Investigaciones deficientes en los robos de autos
No es un misterio la gran cantidad de automóviles que circulan a diario en nuestra ciudad capital. ello obedece al sin número de autos que ingresan a nuestro país para su venta, tanto de primera, como autos usados, lo que incide notablemente en el incremento de los delitos de hurtos y robos de automóviles.
Aunque las Compañías de Seguros, como la Asociación de Vendedores de Autos, han expresado que Panamá está muy por debajo en la cantidad de hurtos y robos de autos anuales, a comparación con los países Centroamericanos, no deja de ser un problema para las Compañías Aseguradoras.
Por ello es lógico que, ante esta clase de delito, las personas perjudicadas quieran pronta solución a sus casos, ya sea que se le recupere el vehículo o se tenga una certificación que no hay con su paradero dentro del país.
Por tanto, nuestras autoridades de investigación y administración de justicia realizan las diligencias pertinentes para encontrar a los culpables, pero muchas veces se encuentran con ciertos vacíos legales y sin herramientas eficaces para hacerlo. Aemás de una mejor coordinación con las diferentes agencias de investigación que analizan a primera instancia estos delitos.
Esto obedece a que cuando se recupera un vehículo hurtado o robado, muy pocas veces se hace de inmediato un levantamiento de huellas dactilares y de inspección ocular, por parte de los peritos de criminalística de la Policía Técnica Judicial; alterando en algún modo pruebas vitales para la investigación. Por otro lado, cuando se tienen rastros evidentes que el delincuente que hurtó o robó el vehículo realizó una llamada telefónica de un celular a otro, y este es de un servicio prepago, el cual no exige registro alguno para su compra, se pierde la pista de esta persona, quien pudo ser el cómplice del mismo, ya que se sabe que estos delitos son efectuados en forma procesada. Uno es el que abre el vehículo y lo hurta. Otro es el intermediario para la venta y otro quien se encarga de alterar su registro para ponerlo en circulación o para la venta en el exterior.
Otra falla es que no existe una coordinación sistematizada con las entidades que tienen que ver con los ilícitos, ya sea Municipios, Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, Registro Civil, Migración, Aduanas, Compañías Aseguradoras, Agencias de Venta de Autos, entre otras, ocasionando que cualquiera información solicitada por las autoridades administradoras de justicia duren días, semanas y hasta meses, dándole oportunidad a los delincuentes tiempo para desarmar ilegalmente, mandar fuera del país el vehículo o lo que tengan a su merced hacer.
Aunado a todo esto, no es menos cierto que a pesar que en nuestro país existe un promedio de cuatrocientos mil vehículos registrados, de los cuales doscientos mil circulan en la ciudad capital, solo hay dos Fiscalías Especializadas, que atienden estos delitos, las cuales cuentan con alrededor de ocho tramitantes, a los cuales se le brinda poca capacitación para su mejor desempeño, al igual que computadoras con software obsoletos, incidiendo estas carencias de recursos, en la falta de celeridad de los casos.
Con lo antes expuesto, se podrán percatar que el negocio de hurto y robo de automóviles es el delito complejo y lucrativo, porque tienen que participar muchas personas para lograr la nueva identidad del vehículo, ya sa que el mismo se queda circulando en Panamá, se destine para la exportación, o para su venta por piezas, por lo que tenemos que cercar más las oportunidades que le dejamos a estos delincuentes para minimizar este tipo de ilícito.
Aunque las Compañías de Seguros, como la Asociación de Vendedores de Autos, han expresado que Panamá está muy por debajo en la cantidad de hurtos y robos de autos anuales, a comparación con los países Centroamericanos, no deja de ser un problema para las Compañías Aseguradoras.
Por ello es lógico que, ante esta clase de delito, las personas perjudicadas quieran pronta solución a sus casos, ya sea que se le recupere el vehículo o se tenga una certificación que no hay con su paradero dentro del país.
Por tanto, nuestras autoridades de investigación y administración de justicia realizan las diligencias pertinentes para encontrar a los culpables, pero muchas veces se encuentran con ciertos vacíos legales y sin herramientas eficaces para hacerlo. Aemás de una mejor coordinación con las diferentes agencias de investigación que analizan a primera instancia estos delitos.
Esto obedece a que cuando se recupera un vehículo hurtado o robado, muy pocas veces se hace de inmediato un levantamiento de huellas dactilares y de inspección ocular, por parte de los peritos de criminalística de la Policía Técnica Judicial; alterando en algún modo pruebas vitales para la investigación. Por otro lado, cuando se tienen rastros evidentes que el delincuente que hurtó o robó el vehículo realizó una llamada telefónica de un celular a otro, y este es de un servicio prepago, el cual no exige registro alguno para su compra, se pierde la pista de esta persona, quien pudo ser el cómplice del mismo, ya que se sabe que estos delitos son efectuados en forma procesada. Uno es el que abre el vehículo y lo hurta. Otro es el intermediario para la venta y otro quien se encarga de alterar su registro para ponerlo en circulación o para la venta en el exterior.
Otra falla es que no existe una coordinación sistematizada con las entidades que tienen que ver con los ilícitos, ya sea Municipios, Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, Registro Civil, Migración, Aduanas, Compañías Aseguradoras, Agencias de Venta de Autos, entre otras, ocasionando que cualquiera información solicitada por las autoridades administradoras de justicia duren días, semanas y hasta meses, dándole oportunidad a los delincuentes tiempo para desarmar ilegalmente, mandar fuera del país el vehículo o lo que tengan a su merced hacer.
Aunado a todo esto, no es menos cierto que a pesar que en nuestro país existe un promedio de cuatrocientos mil vehículos registrados, de los cuales doscientos mil circulan en la ciudad capital, solo hay dos Fiscalías Especializadas, que atienden estos delitos, las cuales cuentan con alrededor de ocho tramitantes, a los cuales se le brinda poca capacitación para su mejor desempeño, al igual que computadoras con software obsoletos, incidiendo estas carencias de recursos, en la falta de celeridad de los casos.
Con lo antes expuesto, se podrán percatar que el negocio de hurto y robo de automóviles es el delito complejo y lucrativo, porque tienen que participar muchas personas para lograr la nueva identidad del vehículo, ya sa que el mismo se queda circulando en Panamá, se destine para la exportación, o para su venta por piezas, por lo que tenemos que cercar más las oportunidades que le dejamos a estos delincuentes para minimizar este tipo de ilícito.
