Justicia social: Una perspectiva liberal
Ricardo Arias Calderón ha tocado un tema de gran importancia para el desarrollo de nuestras sociedades. El concepto de justicia social no ha estado bien esclarecido y necesita ser perfeccionado en el pensamiento social cristiano y asumido en el liberal. Concuerdo en que su sentido no puede estar equiparado con el de la justicia distributiva y se debe concebir como una norma general del cuerpo social entero. Cada uno tiene la obligación de cumplir su función particular y propia dentro de la sociedad. Dicha función parte de su conciencia y elección libre y no de la coerción. La contribución personal al bien social depende del desarrollo de hábitos sociales y políticos elegidos y ejercitados en la conciencia de que el bien personal contribuye al bien común y que el bien común contribuye al bien personal.
Es frecuente la referencia a la justicia social como la obligación de distribuir la riqueza de una manera igualitaria. Este es un doble error. Si algo, esa fuese una justicia distributiva, la cual corresponde al padre de familia con los bienes familiares. En tiempos en que los monarcas eran vistos como padres de la nación se les asignaba la distribución de los bienes comunes -cosa que nunca hicieron. Don Ricardo ha señalado, correctamente, que en una democracia los sujetos de tal derecho son los ciudadanos y los gobernantes son sus agentes. Es importante determinar cuáles son los bienes comunes y cuáles los particulares, porque no es correcto ni conveniente que el gobierno ejerza un poder confiscatorio de los bienes personales para redistribuirlos a lo Robin Hood.
Hay que tener cuidado de no caer en la mentalidad heredada de las monarquías y reflejadas en el mercantilismo persistente en nuestro ambiente. No creo que lo que necesita ser distribuido sean “los reconocimientos, autorizaciones, oportunidades, y beneficios que un gobierno asigna a los gobernados”. Ese pensamiento refleja lo que hacían los monarcas que se concebían como dueños de vidas y hacienda a ser distribuidos a su antojo. En una democracia todos son reconocidos como persona con igualdad de derechos y autorizados a hacer cualquiera cosa que no viole los derechos ajenos. En una democracia no hay ni fueros, ni privilegios ni beneficios que distribuir. Los bienes comunes más importantes son el lenguaje y el acerbo cultural de la nación. Con ellos, los ciudadanos pueden valerse por sí mismos. Por ello, la función más importante en este sentido es la tutela de la educación de los ciudadanos. No he dicho una educación centralizada ni controlada por el gobierno, sino fomentada y protegida. Los primeros responsables y obligados a ejercer esta tarea son los padres de familia con los niños y los ciudadanos para consigo mismo. La función del gobierno en esto es puramente subsidiaria.
La justicia social necesita ser ordenada desde la base rectora del ordenamiento político y social. La constitución y la filosofía que la nutren deben partir de una recta comprensión de la naturaleza humana con sus bondades y debilidades. Ese ordenamiento constitucional necesita establecer los límites y las obligaciones de los gobernantes, de los cuales no se pueden alejar, y señalar a los ciudadanos todos los derechos y obligaciones de forma general y abstracta. En la base de estas concepciones está el de la persona como sujeto de conocimiento y libertad de lección. El bien común depende de, y es medido por, el bien personal. Los gobernantes tienen como función primordial salvaguardar los derechos de las personas y de sus asociaciones.
Una faceta fundamental de la persona es que llega a realizarse como persona sólo en sociedad con otras personas. Esto ocurre en primera instancia en la familia. Luego las personas se asocian de diversas forma para distintos fines. Estas asociaciones son previas al Estado y tienen derechos derivados de los derechos de la persona. Por ello, el Estado está en función de estas asociaciones y no tiene derecho sobre ellas. Cuando una sociedad toma en cuenta estas realidades en su ordenamiento constitutivo, asienta las bases para una justicia social efectiva. Una de las cosas que separa el pensamiento liberal del socialista es que este último procura dirigir y orquestar la actividad de la sociedad para lograr lo que los gobernantes consideran que es el bien común. Los liberales entendemos que los que mejor saben cuál es el bien que desean son las personas mismas y que ellas, con frecuencia a través de sus asociaciones, son las más indicadas para buscar su propio bien y, por ello, sólo delegan al gobierno la tutela de esos derechos y la coordinación de aquellas cosas que no se pueden coordinar sino de una manera unida. Esta relación de la persona con la sociedad es un tema que necesita ser profundizado y conciliado entre diversas tendencias.
