Indefensión ciudadana o ciudadanía vigilante
ES INNEGABLE QUE LA ciudadanía se siente desamparada, vulnerable e indefensa en relación a los acontecimientos que han sacudido la conciencia nacional. Medio centenar de personas fallecidas producto de medicamentos envenenados emanados de la máxima institución de seguridad social que debe velar por la salud de la población, y del incendio de un bus de transporte público cuya misión es conducir en forma segura a las personas.
En ambos casos, era el gobierno el encargado y responsable de fiscalizar, controlar, asegurar que tantos medicamentos o vehículos fueran agentes de vida y no de muerte. En ambos casos, hubo negligencia, u omisión de las autoridades siendo el resultado lesiones al derecho a la vida y la integridad, a las que todos tenemos derechos y que el Estado tiene el deber de garantizar.
El clientelismo político, la burocracia, el tráfico de influencia destejen lo que quisieron tejer las leyes.
El tema de los Derechos Humanos y su defensa frente al Estado ha estado a través de varios siglos en luchas importantes de la humanidad. La función principal del Estado es proteger los derechos de los individuos; no violarlos o no permitir que se violen.
En el caso del transporte, la Ley señala que los concesionarios de transporte público de pasajeros están obligados a mantener sus vehículos en óptimo estado de seguridad y condiciones de funcionamiento, y obliga a las autoridades a velar por esto.
Sacudidos por estos hechos de dolor y luto, no podemos perder de vista que la ciudadanía también se encuentra en indefensión en relación a la seguridad pública, la corrupción y la impunidad, la pobreza y la exclusión social.
Cada día es más evidente la crisis institucional que tenemos, expresada no solo en los graves hechos ocurridos, sino en situaciones como que estamos entre los países con los gastos sociales más altos del continente (casi a la par de Chile y Costa Rica), pero tenemos el doble de pobreza que esos dos países hermanos.
¿Cómo se canalizan los recursos? ¿Cómo se priorizan? ¿Cómo se construye la arquitectura institucional? El problema se centra en el carácter y el funcionamiento del Estado de derecho y de la democracia. La fortaleza del Estado de derecho se expresa en su grado de institucionalización. La democracia en el nivel de participación de los/las ciudadanos/as y en la legitimidad de la representación.
El sistema institucional permite la permanencia de hoyos negros, nichos donde el desgreño y la corrupción se desenvuelven ampliamente, se desarrolla a su gusto y prospera. Los controles y castigos no funcionan debidamente, la propia estructura es elástica para permitir el desvío, la trampa y la ineptitud. El clientelismo político, la burocracia, el tráfico de influencia destejen lo que quisieron tejer las leyes y programas que yacen después como ideas y propuestas inertes.
Tal como lo afirmó Albert Einstein: "El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad". Por ello, tres elemento claves para enfrentar esta situación son: Uno, una reforma del Estado que nos conduzca a la vigencia de la carrera administrativa, la descentralización, coordinación efectiva. Dos, la reforma política hacia la democratización del sistema de partidos, y tres, el fomento de la conciencia pública a través del fortalecimiento participativo de la sociedad civil. Veamos algo más del tercero.
Un signo de los tiempos es el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos, el nuevo papel de la sociedad civil tanto en la transición y consolidación de la democracia. La otra cara de la globalización es el fortalecimiento de las identidades particulares, locales, étnicas. Con ello, se abren espacios de contraloría social y cívica, para vigilar el funcionamiento del poder.
Una ciudadanía desentendida de la administración pública es una ciudadanía vulnerable de violación a sus derechos y blanco seguro de actos de corrupción, desidia o desaliño por parte de sus funcionarios y por lo tanto, empobrecida. Sin duda, la misión de la sociedad civil es todo un reto; implica una transformación en la concepción entre la relación entre el funcionario y el ciudadano, y el papel que ambos deben desempeñar. Esta misión es ardua y larga, pues implica todo un proceso que, sin embargo, no es imposible. Como consecuencia lógica, deberá establecerse en los hechos de la práctica política, el reconocimiento, respeto, e impulso de procesos ciudadanos verdaderamente participativos que incidan en las decisiones públicas, ya que éstas involucran y/o afectan a toda la ciudadanía. Tal como lo enuncia la ley mexicana de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que en lugar de frenarlas o manipularla el Estado las reconoce como de interés público y apuesta por animarlas y fomentarlas
Hay que resignificar el concepto de lo público. Hasta ahora, es reconocido como sinónimo de gobierno. Esta comprensión generalizada es falsa. El poder ciudadano es reconocido en nuestros marcos jurídicos, al afirmarse que el pueblo es el origen, fuente y referencia sustantiva del poder, pero en la práctica cívica/política real, esta clara potestad es expropiada por autoridades que se asumen como los únicos depositarios del poder.
raulleisr@hotmail.com
En ambos casos, era el gobierno el encargado y responsable de fiscalizar, controlar, asegurar que tantos medicamentos o vehículos fueran agentes de vida y no de muerte. En ambos casos, hubo negligencia, u omisión de las autoridades siendo el resultado lesiones al derecho a la vida y la integridad, a las que todos tenemos derechos y que el Estado tiene el deber de garantizar.
