Ineficacia regulatoria
A estas alturas, cuando dichos cuentahabientes enfrentan pérdidas que exceden 24 millones de dólares, las declaraciones de la funcionaria no son más que una confirmación sobre la ineficacia regulatoria de la antigua Comisión Bancaria Nacional y su sucesora la Superintendencia de Bancos, así como de la Comisión Nacional de Valores y del gobierno en general.
Como bien apunta la superintendente, Providence/Estrellamar tienen más de 10 años de estar operando en y desde Panamá. Localmente, tenían un negocio de financiera, para lo cual contaban con las licencias de rigor; recientemente, sin embargo, salió a la luz pública que internacionalmente servían como intermediarios para canalizar inversiones en los mercados de valores.
Pero lo que no ha querido reconocer la superintendente es que el hecho de que dichas compañías habitualmente estaban solicitando y recibiendo fondos de personas domiciliadas en Panamá convirtió a dicha intermediación en una actividad regulada en este país, ya sea por la Comisión Bancaria (actualmente Superintendencia de Bancos) o por la Comisión Nacional de Valores. Y como sabemos hoy, ninguna de estas entidades intervino para regular la actividad de ambas en este país.
Al señalar a los cuentahabientes como evasores fiscales, la superintendente busca darle sustento al argumento de que ellos no eran más que prestamistas de Providence/Estrellamar, en cuyo caso los intereses ganados hubieran sido gravables. Pero ese argumento sólo tiene asidero si Providence/Estrellamar hubiera utilizado los dineros prestados para generar renta gravable en Panamá. Pues resulta que los dineros no fueron utilizados en dicha forma, sino que fueron invertidos fuera de Panamá, en bolsas de valores extranjeras, en cuyo caso la renta generada está exenta en Panamá.
Casi nada es lo que pueden hacer la Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional de Valores para ayudar a los acreedores de Providence/Estrellamar, pero se empeorará la situación si se insiste en antagonizar a los acreedores, en vez de asimilar la lección y dedicar más recursos a promover la consolidación de los entes reguladores de servicios financieros bajo una sola institución gubernamental, como amplios poderes regulatorios.
Como bien apunta la superintendente, Providence/Estrellamar tienen más de 10 años de estar operando en y desde Panamá. Localmente, tenían un negocio de financiera, para lo cual contaban con las licencias de rigor; recientemente, sin embargo, salió a la luz pública que internacionalmente servían como intermediarios para canalizar inversiones en los mercados de valores.
Pero lo que no ha querido reconocer la superintendente es que el hecho de que dichas compañías habitualmente estaban solicitando y recibiendo fondos de personas domiciliadas en Panamá convirtió a dicha intermediación en una actividad regulada en este país, ya sea por la Comisión Bancaria (actualmente Superintendencia de Bancos) o por la Comisión Nacional de Valores. Y como sabemos hoy, ninguna de estas entidades intervino para regular la actividad de ambas en este país.
Al señalar a los cuentahabientes como evasores fiscales, la superintendente busca darle sustento al argumento de que ellos no eran más que prestamistas de Providence/Estrellamar, en cuyo caso los intereses ganados hubieran sido gravables. Pero ese argumento sólo tiene asidero si Providence/Estrellamar hubiera utilizado los dineros prestados para generar renta gravable en Panamá. Pues resulta que los dineros no fueron utilizados en dicha forma, sino que fueron invertidos fuera de Panamá, en bolsas de valores extranjeras, en cuyo caso la renta generada está exenta en Panamá.
Casi nada es lo que pueden hacer la Superintendencia de Bancos y la Comisión Nacional de Valores para ayudar a los acreedores de Providence/Estrellamar, pero se empeorará la situación si se insiste en antagonizar a los acreedores, en vez de asimilar la lección y dedicar más recursos a promover la consolidación de los entes reguladores de servicios financieros bajo una sola institución gubernamental, como amplios poderes regulatorios.