Llevados estos principios al ambiente de trabajo y aplicados a los salarios y la relación laboral, es necesario adherirse a los mismos principios. Por ello debo disentir de las expresiones tradicionales que exigen que el salario debe responder a criterios personales. En todas las actividades y circunstancias humanas hay limitaciones que nos impiden acercarnos a la perfección. En la práctica, si una persona requiere un salario que no es conmensurado con el beneficio que da a cambio, nadie lo contratará. ¿Qué es preferible, que se quede sin empleo o que se le pague algo, aunque sea menos de lo que necesita? Debido a los altos salarios mínimos, este dilema está al fondo de gran parte del desempleo corriente entre nosotros.
Es frecuente la referencia a la justicia social como la obligación de distribuir la riqueza de una manera igualitaria. Este es un doble error. Si algo, esa fuese una justicia distributiva, la cual corresponde al padre de familia con los bienes familiares. En tiempos en que los monarcas eran vistos como padres de la nación se les asignaba la distribución de los bienes comunes -cosa que nunca hicieron. Don Ricardo ha señalado, correctamente, que en una democracia los sujetos de tal derecho son los ciudadanos y los gobernantes son sus agentes. Es importante determinar cuáles son los bienes comunes y cuáles los particulares, porque no es correcto ni conveniente que el gobierno ejerza un poder confiscatorio de los bienes personales para redistribuirlos a lo Robin Hood.
Hay que tener cuidado de no caer en la mentalidad heredada de las monarquías y reflejadas en el mercantilismo persistente en nuestro ambiente. No creo que lo que necesita ser distribuido sean “los reconocimientos, autorizaciones, oportunidades, y beneficios que un gobierno asigna a los gobernados”. Ese pensamiento refleja lo que hacían los monarcas que se concebían como dueños de vidas y hacienda a ser distribuidos a su antojo. En una democracia todos son reconocidos como persona con igualdad de derechos y autorizados a hacer cualquiera cosa que no viole los derechos ajenos. En una democracia no hay ni fueros, ni privilegios ni beneficios que distribuir. Los bienes comunes más importantes son el lenguaje y el acerbo cultural de la nación. Con ellos, los ciudadanos pueden valerse por sí mismos. Por ello, la función más importante en este sentido es la tutela de la educación de los ciudadanos. No he dicho una educación centralizada ni controlada por el gobierno, sino fomentada y protegida. Los primeros responsables y obligados a ejercer esta tarea son los padres de familia con los niños y los ciudadanos para consigo mismo. La función del gobierno en esto es puramente subsidiaria.
La justicia social necesita ser ordenada desde la base rectora del ordenamiento político y social. La constitución y la filosofía que la nutren deben partir de una recta comprensión de la naturaleza humana con sus bondades y debilidades. Ese ordenamiento constitucional necesita establecer los límites y las obligaciones de los gobernantes, de los cuales no se pueden alejar, y señalar a los ciudadanos todos los derechos y obligaciones de forma general y abstracta. En la base de estas concepciones está el de la persona como sujeto de conocimiento y libertad de lección. El bien común depende de, y es medido por, el bien personal. Los gobernantes tienen como función primordial salvaguardar los derechos de las personas y de sus asociaciones.
Una faceta fundamental de la persona es que llega a realizarse como persona sólo en sociedad con otras personas. Esto ocurre en primera instancia en la familia. Luego las personas se asocian de diversas forma para distintos fines. Estas asociaciones son previas al Estado y tienen derechos derivados de los derechos de la persona. Por ello, el Estado está en función de estas asociaciones y no tiene derecho sobre ellas. Cuando una sociedad toma en cuenta estas realidades en su ordenamiento constitutivo, asienta las bases para una justicia social efectiva. Una de las cosas que separa el pensamiento liberal del socialista es que este último procura dirigir y orquestar la actividad de la sociedad para lograr lo que los gobernantes consideran que es el bien común. Los liberales entendemos que los que mejor saben cuál es el bien que desean son las personas mismas y que ellas, con frecuencia a través de sus asociaciones, son las más indicadas para buscar su propio bien y, por ello, sólo delegan al gobierno la tutela de esos derechos y la coordinación de aquellas cosas que no se pueden coordinar sino de una manera unida. Esta relación de la persona con la sociedad es un tema que necesita ser profundizado y conciliado entre diversas tendencias.
Llevados estos principios al ambiente de trabajo y aplicados a los salarios y la relación laboral, es necesario adherirse a los mismos principios. Por ello debo disentir de las expresiones tradicionales que exigen que el salario debe responder a criterios personales. En todas las actividades y circunstancias humanas hay limitaciones que nos impiden acercarnos a la perfección. En la práctica, si una persona requiere un salario que no es conmensurado con el beneficio que da a cambio, nadie lo contratará. ¿Qué es preferible, que se quede sin empleo o que se le pague algo, aunque sea menos de lo que necesita? Debido a los altos salarios mínimos, este dilema está al fondo de gran parte del desempleo corriente entre nosotros.
