¡Justicia!
En vísperas del traspaso del Canal a Panamá, porque el PRD controla el sistema judicial, se mantiene la impunidad y la inmunidad que caracterizaron la administración de la justicia tanto en la dictadura de los militares y sus socios civiles como en el régimen de Pérez Balladares.
La impunidad y la inmunidad de la dictadura militar volvieron a imponerse desde septiembre de 1994 cuando Pérez Balladares asumió la presidencia e indultó a numerosos exmilitares y copartidarios del PRD acusados de toda clase de crímenes y delitos. Desdeñando las protestas que se elevaron contra la escandalosa impunidad que representaban aquellos indultos, el gobierno PRD indultó a muchos más.
Inmunidad ha habido en la Corte Suprema desde 1993 cuando ésta determinó que el Consejo Judicial no podía someter a los magistrados a un proceso disciplinario por falta de ética judicial. Pero, después de que Pérez Balladares nombró por diez años más al magistrado Arturo Hoyos, éste se aseguró de que tampoco la Defensoría del Pueblo tuviera el poder de fiscalizar al Organo Judicial. Iniciando la célebre corriente reeleccionaria del Gobierno PRD, Hoyos parece creer que el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia es a perpetuidad. No sólo ha declarado que los problemas de la administración de justicia son una invención de los medios de comunicación, sino que promovió descaradamente la creación de la Sala Quinta y defendió el nombramiento de los magistrados de esa Sala por parte de Pérez Balladares.
El Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, más que en la administración de justicia, parece estar interesado en ganar dinero por lo que no hace, como lo indica la indemnización de más de un millón de dólares que persigue en su demanda contra César Guardia y los periodistas Gustavo Gorriti y Rolando Rodríguez. Nombrado por Pérez Balladares, quien lo defendió en el escándalo de los teléfonos interceptados proclamándolo "un pilar en el adecentamiento de la justicia", la actuación de Sossa como procurador ha sido tan escabrosa que es inconcebible que pretenda que otros paguen por los daños que él mismo ha causado a su imagen.
Aunque la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, renunció al PRD al ser nombrada por Pérez Balladares, y ha alegado que no sigue los lineamientos de ese partido, ¿se sabe de alguna decisión suya que haya sido contraria a los intereses de la cúpula? En cambio, le negó el derecho a huelga a los controladores aéreos determinando que su despido era legal porque "descuidaron sus obligaciones" al no asistir puntualmente a sus puestos de trabajo. También colaboró en la reforma de la ARI que promovió Perez Balladares para controlar la disposición de las propiedades de la antigua Zona del Canal, recomendando que fuera el Administrador General y no la Junta Directiva de la ARI que adjudicara definitivamente las licitaciones públicas.
El PRD controla la justicia en Panamá con la mayoría que tiene ese partido en la Corte Suprema cuyos fallos son definitivos e inapelables. Pérez Balladares nombró a cuatro magistrados: Rogelio Fábrega Zarak, Graciela Dixon, Eligio Salas y José Troyano. A éstos añadió los tres magistrados de la Sala Quinta -Oscar Ceville, Mariblanca Staff y Elitza Cedeño- quienes han exigido nuevas elecciones en la Corte Suprema en una jugada que ha sido interpretada como un esfuerzo para evitar que se anule la Sala Quinta.
La cúpula del PRD tiene un seguro contra la justicia en la Sala Quinta, entidad que tiene enorme poder ya que atiende los recursos del amparo de garantías constitucionales y habeas corpus. ¿Será casual que la creación de
la Sala Quinta fue promovida con renovado ímpetu y fuertes presiones a finales de mayo, cuando Pérez Balladares se enteró de que Washington investigaba el tráfico de chinos?
La Constitución actual, impuesta por los militares y sus socios civiles del PRD, promueve la impunidad y la inmunidad debido a que fomenta el contubernio entre la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa al asignar a la Asamblea la responsabilidad de juzgar a los magistrados de la Corte Suprema, y a la Corte Suprema la responsabilidad de juzgar a los legisladores. Es decir, ofrece a los legisladores y los magistrados la posibilidad de protegerse mutuamente, siendo el caso del magistrado José Manuel Faúndes la excepción que prueba la regla. No obstante, en vez de promover una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución para
eliminar este contubernio, Hoyos, Sossa y Montenegro de Fletcher se han opuesto a la misma esgrimiendo diversas objeciones.
La Asamblea Legislativa es un palacio de inmunidad donde el PRD obtuvo una mayoría mediante el uso de jugosas partidas circuitales y trampas electorales de toda índole. No sólo gozan de inmunidad legisladores cuyas credenciales están manchadas por acusaciones de fraude. Algunos, como el "legislador" perteneciente a la misma estirpe que persiguió al padre Héctor Gallego hasta su muerte, son temidos por sus tendencias violentas. Goza de inmunidad Pedro Miguel González quien, protegido por su padre, Gerardo González Vernaza, quien era presidente de la Asamblea y del PRD, y por Pérez Balladares, fue absuelto por un jurado de conciencia en 1997 en el juicio que se le siguió por el asesinato del soldado norteamericano Zak Hernández.
