón. Si al gobierno nacional le faltan 200 millones de dólares para cerrar el año fiscal, es inconcebible subsidiar, con las medidas de incrementar los niveles de precios de las viviendas sujeta a la Ley de Intereses Preferenciales de 25 a 60 mil balboas, a un sector de la población que, si bien puede tener el derecho a ser beneficiado con la medida, no están ubicados entre los sectores considerados como pobres. A esto no se le puede llamar justicia social, pues si bien es verdad que los usuarios de esas viviendas, con precios por debajo de 25 mil balboas, que deben ser los únicos beneficiados, pagarán intereses de hasta un 5 por ciento anual en sus hipotecas, no es menos cierto que la diferencia - en el mercado hipotecario los intereses están por el orden del 10 por ciento - se convertirán en documentos e instrumentos financieros, es decir en dinero en manos de los promotores y financistas, a quienes, tampoco, se les puede ubicar en las filas de los pobres. Con esta medida el fisco dejará de recibir alrededor de 60 millones de dólares en los próximos cinco años, según palabras de la propia presidenta Mireya Moscoso, dineros que muy bien podrían utilizarse para financiar parte de ese déficit fiscal, o para financiar las apremiantes necesidades de la Dra. Gloria Moreno de López, en el Hospital Santo Tomás.
Como se verá, el gobierno arnulfista va de bandazos en bandazos, y ello se debe a que los asesores y los altos funcionarios en materia financiera y económica de la presidenta no saben o no comprenden las políticas que acordaron con los organismos financieros internacionales en años anteriores ni saben cómo coordinar esas políticas con las intenciones de la presidenta. Dicen favorecer a los más pobres, con las leyes de intereses preferenciales, y, en la práctica sorprenden a la presidenta favoreciendo a quienes no están dentro de sus prioridades; argumentan que el presidente Pérez Balladares les dejó las arcas vacías y, en el fondo, lo que están es rehuyendo a sus responsabilidades y compromisos, ya que saben que mantener una política fiscal saneada, lo cual es conveniente para el país, pasa por poner en orden las finanzas públicas, haciendo sacrificios fiscales y desarrollando políticas de austeridad y, a la vez, desarrollando proyectos sociales que permita a la gente humilde oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, así como tener el coraje para oponerse a aquellas medidas y solicitudes que podrán contar con el aplauso pasajero, pero que le hacen daños irreparables al país. Pero, para lograr eso, hace falta firmeza, conocimientos, creatividad, objetivos y metas claras, lo cual parece no existir en el gobierno arnulfista. Quizás el problema de fondo, de parte de los altos jerarcas del gobierno arnulfista, sea el de conocer en qué consiste el cambio por Panamá.¿ Lo tiene alguien claro?
