Irregularidades patrimoniales en la Universidad de Chiriquí
Luego de una reunión en la que participaron el viceministro de Finanzas, Eduardo Quirós, el contralor general, Alvin Weeden, estudiantes y administrativos de la institución, se decidió no proceder con la separación de los involucrados, previo el compromiso de éstos, de reponer el dinero de la lesión patrimonial con intereses, descontándolo de sus respectivos salarios.
Una medida normal en casos similares sería la separación del cargo en la etapa de investigación, para evitar que quienes son objeto de las pesquisas reincidan en los hechos o los oculten, sirviéndose de la misma posición que facilitó la comisión de las irregularidades. Y, obviamente, una vez corroborada la responsabilidad, se procedería a la destitución, sin perjuicio de la obligación penal y civil que corresponda, en términos de cárcel o días multa o ambos, en el primer caso, y de reposición de los dineros más intereses, en el segundo.
Llama la atención respecto a lo ocurrido en la UNACHI, entre otras cosas, que a los supuestos responsables se les haya virtualmente perdonado, manteniéndolos en su respectivo cargo, por el solo hecho de comprometerse a reponer los B/.100 mil de la lesión más los intereses, como si se tratara de un inocente préstamo.
Ni siquiera se dio detalle de los nombres de los profesores involucrados, descartando de ese modo la posibilidad de una sanción moral por parte de la comunidad, en ausencia de sanción legal. Y lo más probable es que, una vez repuesto el monto de la falta, continúen impartiendo la docencia en ese centro de estudios superiores, escondidos acaso tras el anonimato.
Otro aspecto igual de preocupante es el lugar donde tuvo lugar la lesión patrimonial, que es una universidad, en la que se forjan juventudes para convertirlas en mejores ciudadanos. ¿Qué clase de enseñanza y de principios se pretende inculcar con este ejemplo; que el delito paga?
Es lamentable que la degradación y corrupción del país sea tan profunda, hasta el punto que se esté institucionalizando y eternizando, al contaminarse a las futuras generaciones. No otra cosa podemos pensar si directores de escuela, docentes, directivos de padres de familia y demás, se involucran año tras año en el desfalco de humildes ahorros escolares o fondos de asistencia, mientras que en un centro oficial universitario, sus docentes cometen irregularidades igual de condenables.
Una medida normal en casos similares sería la separación del cargo en la etapa de investigación, para evitar que quienes son objeto de las pesquisas reincidan en los hechos o los oculten, sirviéndose de la misma posición que facilitó la comisión de las irregularidades. Y, obviamente, una vez corroborada la responsabilidad, se procedería a la destitución, sin perjuicio de la obligación penal y civil que corresponda, en términos de cárcel o días multa o ambos, en el primer caso, y de reposición de los dineros más intereses, en el segundo.
Llama la atención respecto a lo ocurrido en la UNACHI, entre otras cosas, que a los supuestos responsables se les haya virtualmente perdonado, manteniéndolos en su respectivo cargo, por el solo hecho de comprometerse a reponer los B/.100 mil de la lesión más los intereses, como si se tratara de un inocente préstamo.
Ni siquiera se dio detalle de los nombres de los profesores involucrados, descartando de ese modo la posibilidad de una sanción moral por parte de la comunidad, en ausencia de sanción legal. Y lo más probable es que, una vez repuesto el monto de la falta, continúen impartiendo la docencia en ese centro de estudios superiores, escondidos acaso tras el anonimato.
Otro aspecto igual de preocupante es el lugar donde tuvo lugar la lesión patrimonial, que es una universidad, en la que se forjan juventudes para convertirlas en mejores ciudadanos. ¿Qué clase de enseñanza y de principios se pretende inculcar con este ejemplo; que el delito paga?
Es lamentable que la degradación y corrupción del país sea tan profunda, hasta el punto que se esté institucionalizando y eternizando, al contaminarse a las futuras generaciones. No otra cosa podemos pensar si directores de escuela, docentes, directivos de padres de familia y demás, se involucran año tras año en el desfalco de humildes ahorros escolares o fondos de asistencia, mientras que en un centro oficial universitario, sus docentes cometen irregularidades igual de condenables.
