Intervención estatal

En momentos en que la economía mundial se desmorona, las recetas recomendadas han sido la de promover la intervención estatal en las áreas en crisis y realizar programas de asistencia directa para los más vulnerables. Algunos sectores plantean que no hay que realizar ninguna intervención, sino que se debe dejar que los responsables paguen el costo de su irresponsabilidad. Unos plantean que hay que buscar un aterrizaje suave y otros proponen que al mal trago hay que darle prisa. Probablemente todos tengan algo de razón. Los países que han sido exitosos comprenden que la sociedad produce el mayor grado de bienestar y felicidad cuando hay un mayor grado de libertad y de responsabilidad. A menor intervención estatal mayor libertad y también mayor responsabilidad.

Ahora bien, cuando un sector, una organización o una actividad se torna en disfuncional y no es capaz de salir de esta situación por sus propios medios, es el deber del Estado intervenir. Pero esta intervención debe ser limitada. Limitada a detener la disfuncionalidad, limitada a poner al ente intervenido en capacidad de funcionar adecuadamente y -en la situación óptima- reestructurarlo de manera que pueda evitar futuras crisis o tenga mecanismos autónomos para salir de ella en el futuro.

La intervención estatal tiene que ser, pues, en la mayoría de los casos, de índole temporal.

Es la prudencia de los gobernantes y la voluntad de los gobernados lo que determina la justificación, el momento, el tiempo y la forma de la intervención. Hacerlo injustificadamente, a destiempo, por un período mayor o menor del necesario y afectando la capacidad de regeneración, es dañino para la sociedad en general y para el ente intervenido en particular.

Esperemos que nuestros gobernantes tengan la prudencia necesaria para saber cuando hay que intervenir y cuando no.