Inseguridad ciudadana y adolescentes infractores
A corto plazo se vislumbra la aprobación de las reformas a la ley penal de adolescentes, de 1998 y modificada en 2003, con la siguiente calificación de juzgar a los adolescentes infractores como adultos, condenándolos con una pena máxima de veinte años. Las razones que fundamentan las mismas obedecen, según se dice, al aumento de la criminalidad por parte de los menores, y responden al clamor ciudadano de frenar la delincuencia y restablecer la inseguridad ciudadana.
El sentimiento de inseguridad y miedo al delito se respira en la mayoría de las sociedades modernas, producto en ocasiones de medios de comunicación de masa que provocan una distorsión de la realidad, provocando cambios en los hábitos y costumbres de los ciudadanos, traduciéndose en una sensación de que se puede ser víctima de un delito.
En una democracia debe tenerse claro que siempre habrá delitos y que, necesariamente, deberá recurrirse a la pena, y que la violencia criminal significa un desafío para el Estado, pues se percibe como "ineficacia" en la lucha contra el crimen, y conlleva a la discusión de la prevención del delito.
En cuanto a los delincuentes, es un grave error juzgarlos por su vestimenta o por provenir de barrios marginados, o simplemente por aparentar una actitud sospechosa; éstos están en todas partes, y proceden de todas las esferas sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y la única respuesta que se nos ocurre es el aumento draconiano de la pena de prisión, tendencia que se ha dado en Latinoamérica en los últimos años, mientras el sistema penitenciario se mantiene saturado y se plantea la construcción de nuevas cárceles, tal como lo ha indicado Rotman, que en el caso de Costa Rica se aumentaron las penas a 50 años, en vez de 25 como estaba previsto, y como era de esperar, no ha provocado una disminución del delito.
La prevención del delito ciertamente se ejerce por la pena, advirtiendo o previniendo a otras personas que no deben hacer lo hecho por la aquella que ha sido castigada; sin embargo, esto no impide que las normas penales sean ineficaces, para algunos sujetos, denominados peligrosos, y es obvio que habiendo cometido el delito, deba recurrirse a la prevención especial.
Ahora bien, en lo que respecta al caso concreto de los adolescentes, tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos hacer al respecto?
Y en este caso, se plantea como única alternativa sin la mínima cautela, que los adolescentes infractores se les someta al régimen jurídico penal de los adultos, hecho que constituye un grave error de política criminal.
Y, en efecto, como indica Borja Jiménez, nos vamos por la solución fácil, y lo convertimos en un problema de dimensiones insospechadas, pues etiquetamos de por vida al sujeto conduciéndolo hacia una carrera criminal.
Por otro lado, es necesario preguntarnos todos, qué estamos haciendo por nuestros niños y jóvenes, para alejarlos de malos comportamientos. Les estamos dando esperanzas, consejos, los apoyamos, les escuchamos, les damos nuestro tiempo. A lo mejor sí, pero en general, no; pues reaccionamos simplemente con castigos, sin tomar en consideración los motivos por los cuales se comportan así.
Para muchos, el problema de la delincuencia es culpa de la crisis de valores en la sociedad y en la familia, y no faltan aquellos que le atribuyen esta responsabilidad a la Convención de los Derechos del Niño, pues según éstos los padres han perdido su autoridad, hecho que no es cierto.
El problema de la delincuencia de niños y adolescentes es sumamente complejo, y los padres deben asumir su responsabilidad educando al menor de hoy, respetando sus derechos, sin darle demasiadas libertades.
En este sentido, cabe señalar, que hay innumerables hábitos y costumbres de niños y jóvenes, tolerados por los padres, que están distorsionando la personalidad de los mismos, y en la que se exige una intervención, como por ejemplo, salir a las fiestas después de las diez de la noche, y llegar a casa después de las cuatro de la mañana, la celebración de quince años en discotecas, la asistencia al cine sin compañía de adultos, que luego más tarde son recogidos por sus padres, las constantes reuniones "chéveres" con cerveza y cigarrillo, entre otros.
