"Intentonas de academicidio"
La rectoría del Dr. García de Paredes y su equipo de vicerrectores, decanos, directores de Centros Regionales y demás, con muy contadas excepciones, mantiene una marcada y alarmante tendencia a socavar, restringir o suprimir la libertad académica y la autonomía que debe regir en la Universidad de Panamá. No pasa día en la Universidad en que no se asista a una u otra práctica destinada a perpetrar un "academicidio" revestido de un ropaje de legalidad. Esto guarda una relación directa con la contracción que experimenta desde hace años en Panamá el sistema de educación superior, justificada lo más frecuentemente en aras de la austeridad económica y/o la conveniencia política.
Cada vez más se les niega a los miembros de la comunidad académica el derecho y la oportunidad -sin discriminación alguna- de tomar parte en la conducción de los asuntos académicos y administrativos. El efecto más alarmante en los últimos meses ha sido una gran cantidad de medidas y actos que transgreden preceptos legales, lo cual acarrea serias y graves dificultades para la Universidad y los universitarios, al igual que las crecientes violaciones de los Derechos Humanos de los profesores e investigadores, entre quienes cabe mencionar a los catedráticos: Celestino Araúz, Tomás Arias, Federico Ardila Acuña, Alfredo Castillero Calvo, Edwin Díaz, Franklin Miranda, Sigerico Ortiz, Milcíades Pinzón, Simón Vega, además del suscrito. Todos venimos siendo objeto de "medidas disciplinarias" y de otra naturaleza, mientras aumenta el clima de amenaza y persecución hacia decenas de otros profesores.
Las agrupaciones de profesores de la Universidad de Panamá en todo el país, han venido realizando intentos para responder a los diversos retos resultantes de la erosión de la libertad académica que se manifiesta por la persecución desatada por la administración presidida por García de Paredes, además de la intentona de imponer -a como de lugar- un anteproyecto de ley universitaria que ha sido rechazado por la mayoría de las unidades académicas por "no contemplar las características y condiciones de una Universidad orientada hacia el siglo XXI"; porque "se dejan abiertas oportunidades para que el estatuto se erija por encima de la Ley y se cometan improvisaciones que puedan llevar a a abusos y arbitrariedades en el futuro; porque "carece de una exposición de motivos que contextualice los cambios propuestos" .
Como bien se ha destacado: "es un proyecto que establece el principio hegemónico de las autoridades sobre las instituciones por lo que el régimen interno puede ser una dictadura autocrática. Deja en el limbo para la conveniente interpretación del que tenga el poder, la cuestión del salario, la investigación, la carrera académica. Al dejar los aspectos más importantes de la vida universitaria como una norma inferior a la Ley, la entidad queda sujeta a la presunción de legalidad del rector, sometida a los organismos de poder y a la arbitrariedad de sujetos transitorios... Por lo que la vida universitaria quedará en un pantano jurídico...Los profesores y los estudiantes seremos una especie de súbditos y tendremos que litigar en la Corte Suprema para pelear por derechos que no están en la Ley".
En la administración presidida por García de Paredes no prevalece una concepción clara de la libertad académica, de sus diversas dimensiones y de sus implicaciones. Hay una marcada tendencia a mantener la Universidad en función de la conveniencia de quienes la controlan con argucias administrativas y la mantienen en las tinieblas. Se nos quiere negar cualquier posibilidad para lograr que la enseñanza y la investigación se desarrollen conforme a las normas profesionales y puedan responder a los problemas contemporáneos que enfrenta nuestra sociedad.
En sus incontenibles deseos de mantener a la Universidad en la vorágine de la politiquería, ahora se pretende improvisar -en diez días- un "referéndum" para imponer la reelección de las actuales autoridades envuelta en el antidemocrático anteproyecto. Así, el pasado martes, en forma precipitada, el Rector de la Universidad de Panamá abandonó una reunión que sostenía con sus funcionarios sobre cómo imponer "su ley" y se dirigió apresuradamente al Palacio de las Garzas. Una prolongada reunión con el Presidente de la República, Martín Torrijos, lo esperaba y buscar así sumarlo a las intentonas del "academicidio" que se perpetra en la Casa de Méndez Pereira.
