Juego político y Concertación Nacional
PANAMÁ TIENE vasta experiencia en procesos de diálogos democráticos, más que ningún país latinoamericano. Hemos logrado consensos en temas de importancia y trascendencia para nuestro futuro como Nación. Lo hicimos con el Canal, las áreas revertidas, el Hospital Santo Tomás, la Educación, la Caja de Seguro Social (CSS) y Visión 2020. Son temas de la agenda pública, que los líderes de opinión están compelidos a afrontar.
Un proceso de concertación nacional va mucho más allá de un diálogo por un problema coyuntural. Concertar voluntades de todos los estratos sociales para combatir, por ejemplo, la pobreza, denota compromisos entre la sociedad y quienes detenten el poder circunstancialmente y quienes aspiran a asumirlo eventualmente.
Existe una fuerte relación entre el diálogo y el poder. Mediante el diálogo, las relaciones de poder existentes pueden verse modificadas a medida que más personas participan en el proceso de desarrollar alternativas a sus problemas. El diálogo permite que se escuchen muchas voces, y puede ser una herramienta de redistribución de poder. Los partidos políticos, en coyunturas como ésta, pueden conjugarse con la sociedad para establecer un necesario balance, que no se pone a prueba sino con la llegada del periodo electoral.
Son en esos encuentros con la sociedad donde los partidos políticos tienen la oportunidad de impregnar directamente a los demás con sus ideales, con su doctrina y con sus principios democráticos. También es el espacio para convencer a esa sociedad, que es multiplicadora de opinión pública, que una vez llegados al poder actuarían conforme a un plan de gobierno bien estructurado y no improvisado. Es mediante el intercambio de ideas que podemos conciliar los intereses diversos y con frecuencia contrapuestos que bullen dentro de la sociedad. Si la oposición no tuviese diferencias con el gobierno, sería parte de él y no habría necesidad de dialogar, entendida esta como la forma para lograr acuerdos.
Ninguna agrupación es autosuficiente para lograr las metas del milenio sin la coparticipación con el resto de la sociedad. No se puede obviar el concepto básico que el poder está en juego según el manejo político que se proyecta al ciudadano. La política, por consiguiente, es un acervo de conocimientos tocantes a la realidad social y la aplicación de ellos a situaciones concretas. La salud, educación, justicia, economía, garantías individuales y la pobreza de nuestro pueblo son situaciones concretas que tienen que ser abordadas por la sociedad civil y los partidos políticos.
El análisis de posibles ganancias y pérdidas, el consabido costo político, debió jugar un papel importante en la decisión de algunos partidos para ausentarse de la Concertación Nacional. Jamás entendí la postura del PRD de retirarse del Diálogo por la CSS convocado durante la administración pasada. Hubiese sido un problema menos que resolver en este periodo presidencial. Pero en aquélla, como en esta ocasión, se apuesta a obstaculizar la solución de problemas que nos atañen a todos los panameños para no dar créditos que puedan ser utilizados electoralmente. Con esta actitud el ciudadano es siempre el afectado.
Yo, como dirigente político, me tendría que preguntar cuáles son las posibles consecuencias positivas o negativas de no participar en la Concertación Nacional. Pero también es necesario considerar los posibles resultados positivos que merecerían tomar el riesgo de participar... ¿disminuir la pobreza no es uno de ellos? ¿Mejorar los indicadores de desarrollo humano no sería un elemento bueno por el cual correr el riesgo? ¿No fue el tema de las inversiones sociales lo que nos motivó a los panameños respaldar la propuesta de ampliación del Canal de Panamá? ¿No se dijo que había que tener un plan de desarrollo para invertir los excedentes del mismo? Ahora tenemos la oportunidad y, ¿qué hacemos? Mandamos mensajes equivocados como la eliminación de la obligación de contratación pública para todos los actos del gobierno, pero también ponemos distancia con los seres empobrecidos por falta de políticas coherentes y consistentes, que bien se podrían elaborar ahora.
Si dejamos morir esta oportunidad, ya por un mermado liderazgo de la Administración Torrijos, ya por ausencia de los partidos de oposición, estaremos abriendo el camino a otras formas de gobiernos que, seguramente se distanciarían de los principios de democracia, justicia y libertad, propios de una nación con un gran futuro.
Cuando en una sociedad hay una prebenda, un privilegio, alguien paga por ello. La política se supone que es la búsqueda del bien común. ¿Qué bien común genera que alguien que compró hace un tiempo un bien raíz, por arte de la especulación hoy pueda venderlo por muchas veces su valor. Y peor si este bien raíz fue una adjudicación del Estado para un fin social, cultural o religioso, que ahora se venda dentro de la corriente especulativa con ganancias que rayan, si no en lo delictivo, por lo menos en lo inmoral?
