¿Justicia sin democracia?
ANTE LA situación que tiende a deteriorarse en nuestro país, es inevitable hacer referencia a algunos conceptos políticos y muy especialmente al concepto de democracia, el cual, como es sabido depende cada día más de las múltiples realidades culturales, políticas, económicas sociales que existe en cada sociedad. Recuerdo aquí que Aristóteles clasifica las formas de gobierno en puras como la monarquía, la aristocracia y la democracia e impuras, como la tiranía, la oligarquía y la demagogia.
Partamos del hecho de que la credibilidad en las instituciones políticas se ha demeritado profundamente y tal vez se debe a que la conciencia pública ha sido golpeada insistente e impunemente por gobernantes irresponsables y corruptos, cuando la moral política debería encontrar sus elementos en la legalidad, en la eficiencia, en la responsabilidad, en la honestidad y en la imparcialidad, pero desafortunadamente no sucede así.
La sabia enseñanza de José Dolores Moscote, cuando decía: "Siempre es incontestablemente mejor para un país la actitud dispuesta y vigilante del pueblo, aunque a veces caiga en errores manifiestos, que una actitud pasiva e indiferente que deje el campo a merced de las dictaduras y las tiranías", pareciera haberse traspapelado del comportamiento ciudadano.
Para que de nuestros días podamos hablar de un Estado Democrático, de un Estado de Derecho, es requisito sine qua non, la vigencia y el respeto de los Derechos Humanos, el respeto a las garantías individuales y sociales de los gobernados, la libre elección y remoción de los gobernantes, la periódica renovación de los titulares de todos los órganos, una real y efectiva representación política de los más capaces para asumir las funciones públicas, la delimitación legal de las funciones y atribuciones de los titulares de los Órganos de Gobierno y el debido y permanente respeto de estos a los Convenios sobre Derechos Humanos, la Constitución y las leyes que de ella emanen y la posibilidad real y permanente de responsabilizar a los gobernantes cuando, con su conducta, contravengan las libertades fundamentales y las normas legales.
Todos nosotros vemos cómo en nuestro Panamá el uso del concepto de democracia tiene cada día más tintes demagógicos, de distinto nivel. No hay discurso político que no recurra a este concepto tan antiguo y, todo parece indicar que algunos están convencidos que la repetición constante es su llama vital y no así el fortalecimiento entre los ciudadanos de los elementos que la definen y que, ya desde épocas remotas de la Ilustración y la Revolución francesa han sido aceptados por los pueblos que buscan la felicidad y poder vivir en un Estado de Derecho.
Debo subrayar que la democracia en nuestro país no funciona y no podrá funcionar hasta tanto no tenga como punto de apoyo y de motivación para su desarrollo, no solamente un entorno propio del constitucionalismo, sino también una profunda y real reforma absoluta del Estado, si no existe un efectivo respeto a las garantías individuales y sociales, un permanente e incondicional respeto al voto, un adecuado equilibrio entre las potestades públicas sin la subordinación de un poder a otro, si los funcionarios elegidos que gozan de fuero constitucional o inmunidad procesal y que supuestamente fueron elegidos por ser los más capaces, no son políticamente verticales y están verdaderamente comprometidos con su función y abogan por los intereses colectivos, si la honestidad y la eficiencia son la regla y no la excepción.
Funcionará la democracia si las leyes se aplican con efectividad a los que no se conducen bajo estos parámetros, sin importar su posición o influencia social, para evitar que el país siga siendo el botín de unos cuantos, si su actuación pública se realiza en función de las instituciones democráticas consignadas en el ordenamiento constitucional supremo y en la efectiva aplicación de las mismas a la realidad y si el interés público y el bienestar social están antes que los intereses oligárquicos o el bienestar personal de los que están obligados a servir al país.
Hoy por hoy, la democracia debe tener como uno de sus principales fundamentos el control jurisdiccional y administrativo de los servidores públicos, cualquiera que sea su rango o nivel jerárquico, así como la voluntad de ellos mismos para hacerlos efectivos en contra de aquellos que sean incapaces, por no poder o por no tener la voluntad de cumplir con las leyes que regulan sus actividades públicas. Aquí en Panamá hemos perdido completamente de vista que la primera responsabilidad pública de un gobernante honesto es respetar y aplicar la Ley. Los ciudadanos no pueden convertirse en policías de los gobernantes o servidores públicos corruptos, aun cuando legalmente tenemos el derecho y aparentemente, los medios para denunciar los casos de corrupción de los servidores públicos. Sin embargo, es prácticamente imposible que los ciudadanos denuncien conductas infractoras o delictivas cometidas por funcionarios del más alto nivel, aunque sea evidente su comisión. El riesgo de incurrir en responsabilidad civil o penal es muy alto, por la falta de acceso a los medios de prueba, por no mencionar las represalias de personas más poderosas en lo político, en lo social y en lo económico.
