Insuficiencia renal crónica terminal, tema de salud pública
Las estadísticas registradas en estos últimos años en casi todos los países del mundo, indican que la Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) dentro de poco será considerada una epidemia. Es que los daños producidos al paciente, en la medida que la enfermedad avanza, dificultan su capacidad productiva normal hasta llevarlo a la muerte. Es un mal que avanza lenta, progresivamente e irreversible hasta que el paciente necesite de uno de los tres tratamientos existentes hoy en día (diálisis peritoneal, hemodiálisis o transplante).
En Panamá, las instituciones médicas privadas o estatales no cuentan con estadísticas sobre las posibles causas que están incidiendo en el aumento de pacientes con problemas renales que a la larga, por la poca información médica preventiva que reciben, terminan con diagnóstico de IRCT, y están entrando en una crisis de salud pública a la cual no se le está dando la importancia que se merece.
Frecuentemente tomamos a Estados Unidos como referencia para las consideraciones sobre algún tema determinado. Pues bien, allá los gastos que tiene la salud pública para la atención de esta enfermedad están por los nueve billones de dólares anuales, son más de 300,000 mil personas que están bajo algunos de los programas de tratamiento y unas 70,000 mil mueren cada año por este mal.
No soy partidario de ver los resultados de otros para preocuparme por los míos, solamente quiero mostrar los avances de esta enfermedad en la mayor potencia económica del mundo. Ellos tienen todo el dinero para atender a sus ciudadanos una vez están enfermos; pero éste no es nuestro caso, aquí no hay suficiente recurso económico y el poco que existe es mal distribuido y no alcanza para la atención adecuada de la salud pública, que es una obligación del Estado a través del gobierno.
Nuestras autoridades médicas están obligadas a considerar la IRCT como uno de los temas de prioridad dentro de las actuales y futuras proyecciones de atención de salud. No hacerlo es permitir que el país se enfrente a una crisis que causará grandes costos económicos para los cuales no tendremos respuesta y la pérdida de vidas humanas puede ser mucha.
Actualmente no tenemos registros de cuántos pacientes se atienden en las distintas instituciones médicas, sea estatal o privada, con problemas renales; tampoco hay registro de cuál es la posible causa de esta enfermedad, pero podrían ser la diabetes, presión arterial, enfermedades no tratadas en las vías urinarias, el sistema inmunológico, el propio riñón, etc.. Sin estas estadísticas es muy difícil que podamos hacer frente a la insuficiencia renal crónica terminal, la cual avanza como una plaga.
Por otra parte, es necesario y urgente que el Hospital Santo Tomás tenga para la atención, un pabellón de Nefrología con sus tres programas Hemodiálisis, Diálisis Peritonial y Transplante. Por otro lado, el Hospital San Judas Tadeo necesita que la administración de la Caja de Seguro Social (CSS), construya la sala de Hemodiálisis.
Existen dificultades en los hospitales del interior del país para contar con el equipo médico especialista de nefrología y enfermeras técnicas en atención de los programas de IRCT. Es de urgencia resolver la situación mediante el traslado de médicos panameños a esta área del país donde también viven panameños o habrá que traer personal del extranjero para brindar este servicio público necesario. La construcción en las provincias centrales de las salas de atención de la IRCT es indispensable para la población de pacientes que cada mes aumenta en este sector del país. El FIS tiene un compromiso con los enfermos de estos sectores al asegurar que financiaría las mismas por ser una necesidad de salud social.
No creo que la solución a esta enfermedad está en crear muchas salas de tratamiento con todos los equipamientos necesarios. Esta es la solución para los que ya están dentro de prevenir este mal. Los registros estadísticos médicos son un instrumento adecuado como parámetro para dar mayor información a la población sobre esta enfermedad y tratar de lograr conciencia sobre el tema, al igual que se realiza con el SIDA o el cáncer.
Si en Panamá se deja que los mercenarios de la salud, que están enquistados en todas los eslabones de la cadena sanitaria, impidan la atención adecuada de esta enfermedad por parte de las autoridades del gobierno, porque se atenta contra sus intereses mezquinos y particulares, difícilmente los pacientes (quienes en su mayoría no cuentan con los recursos económicos necesarios o una buena póliza de salud) cubrirán los gastos totales de la enfermedad; se obtendrá un número considerable de pacientes en los hospitales o clínicas privadas al realizarse algunos de los tratamientos y el Gobierno no tendrá los recursos para costearlos, creandose un verdadero problema social por el aumento de pensionados y las pérdidas de vidas.
