Inversiones depredadoras, ¿hasta cuándo?
La noticia le la vuelta al mundo. Un millar de indígenas de la tribu brasileña tembé-ténêtéhar, habitantes de la reserva amazónica de Alto Río Guamá en el Estado de Pará, firmarán un contrato para la venta de créditos de dióxido de carbono por aproximadamente medio millón de dólares al año, que será distribuido entre ellos a través de bolsas familiares. Por esta suma (que habría que estimar si es la cantidad justa), los indígenas se comprometen a preservar la flora en un territorio de 280 mil hectáreas en su comarca, ubicada en la selva amazónica. Esta etnia sufre el hostigamiento de empresas madereras que operan en forma ilegal acabando con el bosque, pues sobornan a los aborígenes -aprovechando sus necesidades -para talar miles de árboles.
La propuesta viene de una empresa estadounidense, pero el modelo de gestión lo confeccionó la Universidad Federal de Pará. La empresa, al aportar este ingreso por cuidar la selva, quiere apoyar lo que los indígenas han hecho ancestralmente, ser los mejores guardianes de un enorme depósito natural de absorción de dióxido de carbono. Se estima que cada hectárea de la reserva capta 145 toneladas de dióxido de carbono, o sea un volumen total de unos 15 mil millones de toneladas de dióxido de carbono; una tercera parte de lo que captura la selva amazónica. Toda esa cantidad fuese liberada en la atmósfera terrestre agravaría significativamente el cambio climático. Súmese a esto el potencial medicinal subyacente en estas áreas de gran diversidad.
Este tipo de inversión articulada a lo ambiental, que habría que estudiarla a fondo, no es la que tenemos en Panamá. Por el contrario, lo que prevalece en este país es una visión extractivista, depredadora del ambiente y violatoria de los derechos humanos de la población rural e indígena, y esto sucede ante la indiferencia, inacción o complicidad de los gobiernos. Allí están las concesiones y explotaciones de minería metálica a cielo abierto, hidroeléctricas, ganadería extensiva, que amenazan fuentes de agua, bosques, el aire y los asentamientos humanos con el mejor estilo de un capitalismo salvaje (Condenado en varias encíclicas vaticanas). El que parece sólo moverse en base a una insaciable sed de ganancias, en menoscabo del necesario desarrollo sostenible. La pregunta es: ¿Hasta cuándo?
El Convenio 169 de la OIT es muy claro al establecer que los pueblos indígenas deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. ¿Cuándo lo haremos?
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