El clientelismo político, la burocracia, el tráfico de influencia destejen lo que quisieron tejer las leyes.
El tema de los Derechos Humanos y su defensa frente al Estado ha estado a través de varios siglos en luchas importantes de la humanidad. La función principal del Estado es proteger los derechos de los individuos; no violarlos o no permitir que se violen.
En el caso del transporte, la Ley señala que los concesionarios de transporte público de pasajeros están obligados a mantener sus vehículos en óptimo estado de seguridad y condiciones de funcionamiento, y obliga a las autoridades a velar por esto.
Sacudidos por estos hechos de dolor y luto, no podemos perder de vista que la ciudadanía también se encuentra en indefensión en relación a la seguridad pública, la corrupción y la impunidad, la pobreza y la exclusión social.
Cada día es más evidente la crisis institucional que tenemos, expresada no solo en los graves hechos ocurridos, sino en situaciones como que estamos entre los países con los gastos sociales más altos del continente (casi a la par de Chile y Costa Rica), pero tenemos el doble de pobreza que esos dos países hermanos.
¿Cómo se canalizan los recursos? ¿Cómo se priorizan? ¿Cómo se construye la arquitectura institucional? El problema se centra en el carácter y el funcionamiento del Estado de derecho y de la democracia. La fortaleza del Estado de derecho se expresa en su grado de institucionalización. La democracia en el nivel de participación de los/las ciudadanos/as y en la legitimidad de la representación.
El sistema institucional permite la permanencia de hoyos negros, nichos donde el desgreño y la corrupción se desenvuelven ampliamente, se desarrolla a su gusto y prospera. Los controles y castigos no funcionan debidamente, la propia estructura es elástica para permitir el desvío, la trampa y la ineptitud. El clientelismo político, la burocracia, el tráfico de influencia destejen lo que quisieron tejer las leyes y programas que yacen después como ideas y propuestas inertes.
Tal como lo afirmó Albert Einstein: "El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad". Por ello, tres elemento claves para enfrentar esta situación son: Uno, una reforma del Estado que nos conduzca a la vigencia de la carrera administrativa, la descentralización, coordinación efectiva. Dos, la reforma política hacia la democratización del sistema de partidos, y tres, el fomento de la conciencia pública a través del fortalecimiento participativo de la sociedad civil. Veamos algo más del tercero.
Un signo de los tiempos es el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos, el nuevo papel de la sociedad civil tanto en la transición y consolidación de la democracia. La otra cara de la globalización es el fortalecimiento de las identidades particulares, locales, étnicas. Con ello, se abren espacios de contraloría social y cívica, para vigilar el funcionamiento del poder.
Una ciudadanía desentendida de la administración pública es una ciudadanía vulnerable de violación a sus derechos y blanco seguro de actos de corrupción, desidia o desaliño por parte de sus funcionarios y por lo tanto, empobrecida. Sin duda, la misión de la sociedad civil es todo un reto; implica una transformación en la concepción entre la relación entre el funcionario y el ciudadano, y el papel que ambos deben desempeñar. Esta misión es ardua y larga, pues implica todo un proceso que, sin embargo, no es imposible. Como consecuencia lógica, deberá establecerse en los hechos de la práctica política, el reconocimiento, respeto, e impulso de procesos ciudadanos verdaderamente participativos que incidan en las decisiones públicas, ya que éstas involucran y/o afectan a toda la ciudadanía. Tal como lo enuncia la ley mexicana de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que en lugar de frenarlas o manipularla el Estado las reconoce como de interés público y apuesta por animarlas y fomentarlas
Hay que resignificar el concepto de lo público. Hasta ahora, es reconocido como sinónimo de gobierno. Esta comprensión generalizada es falsa. El poder ciudadano es reconocido en nuestros marcos jurídicos, al afirmarse que el pueblo es el origen, fuente y referencia sustantiva del poder, pero en la práctica cívica/política real, esta clara potestad es expropiada por autoridades que se asumen como los únicos depositarios del poder.
raulleisr@hotmail.com