En cuanto a los jueces, algunos datan de la dictadura de los militares y sus socios civiles del PRD cuando, como ha dicho Arturo Hoyos, prevalecía la justicia del telefonazo y los jueces eran instrumentos de persecusión política. Todos son susceptibles a enormes presiones por parte de sus superiores y de las diversas mafias que prosperan en este país. Además, tienen poca protección contra ataques físicos como el que sufrió la jueza Aidaelena Pereira en relación a una causa que involucraba una propiedad del controvertido Moisés Mizrachi, nombrado directivo de la Autoridad del Canal por Pérez Balladares. En octubre de 1993, en presencia de muchos testigos, Eduardo Berbey, le disparó a a la jueza dos tiros a quemarropa causándole perforación del pulmón, fractura de una costilla y lesiones arteriales. ¿Por qué será que no fue sino hasta julio de 1999 que la Sala Segunda de la Corte Suprema confirmó el auto de llamamiento a juicio del exembajador perredista?
Los miembros de los jurados de conciencia y sus familias no tienen garantía alguna desde 1995 cuando tres miembros de la la familia de Gabriel Sánchez fueron atacados a machetazos mientras éste se desempeñaba como jurado en el juicio del cabo sindicado por la muerte del estudiante Eduardo Carrera.
Aquel salvaje ataque no sólo quedó impune cuando un jurado absolvió al cabo de la Policía Nacional Joe Medina Vernaza, sino que tanto el Tribunal Superior de Coclé y Veraguas como la Sala Penal de la Corte Suprema rechazaron un reclamo de indemnización a las víctimas del espeluznante ataque: la madre que quedó con cicatrices en la cara y en el cuerpo, la hija que sufre por el párpado del ojo izquierdo caído, una mano inmovilizada y la otra sin dos dedos, y el hijo que perdió un dedo y quedó marcado con cicatrices en la cara. Desde entonces, ningún jurado en Panamá puede emitir el veredicto de su conciencia sin temer represalias.
Ayer y hoy, el PRD promueve la inmunidad y la impunidad porque es un partido que corrompe instituciones, prosperando en base al abuso del poder, la corrupción y la mentira. En el caso del padre Héctor Gallego, el PRD no quiere que se sepa la verdad porque no se puede dar el lujo de que se empañe la imagen de Omar Torrijos Herrera, pantalla que usa para encubrir el hecho de que es un partido dominado por sujetos que se han hecho millonarios a punta de atropellar y engañar al pueblo panameño.
Cuando Héctor desapareció en junio de 1971, el general Torrijos alegó que su desaparición era un intento de "perjudicar las negociaciones con Estados Unidos sobre el Canal" (Matutino 16 de junio de 1971). El pueblo, sabiendo que la Guardia Nacional había raptado al sacerdote y que Torrijos encubría el crimen, estaba dispuesto a tumbar a la dictadura. Pero la Iglesia Católica, informada de que Héctor ya había muerto, y sometida a enormes presiones por el régimen castrense para que apoyara a los esfuerzos de Torrijos por lograr un nuevo tratado sobre el Canal, decidió no seguir confrontando públicamente a la dictadura para que respondiera sobre el paradero del sacerdote. Es decir, la dictadura militar exigió que se sacrificara la justicia por el Canal.
Dentro de poco, Panamá tendrá el Canal. No hay duda de que Torrijos luchó con denuedo por esa causa y eso hay que reconocerlo. Pero, para el pueblo panameño el costo del Canal fue el yugo de la injusticia que todavía lo oprime porque desde el golpe militar de 1968, no ha habido justicia en nuestra Patria. En vísperas del traspaso del Canal a Panamá, ¿aceptaremos que se perpetúe la impunidad y la inmunidad?
¿Acaso un pueblo puede vivir en paz sin justicia? Hoy nos debe inspirar la memoria de Héctor Gallego. Las voces de miles de nuestros hermanos encarcelados injustamente, cumpliendo sentencias sin haber sido llamados a juicio, sufriendo los atropellos de sus carceleros y las condiciones inmundas e inhumanas de las cárceles, claman por justicia. No podemos permitir que quienes han institucionalizado la impunidad y la inmunidad, los perpetradores y encubridores de toda clase de crímenes y delitos, continúen controlando al Organo Judicial. El pueblo panameño, para lograr vivir en paz al fin, tiene que movilizarse como cuando buscaba a Héctor, exigiendo una nueva Constitución y la renuncia inmediata de quienes son un obstáculo a la justicia en Panamá. ¡Ahora o nunca! ¡Justicia!
