Jubilaciones de la Caja
Como se ha dicho a la saciedad, el programa de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) confronta una grave situación que de no solucionarse sumirá a la Nación en una descomunal crisis económica, financiera, social y política. Este programa tiene actualmente un déficit actuarial de dos mil 600 millones de dólares. Es decir, las reservas o capitales con que se cuenta en comparación con lo que se debiera tener para atender las jubilaciones ya otorgadas arrojan esa cuantiosa suma. Peor aún, los ingresos de ese programa ya hoy son menores que los pagos por jubilaciones. A partir del año pasado se ha tenido que recurrir a las reservas que llegan a $1,700 millones y, que como van las cosas, se agotarán en unos siete años.
Un cálculo aproximado indica que al agotarse las reservas, el Estado tendrá que obtener fondos de un orden de magnitud de $ 500 millones durante los primeros dos o tres años para cubrir la diferencia entre los pagos por jubilaciones y las entradas al programa. Se requerirá un aumento de impuestos que aporte diez veces lo que le rindió al Fisco la última reforma tributaria. En los años siguientes los requerimientos anuales serán mucho mayores. Esta situación es inviable para cualquier país y produciría una crisis catastrófica.
¿A qué se debe esta situación? Fundamentalmente a que el sistema nació con un pecado original, ya que desde su inicio las cotizaciones más el rendimiento de las mismas no fueron suficientes para pagar los beneficios otorgados. Hoy, sólo quien paga cerca de 30 años de cuotas aporta suficiente para su jubilación. Ahora que el sistema ha madurado y que hay menos cotizantes por cada jubilado, que se ha reducido el crecimiento de la población y de la fuerza laboral, que ha aumentado continuamente la expectativa de vida, el sistema ha hecho crisis. A lo anterior hay que añadir el bajo rendimiento de las reservas en ciertos períodos por bajos intereses recibidos del Banco Nacional de Panamá, malos manejos de las finanzas de la institución y situaciones de desgreño administrativo y corrupción sobre todo durante las décadas de dictadura militar.
¿Qué hacer? Antes de dar respuesta es necesario establecer que lo ideal es que cada persona acumule lo suficiente durante su vida productiva para que con los rendimientos que se puedan lograr en inversiones seguras tenga lo suficiente para cubrir sus necesidades durante los años en que ya no puede trabajar. Esta es una obligación que en principio le corresponde a cada individuo. Igualmente, debe existir una obligación filial de ayudar a los padres en sus años de vejez si no han podido acumular lo suficiente correspondiendo así a los beneficios recibidos de estos. A estas obligaciones individuales y familiares fundamentales debe sumarse el imperativo moral de ayudar a las personas que por razones de salud o de condición precaria no han podido acumular ni siquiera un mínimo para la vejez. Esta solidaridad debe darse dentro de cada generación y no entre generaciones. Es decir, no debemos echarle el peso a futuras generaciones de lo que no hicimos las presentes.
Más concretamente, las reformas deben lograr que el sistema se aproxime a una situación en que las cotizaciones de todos los asegurados capitalizadas a una tasa realista sean suficientes para pagar las jubilaciones esperadas. Para lograr ello se requieren medidas que deberían incluir en mayor o menor grado, las siguientes: 1) aumento de la edad de jubilación a 64 años tanto para hombres como mujeres. (Se debe señalar que las mujeres tienen una expectativa de vida al llegar a los 60 años, cerca de 5 años superior a los hombres); 2) aumento de las cotizaciones mínimas de 180 a 360 cuotas 3) cálculo de jubilaciones con base a un promedio de los salarios devengados durante todos los años de trabajo; 4) establecimiento de una cotización modesta no mayor del 4% sobre las jubilaciones exceptuando las de monto mínimo, ya que los jubilados también deben aportar a la solución del problema considerando que están recibiendo beneficios que en la mayoría de los casos no son cónsonos con los aportes realizados al sistema; 5) permitir a la CSS realizar depósitos en otros bancos de la plaza para obligar al Banco Nacional a otorgar intereses competitivos; 6) permitir y propiciar otros vehículos de inversiones seguras que produzcan mayores rendimientos, y 7) extender las cotizaciones a los Gastos de Representación y los llamados Honorarios.
Con relación a las inversiones de la Caja en papeles de deuda o acciones de empresas privadas panameñas, debiera exigirse que las mismas hayan sido evaluadas por agencias calificadoras y que se comprometan a otorgar un trato preferencial a la Caja en el sentido de cubrir las obligaciones con la Institución antes de cancelar otros compromisos en caso de liquidación.
Reformas de la severidad de las planteadas son necesarias, ya sea que se decida continuar con el sistema actual y se pretenda estabilizarlo por un período que no debería ser menor de 30 años, o que se vaya a un sistema de pilares, o que se decida ir a un sistema de cuentas individuales. ¿Qué no se debe hacer? No se debe ni se puede privatizar la institución por razones harto conocidas. No conviene tampoco subir las cuotas porque en lo que se refiere a la cuota del trabajador, crea un incentivo mayor para evadir el sistema y reduce el salario del asegurado, y crea un impuesto más al empleo en lo que se refiere a la cuota del empleador, en un país con alto desempleo y con grandes barreras al empleo. De todas formas, habrá que aumentar la cuota patronal para cubrir el déficit que ya se tiene en el Programa de Enfermedad y Maternidad.
