Institucionalidad amenazada
La situación por la que atraviesa la jefa del Ministerio Público Ana Matilde Gómez Ruiloba, se ha convertido en una mayúscula preocupación para quienes luchamos por la recuperación de la democracia.
El descabellado proceso que le sigue, en calidad de investigador especial, la Procuraduría de la Administración, no tiene ni pies ni cabeza ni mucho menos asidero jurídico.
En ninguna de las partes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 17 de julio de 2007, que declaró inconstitucional la resolución emitida por la Procuradora, que autorizaba la interceptación del teléfono de una presunta víctima de extorsión realizada por uno de los fiscales del Ministerio Público, se estableció, porque no podía hacerse, que al realizar un acto administrativo judicial que 23 meses después fue declarado inconstitucional, se estaba cometiendo un delito.
La Procuradora está siendo víctima de un choque entre dos políticos, uno en el poder y otro con influencias en organismos del engranaje estatal.
Mientras tanto, unánimemente, los gremios serios del país se pronuncian advirtiendo del peligro que se cierne sobre nuestra incipiente institucionalidad y sobre nuestra democracia. Ojalá la Corte Suprema actúe como se espera de ella.
