Investigar
El editorial del diario "El Siglo", martes 31 de octubre de 2000 dice textualmente: "En la arena política emerge últimamente el síndrome del infundio, consistente en lanzar a los cuatro vientos toda clase de acusaciones temerarias sin aportar las pruebas requeridas". La FENASEP y varios de sus dirigentes han sido injuriosamente acusados, sin tener las pruebas necesarias. En primer lugar, el flamante Contralor General de la República y antes de serlo, acusó al Secretario General de FENASEP de varios hechos, sin aportar ninguna prueba fehaciente, razón por la cual, al parecer, la acusación se dio por terminada.
Así mismo, el ministro Spadafora, en contraposición a las ideas revolucionarias de su hermano Hugo, acusa al movimiento popular y sindical, privado y gubernamental, de atentar contra el derecho a terceros, pero el Gobierno sí puede violar el derecho a protestar que tenemos todos los hombres y mujeres que moran esta tierra, y violar derechos humanos y sindicales que tenemos. En vez de estar acuartelando a la Policía Nacional o Fuerza Pública para, posteriormente, ir a reprimir nuestras protestas, debieran poner la misma al servicio de la comunidad nacional con el fin de evitar asaltos y crímenes que están a la orden del día.
Si el Lic. W. Spadafora no lo sabe o no lo comprende, son sus propias fuerzas policiales los que mayormente violan el derecho a terceros y la libre circulación, al solicitar a los conductores, cédulas y licencias de conducir, y dirigir pésimamente el tráfico vehicular.
Lo más probable es, que si Hugo Spadafora estuviera vivo, tomaría las armas, como lo hizo en Guinea Bisseau y Nicaragua, contra los antimotines panameños que se abalanzan contra las manifestaciones y protestas de trabajadores y estudiantes.
Pruebas al canto: los que están en el poder actualmente, protestaron y pusieron el grito al cielo y con justa razón, cuando la Fuerza Pública, durante el gobierno del "Toro" invadió la ciudad universitaria y el glorioso Nido de Aguilas, siendo éste uno de los hechos más abominables de dicho gobernante. El Presidente indultó al Gobernador y al comisionado Gordón. El nuevo gobierno instalado el primero de septiembre de 1999 eliminó el indulto, así mismo como reformó varias leyes y decretos aprobados por la administración anterior. De hecho no ha pasado nada y el cambio no se ha visto, el policía de grado Gordon sigue en la Fuerza Pública o Guardia Nacional y el anterior Gobernador de Panamá esperando un juicio, que sabemos que no llegará nunca. Por otro lado, el Contralor debe investigar el cheque cuya numeración termina en 64, que por la suma de 24 mil balboas giró el Instituto Nacional de Cultura (INAC), a favor de una escuela privada. Nos preguntamos: ¿Por qué realizar ese convenio con ese colegio privado? ¿Por qué no un colegio o escuela pública, que tienen mucha más necesidad? ¿Se realizó alguna licitación pública y transparente? ¿Por qué en primera instancia, el Sr. Rafael Ruiloba, director del INAC, negó la veracidad del cheque?.
También se debe investigar por qué el 8 de mayo de 1995, "la junta directiva (de la Coca Cola de Panamá) procedió a despedir al actual ministro de Trabajo, Joaquín José "Jacki" Vallarino Cox. Aunque la compañía "fue condenada a reintegrarlo a su puesto, la Junta de Conciliación y Decisión se basó en que el despido no cumplió las formalidades legales establecidas", lo cual deja margen para pensar si cabría un despido con todas las de la ley.
La sección "Negocios" de La Prensa del 14 de noviembre de 1995 dice lo siguiente: "Lachman (Ricardo) dijo que el ejecutivo (J.V. Vallarino) fue acusado por la junta directiva de Coca Cola de cometer "actos... que conllevan a la pérdida de confianza del empleador" Investigar en qué consistieron dichos "actos". No podemos darnos el lujo de tener en puestos de tal envergadura, personas a quienes se les ha perdido confianza.
Por último, Transparencia Internacional, de la cual el propio Contralor es del comité a asesor deberá investigarlo a él, ya que la Corte Suprema de Justicia concluyó en 1992; "a Que la destitución del Lic. Alvin Weeden del cargo de liquidador de Interbanco, la hizo el juez Emilio Effio, mediante resolución motivada que debe ser respetada y acatada" ¿Por qué el juez Effio destituye a Weeden? ¿Impugnó el Lic. Weeden la resolución de destitución? ¿Sí no lo hizo, por qué?.
¿Qué curso siguió la denuncia que el diario La Prensa publica, en la que "el licenciado Weeden atribuye a Moisés (Moi) Mizrachi el intento de soborno y acusa al juez Effio de haberlo despedido mediante acción ilegal, arbitraria e impropia, acatando órdenes de arriba?" (La Prensa 10 de Oct. de 1992).
Uno de los problemas que la República de Panamá confronta con los países que conforman el GAFI es la falta de transparencia y de justicia, a fin que los opulentos, políticos y grandes bancos se les lleve a los tribunales de justicia por posibles fallas cometidas y lavado de dinero, lo cual no pasa con "el hijo(s) de la cocinera(s)", que inmediatamente, y sin aplicar la presunción de inocencia, es encarcelado, fichado y sometido toda clase de vejámenes antes de llevar el caso a juicio. Al parecer, todos los gobiernos panameños, con alguna excepción de la dictadura o proceso revolucionario torrijista, se mantienen fieles a los escritos y filosofía del ministro de Finanzas del primer presidente de EE.UU., George Washington, general Alexander Hamilton, quien afirmaba: "Toda sociedad se divide en minoría y mayoría. La primera está formada por los ricos y bien nacidos, la otra, por la masa del pueblo... turbulento y versátil. Estos, raramente juzgan y deciden correctamente. Dad, pues, a la primera clase una parte distinguida y permanente en el Gobierno". (La doctrina militar de EEUU).
