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Justicia para los damnificados


La tragedia que vivió el área Este de la ciudad de Panamá, fue tan catastrófica que los medios internacionales la divulgaron. El noticiero de la Red Globo de Brasil, una de las mayores empresa televisivas de América Latina, narró con detalles dicha desgracia.
Por otra parte, la población panameña nuevamente dio muestra de solidaridad en este tipo de situaciones y prestó su ayuda inmediatamente. El Gobierno también desarrolló un papel importante y nuestro querido Club Activo 20-30, nuevamente, desempeñó un trabajo digno de mencionar.
A una semana del desastre, en la cual un gran porcentaje de las familias afectadas aún no se recupera, surge una gran preocupación: ¿Cuándo se repetirá esta desgracia? Muchas de las barriadas afectadas no reúnen los requisitos mínimos, y es la verdadera razón de este desastre. Los promotores de estos proyectos, junto con las autoridades del MIVI e Ingeniería Municipal son los reales responsables, y hoy día quieren esconderse tras el fenómeno natural, como la única causa del problema vivido por miles de personas.
En los últimos años, algunos arquitectos urbanistas y periodistas han estado señalando los abusos que se han dado en Panamá en lo que respecta a la construcción y nadie le ha tomado seriedad a estas denuncias, y hoy, después de lo vivido por este sector de la población, es que todos se preocupan por el tema.
Tengo entendido que la Ministra de Vivienda, la Ing. Balbina Herrera nombró una comisión que esto. Creo que la alternativa debemos aplaudirla, pero esperamos que lo que se proponga allí, se haga realidad.
Sin embargo, creo que si no tomamos medidas ejemplares hacia los dueños o promotores de esos proyectos, no se obtendrán los resultados y continuará el engaño a las personas.
Un ejemplo de esto lo viven los residente de la Urbanización Chanis, que han penado por más de 30 años la irresponsabilidad de los constructores y autoridades correspondientes; muchos tuvieron que vender sus casas por menor precio de lo adquirido. Hoy, los de las nuevas barriadas Las Praderas, Villa Esperanza , Los Caobos, y otras más, han iniciado el calvario, por lo que pienso que es justo que se les debe recompensar, ya sea que entre el gobierno y las empresas promotoras asuman el precio de su irresponsabilidad e incompetencia. No es justo que estas familias, que no tienen mucho tiempo de vivir en esas urbanizaciones, tengan que pagar por un producto que no tiene el valor estipulado y que se ha devaluado. De la forma que esto se aplique, se le habrá hecho justicia a estos panameños, y las empresas constructora, así como las autoridades correspondientes, dejarán de engañar a la población.
Señores del gobierno, ustedes han actuado eficientemente en la parte crítica de esta situación, ahora deben tomar las medidas correctivas permanentes, iniciando con las sanciones económicas a los responsables de esas construcciones; es la única forma que podremos imponer justicia para los afectados, además de seriedad y responsabilidad para los futuros clientes.
No se puede tomar de excusa que las empresas o bancos tendrán un gran perjuicio económico. La gran verdad es que estos damnificados ya lo han tenido y lo seguirán teniendo para siempre. Hay que sancionar a los funcionarios que dieron el visto bueno para estas construcciones. Que se hagan los correctivos, para que no se repita, y que se le haga justicia a los perjudicados en estos momentos.
"Cuando los hombres decentes no participan en política, y los indecentes se aprovechan de ella, entonces los decentes tendrán que callar". Gandhi.
(*) Carlos David Abadía Abad
(cdabadia@cwpanama.net)

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