La impunidad y la inmunidad de la dictadura militar volvieron a imponerse desde septiembre de 1994 cuando Pérez Balladares asumió la presidencia e indultó a numerosos exmilitares y copartidarios del PRD acusados de toda clase de crímenes y delitos. Desdeñando las protestas que se elevaron contra la escandalosa impunidad que representaban aquellos indultos, el gobierno PRD indultó a muchos más.
Inmunidad ha habido en la Corte Suprema desde 1993 cuando ésta determinó que el Consejo Judicial no podía someter a los magistrados a un proceso disciplinario por falta de ética judicial. Pero, después de que Pérez Balladares nombró por diez años más al magistrado Arturo Hoyos, éste se aseguró de que tampoco la Defensoría del Pueblo tuviera el poder de fiscalizar al Organo Judicial. Iniciando la célebre corriente reeleccionaria del Gobierno PRD, Hoyos parece creer que el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia es a perpetuidad. No sólo ha declarado que los problemas de la administración de justicia son una invención de los medios de comunicación, sino que promovió descaradamente la creación de la Sala Quinta y defendió el nombramiento de los magistrados de esa Sala por parte de Pérez Balladares.
El Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, más que en la administración de justicia, parece estar interesado en ganar dinero por lo que no hace, como lo indica la indemnización de más de un millón de dólares que persigue en su demanda contra César Guardia y los periodistas Gustavo Gorriti y Rolando Rodríguez. Nombrado por Pérez Balladares, quien lo defendió en el escándalo de los teléfonos interceptados proclamándolo "un pilar en el adecentamiento de la justicia", la actuación de Sossa como procurador ha sido tan escabrosa que es inconcebible que pretenda que otros paguen por los daños que él mismo ha causado a su imagen.
Aunque la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, renunció al PRD al ser nombrada por Pérez Balladares, y ha alegado que no sigue los lineamientos de ese partido, ¿se sabe de alguna decisión suya que haya sido contraria a los intereses de la cúpula? En cambio, le negó el derecho a huelga a los controladores aéreos determinando que su despido era legal porque "descuidaron sus obligaciones" al no asistir puntualmente a sus puestos de trabajo. También colaboró en la reforma de la ARI que promovió Perez Balladares para controlar la disposición de las propiedades de la antigua Zona del Canal, recomendando que fuera el Administrador General y no la Junta Directiva de la ARI que adjudicara definitivamente las licitaciones públicas.
El PRD controla la justicia en Panamá con la mayoría que tiene ese partido en la Corte Suprema cuyos fallos son definitivos e inapelables. Pérez Balladares nombró a cuatro magistrados: Rogelio Fábrega Zarak, Graciela Dixon, Eligio Salas y José Troyano. A éstos añadió los tres magistrados de la Sala Quinta -Oscar Ceville, Mariblanca Staff y Elitza Cedeño- quienes han exigido nuevas elecciones en la Corte Suprema en una jugada que ha sido interpretada como un esfuerzo para evitar que se anule la Sala Quinta.
La cúpula del PRD tiene un seguro contra la justicia en la Sala Quinta, entidad que tiene enorme poder ya que atiende los recursos del amparo de garantías constitucionales y habeas corpus. ¿Será casual que la creación de
la Sala Quinta fue promovida con renovado ímpetu y fuertes presiones a finales de mayo, cuando Pérez Balladares se enteró de que Washington investigaba el tráfico de chinos?
La Constitución actual, impuesta por los militares y sus socios civiles del PRD, promueve la impunidad y la inmunidad debido a que fomenta el contubernio entre la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa al asignar a la Asamblea la responsabilidad de juzgar a los magistrados de la Corte Suprema, y a la Corte Suprema la responsabilidad de juzgar a los legisladores. Es decir, ofrece a los legisladores y los magistrados la posibilidad de protegerse mutuamente, siendo el caso del magistrado José Manuel Faúndes la excepción que prueba la regla. No obstante, en vez de promover una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución para
eliminar este contubernio, Hoyos, Sossa y Montenegro de Fletcher se han opuesto a la misma esgrimiendo diversas objeciones.
La Asamblea Legislativa es un palacio de inmunidad donde el PRD obtuvo una mayoría mediante el uso de jugosas partidas circuitales y trampas electorales de toda índole. No sólo gozan de inmunidad legisladores cuyas credenciales están manchadas por acusaciones de fraude. Algunos, como el "legislador" perteneciente a la misma estirpe que persiguió al padre Héctor Gallego hasta su muerte, son temidos por sus tendencias violentas. Goza de inmunidad Pedro Miguel González quien, protegido por su padre, Gerardo González Vernaza, quien era presidente de la Asamblea y del PRD, y por Pérez Balladares, fue absuelto por un jurado de conciencia en 1997 en el juicio que se le siguió por el asesinato del soldado norteamericano Zak Hernández.