Así mismo, el ministro Spadafora, en contraposición a las ideas revolucionarias de su hermano Hugo, acusa al movimiento popular y sindical, privado y gubernamental, de atentar contra el derecho a terceros, pero el Gobierno sí puede violar el derecho a protestar que tenemos todos los hombres y mujeres que moran esta tierra, y violar derechos humanos y sindicales que tenemos. En vez de estar acuartelando a la Policía Nacional o Fuerza Pública para, posteriormente, ir a reprimir nuestras protestas, debieran poner la misma al servicio de la comunidad nacional con el fin de evitar asaltos y crímenes que están a la orden del día.
Si el Lic. W. Spadafora no lo sabe o no lo comprende, son sus propias fuerzas policiales los que mayormente violan el derecho a terceros y la libre circulación, al solicitar a los conductores, cédulas y licencias de conducir, y dirigir pésimamente el tráfico vehicular.
Lo más probable es, que si Hugo Spadafora estuviera vivo, tomaría las armas, como lo hizo en Guinea Bisseau y Nicaragua, contra los antimotines panameños que se abalanzan contra las manifestaciones y protestas de trabajadores y estudiantes.
Pruebas al canto: los que están en el poder actualmente, protestaron y pusieron el grito al cielo y con justa razón, cuando la Fuerza Pública, durante el gobierno del "Toro" invadió la ciudad universitaria y el glorioso Nido de Aguilas, siendo éste uno de los hechos más abominables de dicho gobernante. El Presidente indultó al Gobernador y al comisionado Gordón. El nuevo gobierno instalado el primero de septiembre de 1999 eliminó el indulto, así mismo como reformó varias leyes y decretos aprobados por la administración anterior. De hecho no ha pasado nada y el cambio no se ha visto, el policía de grado Gordon sigue en la Fuerza Pública o Guardia Nacional y el anterior Gobernador de Panamá esperando un juicio, que sabemos que no llegará nunca. Por otro lado, el Contralor debe investigar el cheque cuya numeración termina en 64, que por la suma de 24 mil balboas giró el Instituto Nacional de Cultura (INAC), a favor de una escuela privada. Nos preguntamos: ¿Por qué realizar ese convenio con ese colegio privado? ¿Por qué no un colegio o escuela pública, que tienen mucha más necesidad? ¿Se realizó alguna licitación pública y transparente? ¿Por qué en primera instancia, el Sr. Rafael Ruiloba, director del INAC, negó la veracidad del cheque?.
También se debe investigar por qué el 8 de mayo de 1995, "la junta directiva (de la Coca Cola de Panamá) procedió a despedir al actual ministro de Trabajo, Joaquín José "Jacki" Vallarino Cox. Aunque la compañía "fue condenada a reintegrarlo a su puesto, la Junta de Conciliación y Decisión se basó en que el despido no cumplió las formalidades legales establecidas", lo cual deja margen para pensar si cabría un despido con todas las de la ley.
La sección "Negocios" de La Prensa del 14 de noviembre de 1995 dice lo siguiente: "Lachman (Ricardo) dijo que el ejecutivo (J.V. Vallarino) fue acusado por la junta directiva de Coca Cola de cometer "actos... que conllevan a la pérdida de confianza del empleador" Investigar en qué consistieron dichos "actos". No podemos darnos el lujo de tener en puestos de tal envergadura, personas a quienes se les ha perdido confianza.
Por último, Transparencia Internacional, de la cual el propio Contralor es del comité a asesor deberá investigarlo a él, ya que la Corte Suprema de Justicia concluyó en 1992; "a Que la destitución del Lic. Alvin Weeden del cargo de liquidador de Interbanco, la hizo el juez Emilio Effio, mediante resolución motivada que debe ser respetada y acatada" ¿Por qué el juez Effio destituye a Weeden? ¿Impugnó el Lic. Weeden la resolución de destitución? ¿Sí no lo hizo, por qué?.
¿Qué curso siguió la denuncia que el diario La Prensa publica, en la que "el licenciado Weeden atribuye a Moisés (Moi) Mizrachi el intento de soborno y acusa al juez Effio de haberlo despedido mediante acción ilegal, arbitraria e impropia, acatando órdenes de arriba?" (La Prensa 10 de Oct. de 1992).
Uno de los problemas que la República de Panamá confronta con los países que conforman el GAFI es la falta de transparencia y de justicia, a fin que los opulentos, políticos y grandes bancos se les lleve a los tribunales de justicia por posibles fallas cometidas y lavado de dinero, lo cual no pasa con "el hijo(s) de la cocinera(s)", que inmediatamente, y sin aplicar la presunción de inocencia, es encarcelado, fichado y sometido toda clase de vejámenes antes de llevar el caso a juicio. Al parecer, todos los gobiernos panameños, con alguna excepción de la dictadura o proceso revolucionario torrijista, se mantienen fieles a los escritos y filosofía del ministro de Finanzas del primer presidente de EE.UU., George Washington, general Alexander Hamilton, quien afirmaba: "Toda sociedad se divide en minoría y mayoría. La primera está formada por los ricos y bien nacidos, la otra, por la masa del pueblo... turbulento y versátil. Estos, raramente juzgan y deciden correctamente. Dad, pues, a la primera clase una parte distinguida y permanente en el Gobierno". (La doctrina militar de EEUU).
