Independencia del Defensor del Pueblo
No sólo la comunidad nacional sino la muy sensitiva comunidad mundial de organismos defensores de los derechos humanos observa y extrae conclusiones del pulso polémico entre el defensor del pueblo y altas autoridades gubernamentales por las denuncias sobre diversos temas, especialmente las irregularidades detectadas en el reparto de cupos de taxis en Veraguas.
En los medios del transporte público ya se está comentando que cuando se ventilen las irregularidades, es decir favoritismo político, nepotismo y otras formas de corruptelas, en los cupos de taxis en la capital, entonces es posible que el Licdo. Italo Antinori haga frente a una campaña de mayores proporciones.
En realidad, la campaña contra Antinori empezó hace tiempo, desde el mismo momento en que se manifestó la punzante independencia que, conforme a ley, aplica en sus actos el defensor del pueblo. El presidente de la Asamblea Legislativa y presidente del PRD, Gerardo González, ha adelantado que se exigirá al defensor del pueblo la presentación del reglamento que norma sus funciones, omitiendo, por deficiente asesoramiento, que el reglamento fue presentado en octubre de 1997 y que desde entonces ha transcurrido tiempo suficiente para revisarlo y aprobarlo. No se oculta a los observadores de la situación que se puede estar buscando por, vía reglamentaria, la forma de maniatar y entorpecer las actuaciones futuras del defensor del pueblo.
Si se llegara a concretar la maniobra se desataría un escándalo internacional. Un defensor del pueblo dependiente del gobierno al que debe supervisar; un defensor del pueblo restringido, subordinado, mediatizado, resultaría una caricatura inadmisible. A partir de su origen histórico en los países nórdicos, el ombudsman surgió para recepcionar las denuncias de los ciudadanos y gestionar ante las autoridades competentes el remedio a los males.
Pero aquí nos irrita que el defensor del pueblo actúe como lo hacen sus colegas en numerosos países y se le acusa de protagonismo excesivo y de intromisión en asuntos que rozan con los políticos. Se pasa por alto que en los casos de los cupos de taxis en Veraguas, como el derrame de cianuro en una mina y el polvillo nocivo sobre la población que desparrama una fábrica de cemento, los afectados solicitan directamente la intervención del defensor del pueblo, aunque éste puede hacerlo de oficio.
Amarrar o destituir al defensor del pueblo significa negarle al pueblo el derecho a exigir la solución a problemas específicos.
La demanda de soluciones al Estado y a la sociedad civil en conjunto es inherente a las funciones del defensor del pueblo. A quien corresponda fungir como estadista, hoy y mañana, antes y después de las elecciones de 1999, le tocará atender las solicitudes que el pueblo canaliza a través del defensor del pueblo. Es una responsabilidad del Estado y no de un transitorio partido político en el gobierno. Si entendemos a cabalidad la responsabilidad esencial y no coyuntural del ombudsman, cesarán las rabietas y las presiones y actuaremos como un estado democrático y moderno.
En los medios del transporte público ya se está comentando que cuando se ventilen las irregularidades, es decir favoritismo político, nepotismo y otras formas de corruptelas, en los cupos de taxis en la capital, entonces es posible que el Licdo. Italo Antinori haga frente a una campaña de mayores proporciones.
En realidad, la campaña contra Antinori empezó hace tiempo, desde el mismo momento en que se manifestó la punzante independencia que, conforme a ley, aplica en sus actos el defensor del pueblo. El presidente de la Asamblea Legislativa y presidente del PRD, Gerardo González, ha adelantado que se exigirá al defensor del pueblo la presentación del reglamento que norma sus funciones, omitiendo, por deficiente asesoramiento, que el reglamento fue presentado en octubre de 1997 y que desde entonces ha transcurrido tiempo suficiente para revisarlo y aprobarlo. No se oculta a los observadores de la situación que se puede estar buscando por, vía reglamentaria, la forma de maniatar y entorpecer las actuaciones futuras del defensor del pueblo.
Si se llegara a concretar la maniobra se desataría un escándalo internacional. Un defensor del pueblo dependiente del gobierno al que debe supervisar; un defensor del pueblo restringido, subordinado, mediatizado, resultaría una caricatura inadmisible. A partir de su origen histórico en los países nórdicos, el ombudsman surgió para recepcionar las denuncias de los ciudadanos y gestionar ante las autoridades competentes el remedio a los males.
Pero aquí nos irrita que el defensor del pueblo actúe como lo hacen sus colegas en numerosos países y se le acusa de protagonismo excesivo y de intromisión en asuntos que rozan con los políticos. Se pasa por alto que en los casos de los cupos de taxis en Veraguas, como el derrame de cianuro en una mina y el polvillo nocivo sobre la población que desparrama una fábrica de cemento, los afectados solicitan directamente la intervención del defensor del pueblo, aunque éste puede hacerlo de oficio.
Amarrar o destituir al defensor del pueblo significa negarle al pueblo el derecho a exigir la solución a problemas específicos.
La demanda de soluciones al Estado y a la sociedad civil en conjunto es inherente a las funciones del defensor del pueblo. A quien corresponda fungir como estadista, hoy y mañana, antes y después de las elecciones de 1999, le tocará atender las solicitudes que el pueblo canaliza a través del defensor del pueblo. Es una responsabilidad del Estado y no de un transitorio partido político en el gobierno. Si entendemos a cabalidad la responsabilidad esencial y no coyuntural del ombudsman, cesarán las rabietas y las presiones y actuaremos como un estado democrático y moderno.
