Incompetencia, negligencia e incumplimiento de la ley
He leído con sumo cuidado e interés, el artículo escrito por el Dr. José Terán, referente a la Ley 1 de 10 de enero de 2001, "sobre medicamentos y otros productos para la salud humana", mejor conocida como Ley Balbina (Panamá América, 25/10/06). La describe como una buena ley, que ha permitido a los panameños adquirir medicamentos de calidad a precios razonables. Destaca entre sus regulaciones el registro sanitario ante las autoridades de salud en el territorio de la República de Panamá, fiscalizar que los productos que regula lleguen al consumidor en condiciones de seguridad, eficiencia y con altos estándares de calidad; destacando también que la Autoridad de Salud, a través de la Dirección de Farmacia y Droga, tiene la obligación de garantizar el control previo, el control posterior y la realización de la Farmacovigilancia. Indica que el concepto de proveedores alcanza a todos y cada uno de los agentes comprendidos, desde la fabricación hasta que el producto llegue al consumidor; siendo responsables los proveedores con respecto al consumidor, previa asignación de responsabilidad por la autoridad competente, por la calidad, seguridad y eficacia de los productos.
La Caja de Seguro Social (CSS), por ende y como prestador de los servicios de salud, está dentro del marco de regulación de la presente ley, ya que el hecho de ser una institución del Estado no la exime de ello. Agrega el Dr. Terán que el enfoque debe darse además en el control de calidad de cada lote de medicamento fabricado, y así garantizar un producto final en condiciones de seguridad y con altos estándares de calidad.
Esta es entonces la verdad desnuda: Las autoridades de salud, llámense Ministerio de Saludo y CSS, fueron incompetentes, negligentes y encima de todo, violaron la ley. Si esto no lo dijo el Dr. Terán con un lenguaje muy respetuoso y diplomático, entonces leí su artículo al revés y pido disculpas. Entiendo que el laboratorio de la CSS que elaboró los medicamentos que han causado más de 30 fallecidos, no tiene registro sanitario. Las autoridades competentes no fiscalizaron los productos involucrados para que llegaran al consumidor en condiciones de seguridad, eficiencia y con altos estándares de calidad. No hubo a través de la Dirección de Farmacia y Droga, la garantía del control previo, el control posterior ni se realizó la Fármacovigilancia. Mal puede entonces culparse al proveedor, a sus directivos (incluso la absurda acusación de un agente residente en su calidad de tal), si previamente no se había asignado su responsabilidad por la autoridad competente, en cuanto a la calidad, seguridad y eficacia de los productos. ¿Resultados? El Director de la CSS sigue en su cargo ha pesar de haberlo puesto, según él, a disposición del Señor Presidente de la República; el Presidente de la República todavía está pensando en el referéndum; el Ministro de Salud no acaba de enterarse que esta ley existe; y a la ministra Balbina Herrera se le olvidó que fue ella la promotora de la ley. Que Dios nos agarre confesados.
Las autoridades de la PTJ han determinado que regularmente se asegura que estas compras son donaciones y se usan nombres de personas reconocidas en el ámbito nacional, por lo que al ver el interés, los estafados caen.
Antes de las entregas, los estafadores llaman nuevamente y piden cambiar el lugar donde acordaron vía telefónica recibir el producto.
Según el inspector de la PTJ, así desvían la atención a otro lugar, sospechando que las autoridades tienen conocimiento.
"Por lo regular siempre utilizan las entradas o los lugares donde hay un comercio. Y los que van a entregar la mercancía suponen que ese local es el que pidió el producto y hacen la entrega, pero en la calle", alegó.
La sorpresa es grande. Y es que cuando retornan a su empresa, luego de la transacción e introducen en el sistema el cheque que recibieron del estafador, se dan cuenta del delito.
Y eso no es todo, cuando los despachadores vuelven al lugar y preguntan en el local comercial sobre la persona que realizó el pedido, se enteran que nadie ha lo ha hecho y de que nadie tiene la descripción del sujeto.
En este delito participan generalmente adultos y se agrupan de tres personas en adelante.
Se ha aprehendido a extranjeros, de nacionalidad colombiana y a panameños.
