Justicia, no ciega, chueca
El magnicidio es el crimen más grande que puede tener un país: el asesinato de un Presidente. Lo ha sufrido Estados Unidos con sus presidentes Lincoln, Garfield, McKinley y John F. Kennedy; e India con el gran Mahatma Gandhi. Hace 54 años, el 2 de enero, lo vivió Panamá con el aún irresuelto asesinato de José Antonio Remón Cantera.
Ante el descalabro de nuestro ineficiente y corrupto sistema judicial, vale la pena preguntarse los motivos que tuvo la justicia medio siglo atrás para darle la espalda a la investigación de aquel magnicidio, quizá allí radican explicaciones de lo que judicialmente padece hoy nuestro país y que tanta preocupación genera a tantos.
El objetivo inicial de los conspiradores fue separar de su cargo al presidente José Ramón Guizado Valdés quien, como Primer Vicepresidente, reemplazó a Remón; lograr aquello era más importante que encontrar a los asesinos del Presidente muerto. Como correspondía, Guizado había ordenado ipso facto la contratación de expertos investigadores que al poco rato se fueron del país: la Guardia Nacional asumió el rol de "descubrir" a los culpables…, a los que realmente encubrió. Condenar a inocentes como Guizado y a su socio comercial Rodolfo de Saint Malo se empalmó con el desinterés de la viuda y el hermano de Remón, para quien lo importante era lograr un préstamo del gobierno que el mismo presidente Remón le había negado. Hasta los norteamericanos jugaron un papel cómplice en esa comedia negra.
La clase política demostró su bajeza por lograr el poder a como diera lugar. Burdamente condenaron a un hombre probo en un juicio circense en la Asamblea Nacional, echando por tierra todo sentido de dignidad y decoro. La historia le debe un pedestal a los ocho dignos diputados que se negaron a condenar al presidente Guizado: Aquilino Boyd, Juan B. Arias, Antonio Delgado, Simeón Conte, Tomás Rodrigo Arias, Francisco José Linares, Plinio Varela y Carlos Iván Zuñiga, cuyo reciente deceso todo el país lamenta.
Magistrados nombrados por intereses políticos que recibían órdenes cuartelarias; jurados escogidos de listas suministradas por el hermano de Remón; jefes policiales involucrados en el encubrimiento del crimen; asesinatos inexplicables de posibles testigos clave; fiscales corrompidos y abogados venales, torturas a detenidos para lograr implicaciones a inocentes; investigaciones amañadas; eliminación de evidencias importantes; incomunicación a los detenidos para que confesaran... el más bochornoso episodio de la historia judicial panameña.
Se deben reconstruir los detalles que esclarezcan este delito de lesa Patria; que al descubrirse todos los pormenores de tanta miseria humana, ese cruento escenario no se vuelva a repetir. Todas las nuevas generaciones de panameños tienen derecho de conocer ese oprobioso pasado en donde muchos encumbrados lucraron a más no dar y muchos con fama de "respetados" ciudadanos sirvieron a esos nefastos intereses.
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