Para frenar la delincuencia, debemos conocer a nuestros niños y jóvenes, y estar atentos a su comportamiento, y en este caso el rol de la familia juega un papel decisivo, compartido con el de la escuela, y el de la comunidad.
El sentimiento de inseguridad y miedo al delito se respira en la mayoría de las sociedades modernas, producto en ocasiones de medios de comunicación de masa que provocan una distorsión de la realidad, provocando cambios en los hábitos y costumbres de los ciudadanos, traduciéndose en una sensación de que se puede ser víctima de un delito.
En una democracia debe tenerse claro que siempre habrá delitos y que, necesariamente, deberá recurrirse a la pena, y que la violencia criminal significa un desafío para el Estado, pues se percibe como "ineficacia" en la lucha contra el crimen, y conlleva a la discusión de la prevención del delito.
En cuanto a los delincuentes, es un grave error juzgarlos por su vestimenta o por provenir de barrios marginados, o simplemente por aparentar una actitud sospechosa; éstos están en todas partes, y proceden de todas las esferas sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y la única respuesta que se nos ocurre es el aumento draconiano de la pena de prisión, tendencia que se ha dado en Latinoamérica en los últimos años, mientras el sistema penitenciario se mantiene saturado y se plantea la construcción de nuevas cárceles, tal como lo ha indicado Rotman, que en el caso de Costa Rica se aumentaron las penas a 50 años, en vez de 25 como estaba previsto, y como era de esperar, no ha provocado una disminución del delito.
La prevención del delito ciertamente se ejerce por la pena, advirtiendo o previniendo a otras personas que no deben hacer lo hecho por la aquella que ha sido castigada; sin embargo, esto no impide que las normas penales sean ineficaces, para algunos sujetos, denominados peligrosos, y es obvio que habiendo cometido el delito, deba recurrirse a la prevención especial.
Ahora bien, en lo que respecta al caso concreto de los adolescentes, tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos hacer al respecto?
Y en este caso, se plantea como única alternativa sin la mínima cautela, que los adolescentes infractores se les someta al régimen jurídico penal de los adultos, hecho que constituye un grave error de política criminal.
Y, en efecto, como indica Borja Jiménez, nos vamos por la solución fácil, y lo convertimos en un problema de dimensiones insospechadas, pues etiquetamos de por vida al sujeto conduciéndolo hacia una carrera criminal.
Por otro lado, es necesario preguntarnos todos, qué estamos haciendo por nuestros niños y jóvenes, para alejarlos de malos comportamientos. Les estamos dando esperanzas, consejos, los apoyamos, les escuchamos, les damos nuestro tiempo. A lo mejor sí, pero en general, no; pues reaccionamos simplemente con castigos, sin tomar en consideración los motivos por los cuales se comportan así.
Para muchos, el problema de la delincuencia es culpa de la crisis de valores en la sociedad y en la familia, y no faltan aquellos que le atribuyen esta responsabilidad a la Convención de los Derechos del Niño, pues según éstos los padres han perdido su autoridad, hecho que no es cierto.
El problema de la delincuencia de niños y adolescentes es sumamente complejo, y los padres deben asumir su responsabilidad educando al menor de hoy, respetando sus derechos, sin darle demasiadas libertades.
En este sentido, cabe señalar, que hay innumerables hábitos y costumbres de niños y jóvenes, tolerados por los padres, que están distorsionando la personalidad de los mismos, y en la que se exige una intervención, como por ejemplo, salir a las fiestas después de las diez de la noche, y llegar a casa después de las cuatro de la mañana, la celebración de quince años en discotecas, la asistencia al cine sin compañía de adultos, que luego más tarde son recogidos por sus padres, las constantes reuniones "chéveres" con cerveza y cigarrillo, entre otros.
Para frenar la delincuencia, debemos conocer a nuestros niños y jóvenes, y estar atentos a su comportamiento, y en este caso el rol de la familia juega un papel decisivo, compartido con el de la escuela, y el de la comunidad.