Aunque no se han encontrado bandas organizadas, las autoridades aseguran que los delitos están aumentando.
Recientemente la PTJ detuvo a una persona que se dedicaba a la estafa por cheque, quien fue puesta a órdenes de la Fiscalía Auxiliar.
Por otro lado, Ávila, manifestó que la estafa de las llamadas telefónicas a través de telefonía celular y la tarjeta prepago, ha disminuido, pues se ha hecho una campaña para prevenir a los ciudadanos.
Según estadísticas de la PTJ, al mes de julio a nivel nacional se han reportado 601 casos de estafa.
La Caja de Seguro Social (CSS), por ende y como prestador de los servicios de salud, está dentro del marco de regulación de la presente ley, ya que el hecho de ser una institución del Estado no la exime de ello. Agrega el Dr. Terán que el enfoque debe darse además en el control de calidad de cada lote de medicamento fabricado, y así garantizar un producto final en condiciones de seguridad y con altos estándares de calidad.
Esta es entonces la verdad desnuda: Las autoridades de salud, llámense Ministerio de Saludo y CSS, fueron incompetentes, negligentes y encima de todo, violaron la ley. Si esto no lo dijo el Dr. Terán con un lenguaje muy respetuoso y diplomático, entonces leí su artículo al revés y pido disculpas. Entiendo que el laboratorio de la CSS que elaboró los medicamentos que han causado más de 30 fallecidos, no tiene registro sanitario. Las autoridades competentes no fiscalizaron los productos involucrados para que llegaran al consumidor en condiciones de seguridad, eficiencia y con altos estándares de calidad. No hubo a través de la Dirección de Farmacia y Droga, la garantía del control previo, el control posterior ni se realizó la Fármacovigilancia. Mal puede entonces culparse al proveedor, a sus directivos (incluso la absurda acusación de un agente residente en su calidad de tal), si previamente no se había asignado su responsabilidad por la autoridad competente, en cuanto a la calidad, seguridad y eficacia de los productos. ¿Resultados? El Director de la CSS sigue en su cargo ha pesar de haberlo puesto, según él, a disposición del Señor Presidente de la República; el Presidente de la República todavía está pensando en el referéndum; el Ministro de Salud no acaba de enterarse que esta ley existe; y a la ministra Balbina Herrera se le olvidó que fue ella la promotora de la ley. Que Dios nos agarre confesados.
Las autoridades de la PTJ han determinado que regularmente se asegura que estas compras son donaciones y se usan nombres de personas reconocidas en el ámbito nacional, por lo que al ver el interés, los estafados caen.
Antes de las entregas, los estafadores llaman nuevamente y piden cambiar el lugar donde acordaron vía telefónica recibir el producto.
Según el inspector de la PTJ, así desvían la atención a otro lugar, sospechando que las autoridades tienen conocimiento.
"Por lo regular siempre utilizan las entradas o los lugares donde hay un comercio. Y los que van a entregar la mercancía suponen que ese local es el que pidió el producto y hacen la entrega, pero en la calle", alegó.
La sorpresa es grande. Y es que cuando retornan a su empresa, luego de la transacción e introducen en el sistema el cheque que recibieron del estafador, se dan cuenta del delito.
Y eso no es todo, cuando los despachadores vuelven al lugar y preguntan en el local comercial sobre la persona que realizó el pedido, se enteran que nadie ha lo ha hecho y de que nadie tiene la descripción del sujeto.
En este delito participan generalmente adultos y se agrupan de tres personas en adelante.
Se ha aprehendido a extranjeros, de nacionalidad colombiana y a panameños.
Aunque no se han encontrado bandas organizadas, las autoridades aseguran que los delitos están aumentando.
Recientemente la PTJ detuvo a una persona que se dedicaba a la estafa por cheque, quien fue puesta a órdenes de la Fiscalía Auxiliar.
Por otro lado, Ávila, manifestó que la estafa de las llamadas telefónicas a través de telefonía celular y la tarjeta prepago, ha disminuido, pues se ha hecho una campaña para prevenir a los ciudadanos.
Según estadísticas de la PTJ, al mes de julio a nivel nacional se han reportado 601 casos de estafa.