En cuanto a los jueces, algunos datan de la dictadura de los militares y sus socios civiles del PRD cuando, como ha dicho Arturo Hoyos, prevalecía la justicia del telefonazo y los jueces eran instrumentos de persecusión política. Todos son susceptibles a enormes presiones por parte de sus superiores y de las diversas mafias que prosperan en este país. Además, tienen poca protección contra ataques físicos como el que sufrió la jueza Aidaelena Pereira en relación a una causa que involucraba una propiedad del controvertido Moisés Mizrachi, nombrado directivo de la Autoridad del Canal por Pérez Balladares. En octubre de 1993, en presencia de muchos testigos, Eduardo Berbey, le disparó a a la jueza dos tiros a quemarropa causándole perforación del pulmón, fractura de una costilla y lesiones arteriales. ¿Por qué será que no fue sino hasta julio de 1999 que la Sala Segunda de la Corte Suprema confirmó el auto de llamamiento a juicio del exembajador perredista?
Los miembros de los jurados de conciencia y sus familias no tienen garantía alguna desde 1995 cuando tres miembros de la la familia de Gabriel Sánchez fueron atacados a machetazos mientras éste se desempeñaba como jurado en el juicio del cabo sindicado por la muerte del estudiante Eduardo Carrera.
Aquel salvaje ataque no sólo quedó impune cuando un jurado absolvió al cabo de la Policía Nacional Joe Medina Vernaza, sino que tanto el Tribunal Superior de Coclé y Veraguas como la Sala Penal de la Corte Suprema rechazaron un reclamo de indemnización a las víctimas del espeluznante ataque: la madre que quedó con cicatrices en la cara y en el cuerpo, la hija que sufre por el párpado del ojo izquierdo caído, una mano inmovilizada y la otra sin dos dedos, y el hijo que perdió un dedo y quedó marcado con cicatrices en la cara. Desde entonces, ningún jurado en Panamá puede emitir el veredicto de su conciencia sin temer represalias.
Ayer y hoy, el PRD promueve la inmunidad y la impunidad porque es un partido que corrompe instituciones, prosperando en base al abuso del poder, la corrupción y la mentira. En el caso del padre Héctor Gallego, el PRD no quiere que se sepa la verdad porque no se puede dar el lujo de que se empañe la imagen de Omar Torrijos Herrera, pantalla que usa para encubrir el hecho de que es un partido dominado por sujetos que se han hecho millonarios a punta de atropellar y engañar al pueblo panameño.
Cuando Héctor desapareció en junio de 1971, el general Torrijos alegó que su desaparición era un intento de "perjudicar las negociaciones con Estados Unidos sobre el Canal" (Matutino 16 de junio de 1971). El pueblo, sabiendo que la Guardia Nacional había raptado al sacerdote y que Torrijos encubría el crimen, estaba dispuesto a tumbar a la dictadura. Pero la Iglesia Católica, informada de que Héctor ya había muerto, y sometida a enormes presiones por el régimen castrense para que apoyara a los esfuerzos de Torrijos por lograr un nuevo tratado sobre el Canal, decidió no seguir confrontando públicamente a la dictadura para que respondiera sobre el paradero del sacerdote. Es decir, la dictadura militar exigió que se sacrificara la justicia por el Canal.
Dentro de poco, Panamá tendrá el Canal. No hay duda de que Torrijos luchó con denuedo por esa causa y eso hay que reconocerlo. Pero, para el pueblo panameño el costo del Canal fue el yugo de la injusticia que todavía lo oprime porque desde el golpe militar de 1968, no ha habido justicia en nuestra Patria. En vísperas del traspaso del Canal a Panamá, ¿aceptaremos que se perpetúe la impunidad y la inmunidad?
¿Acaso un pueblo puede vivir en paz sin justicia? Hoy nos debe inspirar la memoria de Héctor Gallego. Las voces de miles de nuestros hermanos encarcelados injustamente, cumpliendo sentencias sin haber sido llamados a juicio, sufriendo los atropellos de sus carceleros y las condiciones inmundas e inhumanas de las cárceles, claman por justicia. No podemos permitir que quienes han institucionalizado la impunidad y la inmunidad, los perpetradores y encubridores de toda clase de crímenes y delitos, continúen controlando al Organo Judicial. El pueblo panameño, para lograr vivir en paz al fin, tiene que movilizarse como cuando buscaba a Héctor, exigiendo una nueva Constitución y la renuncia inmediata de quienes son un obstáculo a la justicia en Panamá. ¡Ahora o nunca! ¡Justicia!
