Indagatoria a la Procuradora
La tarde de ayer estuvo especialmente agitada, al conocerse que la Procuraduría de la Administración ordenó indagar a la Procuradora General de la Nación, por la supuesta comisión del delito de extralimitación de funciones.
El proceso se inició cuando el destituido fiscal Arquímedes Saénz, interpuso querella contra la Procuradora, por haber ordenado la interceptación del teléfono de un ciudadano que alegaba estar siendo supuestamente extorsionado por el entonces fiscal.
Simultáneamente la Corte Suprema de Justicia declaraba ilegal toda interceptación de las comunicaciones que no fuera ordenada por una autoridad judicial, dejando a partir de ese momento en claro que la Procuraduría no es autoridad judicial competente para ese tipo de medidas.
En caso que Ana Matilde Gómez llegue a ser separada de su cargo, o suspendida en el ejercicio de sus funciones, la vacancia temporal, mientras se decide el fondo del asunto con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, tendrá que ser llenada por un funcionario del Ministerio Público, al tenor de lo que dispone el inciso segundo del artículo 224 de nuestra Constitución Política. La medida es sabia, ya que solo en caso de ausencia absoluta, por renuncia o sentencia condenatoria y destitución, correspondería al Presidente de la República realizar una nueva designación. Esperemos que imperen la cordura y la institucionalidad.