La IRCT sí es un tema de salud pública. Pretender llevar este problema sólo a la CSS es un error; la responsabilidad directa es del Ministerio de Salud, encargado de la atención médica social del país. Permitir que se siga aumentando el número de pensionados en edad laboral, que sea necesario invadir el país de salas de tratamiento por falta de una política preventiva de salud o que las estadísticas de muertes por día aumenten ante la falta de soluciones a las deficiencias de hoy y las que se avecinan, es una responsabilidad del Ministerio de Salud.
En Panamá, las instituciones médicas privadas o estatales no cuentan con estadísticas sobre las posibles causas que están incidiendo en el aumento de pacientes con problemas renales que a la larga, por la poca información médica preventiva que reciben, terminan con diagnóstico de IRCT, y están entrando en una crisis de salud pública a la cual no se le está dando la importancia que se merece.
Frecuentemente tomamos a Estados Unidos como referencia para las consideraciones sobre algún tema determinado. Pues bien, allá los gastos que tiene la salud pública para la atención de esta enfermedad están por los nueve billones de dólares anuales, son más de 300,000 mil personas que están bajo algunos de los programas de tratamiento y unas 70,000 mil mueren cada año por este mal.
No soy partidario de ver los resultados de otros para preocuparme por los míos, solamente quiero mostrar los avances de esta enfermedad en la mayor potencia económica del mundo. Ellos tienen todo el dinero para atender a sus ciudadanos una vez están enfermos; pero éste no es nuestro caso, aquí no hay suficiente recurso económico y el poco que existe es mal distribuido y no alcanza para la atención adecuada de la salud pública, que es una obligación del Estado a través del gobierno.
Nuestras autoridades médicas están obligadas a considerar la IRCT como uno de los temas de prioridad dentro de las actuales y futuras proyecciones de atención de salud. No hacerlo es permitir que el país se enfrente a una crisis que causará grandes costos económicos para los cuales no tendremos respuesta y la pérdida de vidas humanas puede ser mucha.
Actualmente no tenemos registros de cuántos pacientes se atienden en las distintas instituciones médicas, sea estatal o privada, con problemas renales; tampoco hay registro de cuál es la posible causa de esta enfermedad, pero podrían ser la diabetes, presión arterial, enfermedades no tratadas en las vías urinarias, el sistema inmunológico, el propio riñón, etc.. Sin estas estadísticas es muy difícil que podamos hacer frente a la insuficiencia renal crónica terminal, la cual avanza como una plaga.
Por otra parte, es necesario y urgente que el Hospital Santo Tomás tenga para la atención, un pabellón de Nefrología con sus tres programas Hemodiálisis, Diálisis Peritonial y Transplante. Por otro lado, el Hospital San Judas Tadeo necesita que la administración de la Caja de Seguro Social (CSS), construya la sala de Hemodiálisis.
Existen dificultades en los hospitales del interior del país para contar con el equipo médico especialista de nefrología y enfermeras técnicas en atención de los programas de IRCT. Es de urgencia resolver la situación mediante el traslado de médicos panameños a esta área del país donde también viven panameños o habrá que traer personal del extranjero para brindar este servicio público necesario. La construcción en las provincias centrales de las salas de atención de la IRCT es indispensable para la población de pacientes que cada mes aumenta en este sector del país. El FIS tiene un compromiso con los enfermos de estos sectores al asegurar que financiaría las mismas por ser una necesidad de salud social.
No creo que la solución a esta enfermedad está en crear muchas salas de tratamiento con todos los equipamientos necesarios. Esta es la solución para los que ya están dentro de prevenir este mal. Los registros estadísticos médicos son un instrumento adecuado como parámetro para dar mayor información a la población sobre esta enfermedad y tratar de lograr conciencia sobre el tema, al igual que se realiza con el SIDA o el cáncer.
Si en Panamá se deja que los mercenarios de la salud, que están enquistados en todas los eslabones de la cadena sanitaria, impidan la atención adecuada de esta enfermedad por parte de las autoridades del gobierno, porque se atenta contra sus intereses mezquinos y particulares, difícilmente los pacientes (quienes en su mayoría no cuentan con los recursos económicos necesarios o una buena póliza de salud) cubrirán los gastos totales de la enfermedad; se obtendrá un número considerable de pacientes en los hospitales o clínicas privadas al realizarse algunos de los tratamientos y el Gobierno no tendrá los recursos para costearlos, creandose un verdadero problema social por el aumento de pensionados y las pérdidas de vidas.
La IRCT sí es un tema de salud pública. Pretender llevar este problema sólo a la CSS es un error; la responsabilidad directa es del Ministerio de Salud, encargado de la atención médica social del país. Permitir que se siga aumentando el número de pensionados en edad laboral, que sea necesario invadir el país de salas de tratamiento por falta de una política preventiva de salud o que las estadísticas de muertes por día aumenten ante la falta de soluciones a las deficiencias de hoy y las que se avecinan, es una responsabilidad del Ministerio de Salud.
