Injustificado apremio
En la edición de Panamá América del 7 de enero apareció un artículo de Gustavo Aparicio, en el que se le atribuye al magistrado Pinilla, del Tribunal Electoral, el anuncio de que el referéndum, para definir la ampliación del Canal de Panamá, se ha programado tentativamente para el 20 de noviembre.
La noticia me ha sorprendido porque a pesar del tiempo transcurrido, varios años desde que la ACP informara sobre el inicio de los estudios respectivos, en estos momentos no se conoce a ciencia cierta lo que ellos hayan concluido, por lo que mal se puede someter a la consulta pública lo que conviene o no hacer con respecto a este trascendental tema. Ni siquiera la ACP le ha puesto fecha de terminación a esta actividad, a la cual sigue destinando una cantidad no despreciable de sus ingresos anuales.
Ello me ha decidido volver al ruedo a objeto de reiterar mis aprensiones por la forma como varios sectores de opinión, incluyendo a la ACP, están tratando insistentemente de convencer a la opinión pública de que conviene realizar, sin dilación, esta consulta popular que, sobre la ampliación del Canal, debe preceder a la decisión final que se adopte al respecto. Y es que frente a las incógnitas que aún deben despejarse, considero más importante que el actual gobierno atienda y resuelva primero otros de los muchos problemas que afectan a nuestra población, en particular, a la calificada como de extrema pobreza a la que en poco o nada beneficia el desarrollo económico del país, a menos que se distribuya más equitativamente la riqueza generada.
Siempre he manifestado que la operación del canal es una de las principales actividades de nuestra economía, de allí que sigo a favor de las medidas que se están implementando cuyo objetivo es mejorar su funcionamiento y su capacidad, sacándole el máximo provecho posible a sus actuales instalaciones, a través de cambios que puedan ser financiados con los propios recursos que genera su operación presente y futura a mediano plazo, pero sin mermar nunca el monto de su aporte anual a las finanzas públicas.
A lo que me he opuesto, reiteradamente, es a los planes anunciados para su expansión por medio de un tercer juego de esclusas, que demanda una cuantiosa inversión, estimada por ahora en varios millones de dólares, que como en el caso de esta clase de macro proyectos, pocas veces resulta al final menor sino todo lo contrario, incrementada por los imprevistos que surgen durante su ejecución. Además, porque tal cantidad exorbitante para el tamaño de nuestra economía, requeriría hipotecar el futuro de un número plural de las siguientes generaciones.
Todo indica que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tendrá que continuar profundizando y actualizando los estudios necesarios para disminuir, al máximo, el riesgo que representan las diferentes rutas competitivas alternas y cambios de todo orden que se puedan dar en el comercio marítimo mundial, que podrían afectar negativamente el uso del canal ampliado, y en consecuencia, la rentabilidad de su operación financiera.
Lo que sí cabe es sacarle todo el provecho posible al actual canal, y dedicar primero los ingentes recursos que exigiría su ampliación proyectada, a desarrollar la economía nacional por medio de nuevas acciones como lo son las respaldadas por nuestra privilegiada posición geográfica, ventaja que está todavía en espera de su máximo desarrollo potencial. Entre ellas nos merece especial mención el desarrollo del turismo externo que requiere la participación del Estado por las cuantiosas inversiones que demanda mejorar las necesarias infraestructuras de todo orden, para hacerlo atractivo y competitivo con el de países como Costa Rica, Dominicana y Cuba que han obtenido del mismo un alto porcentaje de su PIB.
Ojalá el actual mandatario panameño haga buenas sus recientes manifestaciones de que la ampliación del canal exige mayor estudio y consideración, a pesar de lo que manifiestan los que están empeñados en someter la decisión en este tema antes de que termine el presente año, jugando a la ruleta rusa con el futuro del país en materia económica.
La noticia me ha sorprendido porque a pesar del tiempo transcurrido, varios años desde que la ACP informara sobre el inicio de los estudios respectivos, en estos momentos no se conoce a ciencia cierta lo que ellos hayan concluido, por lo que mal se puede someter a la consulta pública lo que conviene o no hacer con respecto a este trascendental tema. Ni siquiera la ACP le ha puesto fecha de terminación a esta actividad, a la cual sigue destinando una cantidad no despreciable de sus ingresos anuales.
Ello me ha decidido volver al ruedo a objeto de reiterar mis aprensiones por la forma como varios sectores de opinión, incluyendo a la ACP, están tratando insistentemente de convencer a la opinión pública de que conviene realizar, sin dilación, esta consulta popular que, sobre la ampliación del Canal, debe preceder a la decisión final que se adopte al respecto. Y es que frente a las incógnitas que aún deben despejarse, considero más importante que el actual gobierno atienda y resuelva primero otros de los muchos problemas que afectan a nuestra población, en particular, a la calificada como de extrema pobreza a la que en poco o nada beneficia el desarrollo económico del país, a menos que se distribuya más equitativamente la riqueza generada.
Siempre he manifestado que la operación del canal es una de las principales actividades de nuestra economía, de allí que sigo a favor de las medidas que se están implementando cuyo objetivo es mejorar su funcionamiento y su capacidad, sacándole el máximo provecho posible a sus actuales instalaciones, a través de cambios que puedan ser financiados con los propios recursos que genera su operación presente y futura a mediano plazo, pero sin mermar nunca el monto de su aporte anual a las finanzas públicas.
A lo que me he opuesto, reiteradamente, es a los planes anunciados para su expansión por medio de un tercer juego de esclusas, que demanda una cuantiosa inversión, estimada por ahora en varios millones de dólares, que como en el caso de esta clase de macro proyectos, pocas veces resulta al final menor sino todo lo contrario, incrementada por los imprevistos que surgen durante su ejecución. Además, porque tal cantidad exorbitante para el tamaño de nuestra economía, requeriría hipotecar el futuro de un número plural de las siguientes generaciones.
Todo indica que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) tendrá que continuar profundizando y actualizando los estudios necesarios para disminuir, al máximo, el riesgo que representan las diferentes rutas competitivas alternas y cambios de todo orden que se puedan dar en el comercio marítimo mundial, que podrían afectar negativamente el uso del canal ampliado, y en consecuencia, la rentabilidad de su operación financiera.
Lo que sí cabe es sacarle todo el provecho posible al actual canal, y dedicar primero los ingentes recursos que exigiría su ampliación proyectada, a desarrollar la economía nacional por medio de nuevas acciones como lo son las respaldadas por nuestra privilegiada posición geográfica, ventaja que está todavía en espera de su máximo desarrollo potencial. Entre ellas nos merece especial mención el desarrollo del turismo externo que requiere la participación del Estado por las cuantiosas inversiones que demanda mejorar las necesarias infraestructuras de todo orden, para hacerlo atractivo y competitivo con el de países como Costa Rica, Dominicana y Cuba que han obtenido del mismo un alto porcentaje de su PIB.
Ojalá el actual mandatario panameño haga buenas sus recientes manifestaciones de que la ampliación del canal exige mayor estudio y consideración, a pesar de lo que manifiestan los que están empeñados en someter la decisión en este tema antes de que termine el presente año, jugando a la ruleta rusa con el futuro del país en materia económica.