Cabe alertar al señor Presidente que tenga muy presente que "todo Estado debe garantizar el derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo...". De convertirse en cómplice, por acción o por omisión, de las intentonas de "academicidio" de los actuales regentes de la Universidad, estaría cometiendo un gravísimo error, además de servir de instrumento a la persecución.
Cada vez más se les niega a los miembros de la comunidad académica el derecho y la oportunidad -sin discriminación alguna- de tomar parte en la conducción de los asuntos académicos y administrativos. El efecto más alarmante en los últimos meses ha sido una gran cantidad de medidas y actos que transgreden preceptos legales, lo cual acarrea serias y graves dificultades para la Universidad y los universitarios, al igual que las crecientes violaciones de los Derechos Humanos de los profesores e investigadores, entre quienes cabe mencionar a los catedráticos: Celestino Araúz, Tomás Arias, Federico Ardila Acuña, Alfredo Castillero Calvo, Edwin Díaz, Franklin Miranda, Sigerico Ortiz, Milcíades Pinzón, Simón Vega, además del suscrito. Todos venimos siendo objeto de "medidas disciplinarias" y de otra naturaleza, mientras aumenta el clima de amenaza y persecución hacia decenas de otros profesores.
Las agrupaciones de profesores de la Universidad de Panamá en todo el país, han venido realizando intentos para responder a los diversos retos resultantes de la erosión de la libertad académica que se manifiesta por la persecución desatada por la administración presidida por García de Paredes, además de la intentona de imponer -a como de lugar- un anteproyecto de ley universitaria que ha sido rechazado por la mayoría de las unidades académicas por "no contemplar las características y condiciones de una Universidad orientada hacia el siglo XXI"; porque "se dejan abiertas oportunidades para que el estatuto se erija por encima de la Ley y se cometan improvisaciones que puedan llevar a a abusos y arbitrariedades en el futuro; porque "carece de una exposición de motivos que contextualice los cambios propuestos" .
Como bien se ha destacado: "es un proyecto que establece el principio hegemónico de las autoridades sobre las instituciones por lo que el régimen interno puede ser una dictadura autocrática. Deja en el limbo para la conveniente interpretación del que tenga el poder, la cuestión del salario, la investigación, la carrera académica. Al dejar los aspectos más importantes de la vida universitaria como una norma inferior a la Ley, la entidad queda sujeta a la presunción de legalidad del rector, sometida a los organismos de poder y a la arbitrariedad de sujetos transitorios... Por lo que la vida universitaria quedará en un pantano jurídico...Los profesores y los estudiantes seremos una especie de súbditos y tendremos que litigar en la Corte Suprema para pelear por derechos que no están en la Ley".
En la administración presidida por García de Paredes no prevalece una concepción clara de la libertad académica, de sus diversas dimensiones y de sus implicaciones. Hay una marcada tendencia a mantener la Universidad en función de la conveniencia de quienes la controlan con argucias administrativas y la mantienen en las tinieblas. Se nos quiere negar cualquier posibilidad para lograr que la enseñanza y la investigación se desarrollen conforme a las normas profesionales y puedan responder a los problemas contemporáneos que enfrenta nuestra sociedad.
En sus incontenibles deseos de mantener a la Universidad en la vorágine de la politiquería, ahora se pretende improvisar -en diez días- un "referéndum" para imponer la reelección de las actuales autoridades envuelta en el antidemocrático anteproyecto. Así, el pasado martes, en forma precipitada, el Rector de la Universidad de Panamá abandonó una reunión que sostenía con sus funcionarios sobre cómo imponer "su ley" y se dirigió apresuradamente al Palacio de las Garzas. Una prolongada reunión con el Presidente de la República, Martín Torrijos, lo esperaba y buscar así sumarlo a las intentonas del "academicidio" que se perpetra en la Casa de Méndez Pereira.
Cabe alertar al señor Presidente que tenga muy presente que "todo Estado debe garantizar el derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo...". De convertirse en cómplice, por acción o por omisión, de las intentonas de "academicidio" de los actuales regentes de la Universidad, estaría cometiendo un gravísimo error, además de servir de instrumento a la persecución.