No se deben usar los escasos fondos disponibles al Estado o sus bienes patrimoniales para cubrir las jubilaciones, a menos que sea para lograr una solución permanente y definitiva a los problemas del programa con un sistema de cuentas individuales. Los recursos públicos deben usarse prioritariamente en los urgentísimos requerimientos que tiene la Nación para lograr un desarrollo integral: para mejorar la calidad de la educación, para reducir la desnutrición infantil, para construir y reparar los caminos de penetración a comunidades remotas de nuestra geografía donde se da el grueso de la pobreza crítica, para el control de la delincuencia que afecta más a los más pobres, para el mejoramiento de la justicia y en las tareas de desarrollo económico encaminadas a aminorar el desempleo.
Los recursos del Estado se requieren para múltiples programas dirigidos a promover el progreso del país y el bienestar de los panameños con énfasis en los más necesitados. Hay que tener en cuenta que los beneficiados por el Seguro Social no son los más pobres de nuestra población. Si de veras se quiere combatir la miseria y la desigualdad habrá que dirigir las escasas capacidades del Estado a la población en pobreza crítica y no a subsidiar las jubilaciones de quienes en realidad ocupan un escaño más alto en la pirámide socioeconómica de la Nación. Por otro lado, quienes arguyen que todo se resuelve con el cambio de “modelo” desconocen las realidades o siguen consignas ideológicas determinadas. Basta decir que aún con pleno empleo el programa de pensiones estaría en crisis.
Para aquellos que favorecen soluciones socialistas es aleccionador considerar que los observadores de la realidad cubana indican que se requiere modificar el sistema actual de jubilaciones porque los que trabajan están cargando con un costo a todas luces excesivo. Aún con un sistema socialista solución inviable y no deseable para nuestro país, se debería realizar reformas sustanciales al programa de Pensiones y Jubilaciones. Es conveniente crear una entidad aparte y con la misma o mayor autonomía que la CSS para manejar el programa de IVM que requiere competencias, personal y directrices radicalmente diferentes a los que requiere el Programa de Maternidad y Enfermedad y el de Riesgos Profesionales.
Recomiendo que los candidatos a la Presidencia de la República se abstengan de proponer soluciones a los problemas de la CSS durante la campaña política para evitar promesas electoreras que dificulten la solución posterior de los mismos. Los candidatos debieran comprometerse a llevar al Legislativo durante los primeros seis meses de su gestión presidencial medidas que logren solucionar el problema del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
*Miembro de la junta directiva de la CSS.
Un cálculo aproximado indica que al agotarse las reservas, el Estado tendrá que obtener fondos de un orden de magnitud de $ 500 millones durante los primeros dos o tres años para cubrir la diferencia entre los pagos por jubilaciones y las entradas al programa. Se requerirá un aumento de impuestos que aporte diez veces lo que le rindió al Fisco la última reforma tributaria. En los años siguientes los requerimientos anuales serán mucho mayores. Esta situación es inviable para cualquier país y produciría una crisis catastrófica.
¿A qué se debe esta situación? Fundamentalmente a que el sistema nació con un pecado original, ya que desde su inicio las cotizaciones más el rendimiento de las mismas no fueron suficientes para pagar los beneficios otorgados. Hoy, sólo quien paga cerca de 30 años de cuotas aporta suficiente para su jubilación. Ahora que el sistema ha madurado y que hay menos cotizantes por cada jubilado, que se ha reducido el crecimiento de la población y de la fuerza laboral, que ha aumentado continuamente la expectativa de vida, el sistema ha hecho crisis. A lo anterior hay que añadir el bajo rendimiento de las reservas en ciertos períodos por bajos intereses recibidos del Banco Nacional de Panamá, malos manejos de las finanzas de la institución y situaciones de desgreño administrativo y corrupción sobre todo durante las décadas de dictadura militar.
¿Qué hacer? Antes de dar respuesta es necesario establecer que lo ideal es que cada persona acumule lo suficiente durante su vida productiva para que con los rendimientos que se puedan lograr en inversiones seguras tenga lo suficiente para cubrir sus necesidades durante los años en que ya no puede trabajar. Esta es una obligación que en principio le corresponde a cada individuo. Igualmente, debe existir una obligación filial de ayudar a los padres en sus años de vejez si no han podido acumular lo suficiente correspondiendo así a los beneficios recibidos de estos. A estas obligaciones individuales y familiares fundamentales debe sumarse el imperativo moral de ayudar a las personas que por razones de salud o de condición precaria no han podido acumular ni siquiera un mínimo para la vejez. Esta solidaridad debe darse dentro de cada generación y no entre generaciones. Es decir, no debemos echarle el peso a futuras generaciones de lo que no hicimos las presentes.