Partamos del hecho de que la credibilidad en las instituciones políticas se ha demeritado profundamente y tal vez se debe a que la conciencia pública ha sido golpeada insistente e impunemente por gobernantes irresponsables y corruptos, cuando la moral política debería encontrar sus elementos en la legalidad, en la eficiencia, en la responsabilidad, en la honestidad y en la imparcialidad, pero desafortunadamente no sucede así.
La sabia enseñanza de José Dolores Moscote, cuando decía: "Siempre es incontestablemente mejor para un país la actitud dispuesta y vigilante del pueblo, aunque a veces caiga en errores manifiestos, que una actitud pasiva e indiferente que deje el campo a merced de las dictaduras y las tiranías", pareciera haberse traspapelado del comportamiento ciudadano.
Para que de nuestros días podamos hablar de un Estado Democrático, de un Estado de Derecho, es requisito sine qua non, la vigencia y el respeto de los Derechos Humanos, el respeto a las garantías individuales y sociales de los gobernados, la libre elección y remoción de los gobernantes, la periódica renovación de los titulares de todos los órganos, una real y efectiva representación política de los más capaces para asumir las funciones públicas, la delimitación legal de las funciones y atribuciones de los titulares de los Órganos de Gobierno y el debido y permanente respeto de estos a los Convenios sobre Derechos Humanos, la Constitución y las leyes que de ella emanen y la posibilidad real y permanente de responsabilizar a los gobernantes cuando, con su conducta, contravengan las libertades fundamentales y las normas legales.
Todos nosotros vemos cómo en nuestro Panamá el uso del concepto de democracia tiene cada día más tintes demagógicos, de distinto nivel. No hay discurso político que no recurra a este concepto tan antiguo y, todo parece indicar que algunos están convencidos que la repetición constante es su llama vital y no así el fortalecimiento entre los ciudadanos de los elementos que la definen y que, ya desde épocas remotas de la Ilustración y la Revolución francesa han sido aceptados por los pueblos que buscan la felicidad y poder vivir en un Estado de Derecho.
Debo subrayar que la democracia en nuestro país no funciona y no podrá funcionar hasta tanto no tenga como punto de apoyo y de motivación para su desarrollo, no solamente un entorno propio del constitucionalismo, sino también una profunda y real reforma absoluta del Estado, si no existe un efectivo respeto a las garantías individuales y sociales, un permanente e incondicional respeto al voto, un adecuado equilibrio entre las potestades públicas sin la subordinación de un poder a otro, si los funcionarios elegidos que gozan de fuero constitucional o inmunidad procesal y que supuestamente fueron elegidos por ser los más capaces, no son políticamente verticales y están verdaderamente comprometidos con su función y abogan por los intereses colectivos, si la honestidad y la eficiencia son la regla y no la excepción.
Funcionará la democracia si las leyes se aplican con efectividad a los que no se conducen bajo estos parámetros, sin importar su posición o influencia social, para evitar que el país siga siendo el botín de unos cuantos, si su actuación pública se realiza en función de las instituciones democráticas consignadas en el ordenamiento constitucional supremo y en la efectiva aplicación de las mismas a la realidad y si el interés público y el bienestar social están antes que los intereses oligárquicos o el bienestar personal de los que están obligados a servir al país.
Hoy por hoy, la democracia debe tener como uno de sus principales fundamentos el control jurisdiccional y administrativo de los servidores públicos, cualquiera que sea su rango o nivel jerárquico, así como la voluntad de ellos mismos para hacerlos efectivos en contra de aquellos que sean incapaces, por no poder o por no tener la voluntad de cumplir con las leyes que regulan sus actividades públicas. Aquí en Panamá hemos perdido completamente de vista que la primera responsabilidad pública de un gobernante honesto es respetar y aplicar la Ley. Los ciudadanos no pueden convertirse en policías de los gobernantes o servidores públicos corruptos, aun cuando legalmente tenemos el derecho y aparentemente, los medios para denunciar los casos de corrupción de los servidores públicos. Sin embargo, es prácticamente imposible que los ciudadanos denuncien conductas infractoras o delictivas cometidas por funcionarios del más alto nivel, aunque sea evidente su comisión. El riesgo de incurrir en responsabilidad civil o penal es muy alto, por la falta de acceso a los medios de prueba, por no mencionar las represalias de personas más poderosas en lo político, en lo social y en lo económico.