Y esto es al margen de la peor venta de la patria que hace un gobierno antinacional que entrega, en concesiones graciosas, todo tipo de negociado al apátrida poder económico transnacional.
Una Constituyente originaria se requiere para enmendar estos entuertos antinacionales y de distorsión económica.
Un proceso de concertación nacional va mucho más allá de un diálogo por un problema coyuntural. Concertar voluntades de todos los estratos sociales para combatir, por ejemplo, la pobreza, denota compromisos entre la sociedad y quienes detenten el poder circunstancialmente y quienes aspiran a asumirlo eventualmente.
Existe una fuerte relación entre el diálogo y el poder. Mediante el diálogo, las relaciones de poder existentes pueden verse modificadas a medida que más personas participan en el proceso de desarrollar alternativas a sus problemas. El diálogo permite que se escuchen muchas voces, y puede ser una herramienta de redistribución de poder. Los partidos políticos, en coyunturas como ésta, pueden conjugarse con la sociedad para establecer un necesario balance, que no se pone a prueba sino con la llegada del periodo electoral.
Son en esos encuentros con la sociedad donde los partidos políticos tienen la oportunidad de impregnar directamente a los demás con sus ideales, con su doctrina y con sus principios democráticos. También es el espacio para convencer a esa sociedad, que es multiplicadora de opinión pública, que una vez llegados al poder actuarían conforme a un plan de gobierno bien estructurado y no improvisado. Es mediante el intercambio de ideas que podemos conciliar los intereses diversos y con frecuencia contrapuestos que bullen dentro de la sociedad. Si la oposición no tuviese diferencias con el gobierno, sería parte de él y no habría necesidad de dialogar, entendida esta como la forma para lograr acuerdos.
Ninguna agrupación es autosuficiente para lograr las metas del milenio sin la coparticipación con el resto de la sociedad. No se puede obviar el concepto básico que el poder está en juego según el manejo político que se proyecta al ciudadano. La política, por consiguiente, es un acervo de conocimientos tocantes a la realidad social y la aplicación de ellos a situaciones concretas. La salud, educación, justicia, economía, garantías individuales y la pobreza de nuestro pueblo son situaciones concretas que tienen que ser abordadas por la sociedad civil y los partidos políticos.
El análisis de posibles ganancias y pérdidas, el consabido costo político, debió jugar un papel importante en la decisión de algunos partidos para ausentarse de la Concertación Nacional. Jamás entendí la postura del PRD de retirarse del Diálogo por la CSS convocado durante la administración pasada. Hubiese sido un problema menos que resolver en este periodo presidencial. Pero en aquélla, como en esta ocasión, se apuesta a obstaculizar la solución de problemas que nos atañen a todos los panameños para no dar créditos que puedan ser utilizados electoralmente. Con esta actitud el ciudadano es siempre el afectado.
Yo, como dirigente político, me tendría que preguntar cuáles son las posibles consecuencias positivas o negativas de no participar en la Concertación Nacional. Pero también es necesario considerar los posibles resultados positivos que merecerían tomar el riesgo de participar... ¿disminuir la pobreza no es uno de ellos? ¿Mejorar los indicadores de desarrollo humano no sería un elemento bueno por el cual correr el riesgo? ¿No fue el tema de las inversiones sociales lo que nos motivó a los panameños respaldar la propuesta de ampliación del Canal de Panamá? ¿No se dijo que había que tener un plan de desarrollo para invertir los excedentes del mismo? Ahora tenemos la oportunidad y, ¿qué hacemos? Mandamos mensajes equivocados como la eliminación de la obligación de contratación pública para todos los actos del gobierno, pero también ponemos distancia con los seres empobrecidos por falta de políticas coherentes y consistentes, que bien se podrían elaborar ahora.
Si dejamos morir esta oportunidad, ya por un mermado liderazgo de la Administración Torrijos, ya por ausencia de los partidos de oposición, estaremos abriendo el camino a otras formas de gobiernos que, seguramente se distanciarían de los principios de democracia, justicia y libertad, propios de una nación con un gran futuro.
Cuando en una sociedad hay una prebenda, un privilegio, alguien paga por ello. La política se supone que es la búsqueda del bien común. ¿Qué bien común genera que alguien que compró hace un tiempo un bien raíz, por arte de la especulación hoy pueda venderlo por muchas veces su valor. Y peor si este bien raíz fue una adjudicación del Estado para un fin social, cultural o religioso, que ahora se venda dentro de la corriente especulativa con ganancias que rayan, si no en lo delictivo, por lo menos en lo inmoral?
Y esto es al margen de la peor venta de la patria que hace un gobierno antinacional que entrega, en concesiones graciosas, todo tipo de negociado al apátrida poder económico transnacional.
Una Constituyente originaria se requiere para enmendar estos entuertos antinacionales y de distorsión económica.