Más concretamente, las reformas deben lograr que el sistema se aproxime a una situación en que las cotizaciones de todos los asegurados capitalizadas a una tasa realista sean suficientes para pagar las jubilaciones esperadas. Para lograr ello se requieren medidas que deberían incluir en mayor o menor grado, las siguientes: 1) aumento de la edad de jubilación a 64 años tanto para hombres como mujeres. (Se debe señalar que las mujeres tienen una expectativa de vida al llegar a los 60 años, cerca de 5 años superior a los hombres); 2) aumento de las cotizaciones mínimas de 180 a 360 cuotas 3) cálculo de jubilaciones con base a un promedio de los salarios devengados durante todos los años de trabajo; 4) establecimiento de una cotización modesta no mayor del 4% sobre las jubilaciones exceptuando las de monto mínimo, ya que los jubilados también deben aportar a la solución del problema considerando que están recibiendo beneficios que en la mayoría de los casos no son cónsonos con los aportes realizados al sistema; 5) permitir a la CSS realizar depósitos en otros bancos de la plaza para obligar al Banco Nacional a otorgar intereses competitivos; 6) permitir y propiciar otros vehículos de inversiones seguras que produzcan mayores rendimientos, y 7) extender las cotizaciones a los Gastos de Representación y los llamados Honorarios.
Con relación a las inversiones de la Caja en papeles de deuda o acciones de empresas privadas panameñas, debiera exigirse que las mismas hayan sido evaluadas por agencias calificadoras y que se comprometan a otorgar un trato preferencial a la Caja en el sentido de cubrir las obligaciones con la Institución antes de cancelar otros compromisos en caso de liquidación.
Reformas de la severidad de las planteadas son necesarias, ya sea que se decida continuar con el sistema actual y se pretenda estabilizarlo por un período que no debería ser menor de 30 años, o que se vaya a un sistema de pilares, o que se decida ir a un sistema de cuentas individuales. ¿Qué no se debe hacer? No se debe ni se puede privatizar la institución por razones harto conocidas. No conviene tampoco subir las cuotas porque en lo que se refiere a la cuota del trabajador, crea un incentivo mayor para evadir el sistema y reduce el salario del asegurado, y crea un impuesto más al empleo en lo que se refiere a la cuota del empleador, en un país con alto desempleo y con grandes barreras al empleo. De todas formas, habrá que aumentar la cuota patronal para cubrir el déficit que ya se tiene en el Programa de Enfermedad y Maternidad.
No se deben usar los escasos fondos disponibles al Estado o sus bienes patrimoniales para cubrir las jubilaciones, a menos que sea para lograr una solución permanente y definitiva a los problemas del programa con un sistema de cuentas individuales. Los recursos públicos deben usarse prioritariamente en los urgentísimos requerimientos que tiene la Nación para lograr un desarrollo integral: para mejorar la calidad de la educación, para reducir la desnutrición infantil, para construir y reparar los caminos de penetración a comunidades remotas de nuestra geografía donde se da el grueso de la pobreza crítica, para el control de la delincuencia que afecta más a los más pobres, para el mejoramiento de la justicia y en las tareas de desarrollo económico encaminadas a aminorar el desempleo.
Los recursos del Estado se requieren para múltiples programas dirigidos a promover el progreso del país y el bienestar de los panameños con énfasis en los más necesitados. Hay que tener en cuenta que los beneficiados por el Seguro Social no son los más pobres de nuestra población. Si de veras se quiere combatir la miseria y la desigualdad habrá que dirigir las escasas capacidades del Estado a la población en pobreza crítica y no a subsidiar las jubilaciones de quienes en realidad ocupan un escaño más alto en la pirámide socioeconómica de la Nación. Por otro lado, quienes arguyen que todo se resuelve con el cambio de “modelo” desconocen las realidades o siguen consignas ideológicas determinadas. Basta decir que aún con pleno empleo el programa de pensiones estaría en crisis.
Para aquellos que favorecen soluciones socialistas es aleccionador considerar que los observadores de la realidad cubana indican que se requiere modificar el sistema actual de jubilaciones porque los que trabajan están cargando con un costo a todas luces excesivo. Aún con un sistema socialista solución inviable y no deseable para nuestro país, se debería realizar reformas sustanciales al programa de Pensiones y Jubilaciones. Es conveniente crear una entidad aparte y con la misma o mayor autonomía que la CSS para manejar el programa de IVM que requiere competencias, personal y directrices radicalmente diferentes a los que requiere el Programa de Maternidad y Enfermedad y el de Riesgos Profesionales.
Recomiendo que los candidatos a la Presidencia de la República se abstengan de proponer soluciones a los problemas de la CSS durante la campaña política para evitar promesas electoreras que dificulten la solución posterior de los mismos. Los candidatos debieran comprometerse a llevar al Legislativo durante los primeros seis meses de su gestión presidencial medidas que logren solucionar el problema del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
*Miembro de la junta directiva de la CSS.
