Infancia amarga
Las mentes criminales han ganado otra batalla a las autoridades al bajar la edad de imputabilidad de 14 a 12 años. Nos gritan en la cara que la guerra contra el crimen la está perdiendo la sociedad, y no ellos.
La modificación a la Ley 40 parece crear olas de popularidad y aceptación ante el clamor general por frenar los índices delictivos. Bajar la imputabilidad no va aminorar el delito ni la gravedad del mismo, esto simplemente no alcanza, las soluciones no son mágicas.
No se trata de la forma, sino de la aplicación de la ley. Más de 20 jóvenes se encuentran en el Centro de Cumplimiento de Tocumen. Un sitio carente de personal, recursos económicos, infraestructura, y programas de rehabilitación, que pronto experimentará una de sus peores crisis ante la recién aprobada reforma, pues no se cuenta con los recursos económicos y de personal para hacer frente a este nuevo reto.
¿Cuántos diputados visitaron este centro antes de aprobar la ley en cuestión? Ninguno.
En este tema, los políticos hacen ver al adolescente como único causante de sus actos, éste no es más que un discurso mediático de ocasión. ¿Qué autoridades han recorrido la realidad que se vive en estos centros o en los hogares de estos jóvenes delincuentes?
Nadie contraviene la idea de que el delito debe castigarse, pero éste debe ir acompañado de institutos correccionales donde se reeduque al delincuente, no de depósitos humanos que encolerizan la venganza del liberado contra la sociedad que los marginó y olvidó por años.
Cegarnos ante las verdaderas causas que impulsan al joven a cometer un delito puede ser una solución momentánea en la que encerrarnos los unos a los otros nos permita sobrevivir, pero más temprano que tarde, estaremos recriminándonos por qué los niños de 9 y 10 años son los que toman la batuta en este escenario.
