Irresponsabilidad y malversación
Hace más de un año comencé a desmentir los pronósticos del gobierno que, en buena hora termina en unos cuantos días, sobre la “inminente ratificación” por parte del Congreso de los Estados Unidos del Tratado de Preferencias Comerciales suscrito y ratificado por Panamá que, todavía hoy, sigue pendiente y que, con toda seguridad, tampoco se producirá este año, a menos que Panamá haga una serie de concesiones que ahora se nos demandan.
Siempre sostuve, y el tiempo me ha dado la razón, que no existía ninguna posibilidad de que el Congreso de los Estados Unidos aprobara el TPC durante el año 2008. Las razones eran simples: Una, que por haber expirado el 31 de diciembre de 2007, la facultad excepcional, conocida como “Fast Track”, que tenía el presidente Bush para negociar y firmar tratados comerciales que el Congreso debía aprobar o improbar, sin modificaciones, nuestro TPC quedó expuesto a la introducción de las modificaciones o enmiendas que quisieran proponer los congresistas; dos, que siendo el 2008 un año electoral, los congresistas, todos, tendrían como prioridad luchar por sus reelecciones; y tres, que muchos de ellos, y hasta la entonces aspirante a la candidatura demócrata, Hillary Clinton, habían expresado, de manera contundente, que los tratados comerciales pendientes de ratificación debían ser revisados para que pudieran recibir el beneplácito del Congreso norteamericano.
También afirmé, y el tiempo, igualmente, me ha dado la razón, que entre las prioridades de la administración Obama no estaría la ratificación de los tratados comerciales como el suscrito con nuestro país. Los hechos han demostrado, que las prioridades del gobierno Obama son: resolver la crisis financiera y económica de su país (incluye la protección de su mercado); recuperar el liderazgo mundial que perdieron durante el gobierno Bush; resolver los conflictos que todavía enfrenta en el Medio Oriente, al que debe agregarse el de Corea del Norte; y establecer un nuevo marco de relaciones con todas las regiones del mundo, pero dando mayor importancia a los países líderes en cada una de ellas.
Si las circunstancias anteriores eran del dominio universal, ¿cómo era posible que Torrijos y su canciller siguieran anunciando la ratificación del TPC? Y, además, ¿que continuaran gastando centenares de miles de dólares para pagar “lobbystas”, dizque para “apurar y asegurar” la ratificación de un tratado cuya suerte ellos mismos habían sentenciado con la imprudente elección del diputado González como presidente de la Asamblea? La respuesta es solo una: “Suprema irresponsabilidad”.
Haber gastado esos dineros para seguir abanicando esperanzas sin fundamento tipifica, aparte de una conducta irresponsable, un caso de malversación de fondos públicos. Y por ello debieran rendir cuentas. Al igual que deben rendirlas por la lesión que para el patrimonio público representa la pérdida, “por negligencia inexcusable”, de las preferencias arancelarias para acceder al mercado de la Unión Europea. Ahora sabemos que en este otro escándalo, adicionalmente, también se gastaron decenas de miles de dólares, para contratar “asesorias” que, de antemano, se sabía que no servirían para revertir la garrafal pifia de la Cancillería y del Ministerio de Comercio.
¡Irresponsabilidad y malversación! ¿Y quedarán impunes?
