Inconstitucionalidad en la ley de radio y TV
La aplanadora oficialista en la Asamblea Legislativa aprobó el jueves pasado, en segundo debate, el polémico proyecto de ley que regula el funcionamiento de la radio y televisión, el cual había sido presentado con la aquiescencia de sectores vinculados a esa industria, deseosos de poner algo de orden en la caótica legislación que la rige, aprovechando el interés manifestado por varios consorcios locales de competir por la compra del canal 8 de televisión, que opera el ejército de Estados Unidos.
Se trataba de establecer en la ley una especie de juego limpio entre todos los interesados en el canal para que, llegado el momento de la licitación, hubiera plena transparencia, que obviara los consabidos sobres bajo la mesa y las transferencias dinerarias a cuentas cifradas extranjeras. De paso, se aprovechó la ocasión para eliminar las licencias de comentarista y otras restricciones absurdas, acumuladas por sucesivos gobiernos empeñados en amordazar a los medios.
Y habida consideración que no hay competencia limpia sin un buen árbitro, los interesados optaron por encargar en tal calidad al Ente Regulador de los Servicios Públicos, para lo cual tomaron en cuenta su relativamente buen desempeño en las delicadas licitaciones del INTEL y el IRHE. De ese modo, se excluyó totalmente al Ministerio de Gobierno y Justicia de su tradicional papel de supremo regulador y otorgador de licencias y frecuencias. En el papel era un avance; pero sólo en el papel.
En realidad, la presencia del Ente Regulador, oscuro organismo que por justificar el salario y sus nombramientos decenales, asumió gustoso el encargo, fue más forzada que deseable. La ley que lo crea limita su competencia al estrecho marco de los servicios públicos, lo que en todos los países del mundo se entiende por luz, agua, gas y teléfono; y pare de contar. Ni la radio, ni la televisión, ni los medios impresos caen bajo ese concepto. Y no daremos más luces, para que, llegado el momento, podamos hacer lo que corresponde para enmendar el entuerto.
Acostumbrados como estamos a los goles legislativos de madrugada, no nos asombró que, en segundo debate, algunos legisladores introdujeran artículos sorpresivos que posibilitaban a un intruso a alzarse gratis con una tercera banda celular; y a otro para forzar a usar ciertas frecuencias para la retransmisión de señales de televisión satelital. Obviamente, los canales de uso forzado tienen dueño.
Lo que no esperábamos era un gol del mismo árbitro en perjuicio de una categoría de competidores. El flamante Ente Regulador se las arregló para hacer aprobar a última hora un extenso artículo, en el que saca de carrera a los dueños de medios escritos. Nosotros, al igual que otros, al momento de la zancadilla, estábamos listos para competir limpiamente con cualquier otro grupo local o extranjero.
Pero esto no se ha acabado; se diría que comienza. El proyecto fue gestado bajo la administración saliente y la licitación se hará bajo el próximo gobierno, en circunstancias en que el proyecto es inexequible. El artículo 37 de la Constitución prescribe: "Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio". La expresión "cualquier otro medio" incluye a los televisados; y el sujeto "toda persona", nos incluye a todos, sin que quepa distingo alguno de categoría u oficio, entre unos que pretenden ser más "persona" que otros.
Se trataba de establecer en la ley una especie de juego limpio entre todos los interesados en el canal para que, llegado el momento de la licitación, hubiera plena transparencia, que obviara los consabidos sobres bajo la mesa y las transferencias dinerarias a cuentas cifradas extranjeras. De paso, se aprovechó la ocasión para eliminar las licencias de comentarista y otras restricciones absurdas, acumuladas por sucesivos gobiernos empeñados en amordazar a los medios.
Y habida consideración que no hay competencia limpia sin un buen árbitro, los interesados optaron por encargar en tal calidad al Ente Regulador de los Servicios Públicos, para lo cual tomaron en cuenta su relativamente buen desempeño en las delicadas licitaciones del INTEL y el IRHE. De ese modo, se excluyó totalmente al Ministerio de Gobierno y Justicia de su tradicional papel de supremo regulador y otorgador de licencias y frecuencias. En el papel era un avance; pero sólo en el papel.
En realidad, la presencia del Ente Regulador, oscuro organismo que por justificar el salario y sus nombramientos decenales, asumió gustoso el encargo, fue más forzada que deseable. La ley que lo crea limita su competencia al estrecho marco de los servicios públicos, lo que en todos los países del mundo se entiende por luz, agua, gas y teléfono; y pare de contar. Ni la radio, ni la televisión, ni los medios impresos caen bajo ese concepto. Y no daremos más luces, para que, llegado el momento, podamos hacer lo que corresponde para enmendar el entuerto.
Acostumbrados como estamos a los goles legislativos de madrugada, no nos asombró que, en segundo debate, algunos legisladores introdujeran artículos sorpresivos que posibilitaban a un intruso a alzarse gratis con una tercera banda celular; y a otro para forzar a usar ciertas frecuencias para la retransmisión de señales de televisión satelital. Obviamente, los canales de uso forzado tienen dueño.
Lo que no esperábamos era un gol del mismo árbitro en perjuicio de una categoría de competidores. El flamante Ente Regulador se las arregló para hacer aprobar a última hora un extenso artículo, en el que saca de carrera a los dueños de medios escritos. Nosotros, al igual que otros, al momento de la zancadilla, estábamos listos para competir limpiamente con cualquier otro grupo local o extranjero.
Pero esto no se ha acabado; se diría que comienza. El proyecto fue gestado bajo la administración saliente y la licitación se hará bajo el próximo gobierno, en circunstancias en que el proyecto es inexequible. El artículo 37 de la Constitución prescribe: "Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio". La expresión "cualquier otro medio" incluye a los televisados; y el sujeto "toda persona", nos incluye a todos, sin que quepa distingo alguno de categoría u oficio, entre unos que pretenden ser más "persona" que otros.
