Institucionalidad amenazada
Primero fue un destacado jurista que, sin medir consecuencias y resultados para la vida institucional y democrática del país, señaló como un hecho intrascendente que el Organo Ejecutivo cerrara la Asamblea Legislativa. Ahora resulta que mediante un acto administrativo dictado por el primero, se sugiere darle posesión del cargo a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia a dos connotados militantes políticos, sin reparar o dejar que el Parlamento cumpla con su función de aprobar o improbar tales designaciones.
Flaco favor le hizo la magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera a la justicia panameña, a contrapelo del artículo 31 del Código Judicial y al artículo 341 del Código Penal, al sostener la viabilidad de tal orquestada idea. Hay que ser serio con el país. Cuando conviene, se opina como jurista y cuando no, como político. Tanto Eligio Salas y la magistrada citada, como los que firmen algún Decreto Ejecutivo conteniendo tal exabrupto como es este acto administrativo de toma de posesión, se exponen a procesos penales por violación a las leyes. Los asesores jurídicos, los de verdad, conocen perfectamente que un decreto ejecutivo es una normativa de inferior categoría a la Ley. Guste o no guste, jurídicamente el dogma piramidal kelseniano es la columna de Hércules de todo sistema jurídico.
Todas estas escaramuzas embestidas de pseudos legalidades, son peligrosas y amenazan la precaria institucionalidad jurídico-político y de continuar, terminarán por enterrar la democracia panameña.
Como demócrata panameño, llamamos a la sensatez a la clase política del país.
Dentro de este contexto, la sociedad civil y todos sus sectores organizados deben procurar algún nivel de entendimiento, a fin de conjurar todo acto o hecho que implique un giro autoritario de la vida nacional.
Se trata entonces de levantar un plan de salvación nacional que esté dirigido a resolver los problemas sociales de las grandes mayorías y a fortalecer el rumbo democrático del país.
Flaco favor le hizo la magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera a la justicia panameña, a contrapelo del artículo 31 del Código Judicial y al artículo 341 del Código Penal, al sostener la viabilidad de tal orquestada idea. Hay que ser serio con el país. Cuando conviene, se opina como jurista y cuando no, como político. Tanto Eligio Salas y la magistrada citada, como los que firmen algún Decreto Ejecutivo conteniendo tal exabrupto como es este acto administrativo de toma de posesión, se exponen a procesos penales por violación a las leyes. Los asesores jurídicos, los de verdad, conocen perfectamente que un decreto ejecutivo es una normativa de inferior categoría a la Ley. Guste o no guste, jurídicamente el dogma piramidal kelseniano es la columna de Hércules de todo sistema jurídico.
Todas estas escaramuzas embestidas de pseudos legalidades, son peligrosas y amenazan la precaria institucionalidad jurídico-político y de continuar, terminarán por enterrar la democracia panameña.
Como demócrata panameño, llamamos a la sensatez a la clase política del país.
Dentro de este contexto, la sociedad civil y todos sus sectores organizados deben procurar algún nivel de entendimiento, a fin de conjurar todo acto o hecho que implique un giro autoritario de la vida nacional.
Se trata entonces de levantar un plan de salvación nacional que esté dirigido a resolver los problemas sociales de las grandes mayorías y a fortalecer el rumbo democrático del país.
