¿Jubilaciones especiales o privilegios?
Previo al análisis del tema que hoy nos ocupa, aseguramos que debe ser ideal de todos los obreros del país contar con una jubilación especial, que por ser general, perdería esa condición y, en consecuencia, no sería el privilegio que por largas décadas, violó la Constitución Nacional, establecido a favor de algunas personas o grupos, en detrimento de quienes carecemos del mismo, lo que nos convirtió en trabajadores de segunda y tercera categoría.
Aseveramos también que un sistema de esta clase, comprensivo de todos los que trabajan en la república, debe tener como sustento el aporte efectivo de cada uno; es decir, que cada quien financie su propia jubilación.
Importa dejar sentado, además, que todos los obreros panameños deberíamos estar amparados por un sistema especial de jubilación, porque hay múltiples factores de riesgos que nos afectan (y no sólo a una categoría), muchos de factura natural y otros provocados por el propio hombre: Contaminación ambiental, terremotos, inundaciones, incendios, epidemias y virus causantes de viejas y nuevas enfermedades (Fiebre Amarilla, Dengue Hemorrágico, Tuberculosis Cólera, SIDA, Hantavirus, etc.), gases altamente tóxicos que despiden, entre otras fuentes, las unidades del transporte colectivo, que también provocan accidentes y tranques descomunales, lo que a su vez hace del panameño un ser permanente tenso y agresivo. Resultaría interminable la lista de situaciones anómalas, que justifican que todos los trabajadores de la nación contemos con el beneficio de una jubilación de esa clase, a las que se suman las que lesionan a quienes aspiran a tenerla o recobrarla.
La vigencia de este privilegiado sistema durante muchísimos años basado, por un lado, en una conveniente y productiva interpretación del concepto solidaridad, y por otro, en un funesto paternalismo que sumaba votos pero restaba los recursos de la Caja de Seguro Social, fue una de las causas de los problemas que aún enfrenta el Programa Vejez, Invalidez y Muerte, lo que torna inseguras las jubilaciones de aquellos que, como el suscrito, hemos pagado con creces las respectivas cuotas (41 años), y tenemos que seguir haciéndolo por no contar con la edad legalmente exigida para acogernos al retiro ganado.
Desconocemos quién o quiénes fueron los genios que diseñaron el sistema de jubilaciones especiales, ni en qué año se iniciaron. Lo único cierto es que, además de que a través del mismo se violentó flagrantemente el artículo 19 de nuestra Carta Magna, se drenaron las arcas de esa entidad dado su elevadísimo costo, jamás compensado con aportes económicos iguales o superiores, por parte de sus beneficiarios. Tampoco hay ninguna explicación sobre cómo pasaron el filtro constitucional, ni cómo mantuvieron su vigencia por tan prolongado lapso.
Esa anómala situación se mantuvo seguramente, por convenientes decisiones políticas electorales o por la aplicación de medidas de fuerza que, en democracia, resultan contradictorias e improcedentes, salvo que hoy se desee retornar a épocas superadas.
La radiografía expuesta nos lleva de la mano a reiteran que, idealmente, debería ser aspiración generalizada contar con un régimen especial de jubilaciones, costeada en todo caso por quienes las reciben. Sin embargo, la realidad que impera en un mundo cambiante y, sobre todo, el hecho de su efectiva eliminación por un gobierno distinto al que hoy se le exige su creación nuevamente y, como si fuese poco, las arcas deficitarias del Tesoro Nacional que recibió, lo mismo que un Sistema tributario injusto y deficiente, que propicia escasas recaudaciones, impiden por ahora no sólo alcanzar esa gran meta, sino su restablecimiento en favor de ciertos obreros quienes, de darse, se convertirían en entes privilegiados.
Aseveramos también que un sistema de esta clase, comprensivo de todos los que trabajan en la república, debe tener como sustento el aporte efectivo de cada uno; es decir, que cada quien financie su propia jubilación.
Importa dejar sentado, además, que todos los obreros panameños deberíamos estar amparados por un sistema especial de jubilación, porque hay múltiples factores de riesgos que nos afectan (y no sólo a una categoría), muchos de factura natural y otros provocados por el propio hombre: Contaminación ambiental, terremotos, inundaciones, incendios, epidemias y virus causantes de viejas y nuevas enfermedades (Fiebre Amarilla, Dengue Hemorrágico, Tuberculosis Cólera, SIDA, Hantavirus, etc.), gases altamente tóxicos que despiden, entre otras fuentes, las unidades del transporte colectivo, que también provocan accidentes y tranques descomunales, lo que a su vez hace del panameño un ser permanente tenso y agresivo. Resultaría interminable la lista de situaciones anómalas, que justifican que todos los trabajadores de la nación contemos con el beneficio de una jubilación de esa clase, a las que se suman las que lesionan a quienes aspiran a tenerla o recobrarla.
La vigencia de este privilegiado sistema durante muchísimos años basado, por un lado, en una conveniente y productiva interpretación del concepto solidaridad, y por otro, en un funesto paternalismo que sumaba votos pero restaba los recursos de la Caja de Seguro Social, fue una de las causas de los problemas que aún enfrenta el Programa Vejez, Invalidez y Muerte, lo que torna inseguras las jubilaciones de aquellos que, como el suscrito, hemos pagado con creces las respectivas cuotas (41 años), y tenemos que seguir haciéndolo por no contar con la edad legalmente exigida para acogernos al retiro ganado.
Desconocemos quién o quiénes fueron los genios que diseñaron el sistema de jubilaciones especiales, ni en qué año se iniciaron. Lo único cierto es que, además de que a través del mismo se violentó flagrantemente el artículo 19 de nuestra Carta Magna, se drenaron las arcas de esa entidad dado su elevadísimo costo, jamás compensado con aportes económicos iguales o superiores, por parte de sus beneficiarios. Tampoco hay ninguna explicación sobre cómo pasaron el filtro constitucional, ni cómo mantuvieron su vigencia por tan prolongado lapso.
Esa anómala situación se mantuvo seguramente, por convenientes decisiones políticas electorales o por la aplicación de medidas de fuerza que, en democracia, resultan contradictorias e improcedentes, salvo que hoy se desee retornar a épocas superadas.
La radiografía expuesta nos lleva de la mano a reiteran que, idealmente, debería ser aspiración generalizada contar con un régimen especial de jubilaciones, costeada en todo caso por quienes las reciben. Sin embargo, la realidad que impera en un mundo cambiante y, sobre todo, el hecho de su efectiva eliminación por un gobierno distinto al que hoy se le exige su creación nuevamente y, como si fuese poco, las arcas deficitarias del Tesoro Nacional que recibió, lo mismo que un Sistema tributario injusto y deficiente, que propicia escasas recaudaciones, impiden por ahora no sólo alcanzar esa gran meta, sino su restablecimiento en favor de ciertos obreros quienes, de darse, se convertirían en entes privilegiados.
