Jueces y narcotraficantes
La justicia en Panamá parece navegar en el mar de los contrasentidos. La pasada semana dos actos provenientes del sector judicial sustentaron esta preocupación: la forma como fue suspendida la procuradora Ana Matilde Gómez, y la escusa utilizada por un juez en la provincia de Colón para liberar a narcotraficantes. Diógenes Alvarado, juez tercero de lo penal, dejó en libertad a 12 personas a las que un operativo de la Fiscalía de Drogas les incautó 2.4 toneladas de drogas. Pese a que el principal sospechoso admitió haber colocado la droga en la casa de uno de los involucrados, el juez Alvarado dictó libertad, luego de que el policía que ejecutó el allanamiento admitió que no había sido autorizado por ningún funcionario judicial para practicarlo. Entonces el juez Alvarado, celoso del derecho ciudadano, dejó en libertad a los narcotraficantes por esta “condenable” violación de su domicilio. Ni el policía ni Ana Matilde Gómez pidieron autorización a juez alguno para actuar, la primera contra un fiscal corrupto, y el segundo contra narcotraficantes confesos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Es la corrupción un delito? ¿Es el narcotráfico un delito? Si lo son, según nuestras leyes, ¿deben los administradores de justicia apelar a tecnicismos judiciales para favorecer, precisamente, a delincuentes? ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en administradores de justicia como el juez que nos ocupa, cuando ante su tribunal parecen privilegiados los delincuentes y descalificados aquellos que cumplen con su deber? Tal cual ocurre en la Policía, en el sector judicial parece faltar una rigurosa depuración.
