Justificación de la Constituyente
Hemos abogado por varios años sobre la necesidad de integrar una Asamblea Constituyente que analice, discuta y apruebe un nuevo texto constitucional. La obsolescencia de la Carta Magna vigente, es inocultable, pues la misma es producto de un régimen dictatorial, cuya ideología se apartó por completo de las necesidades públicas, para enaltecer la personalidad del dictador, al punto que en la misma incluyeron las Fuerzas de Defensa como "rgano del Estado y el nombre de Torrijos como Jefe de Gobierno.
Superada parcialmente la etapa militarista, quedó sin aniquilar el lado civil de la dictadura, que por manejo impropio de las políticas gubernamentales, recobró fuerzas ante la negativa actitud de dirigentes políticos miembros del grupo gobernante, hasta que alcanzaron el retorno a la Presidencia de la República, y con un 33% de los votos, integran una Asamblea Legislativa a su estilo y medida. Ante la pérdida del destino Presidencial, hacen esfuerzos inauditos para consolidar en el "rgano Legislativo y mantener su hegemonía gubernamental.
Al final de la jornada de esta nefasta legislatura, se aprueban leyes para establecer que de un total de 72 legisladores, sólo 17 serán necesarios para aprobar las leyes. Con esto confirman que es inaplazable la reducción del número de legisladores a 45 por lo menos, y que su elección debe ser por provincia y no por circuito. Ellos mismos están sosteniendo que no es necesaria una Asamblea con tantos cobradores de cheques inútiles.
Los retos que lanzan los legisladores con tanta desfachatez, justifican la convocatoria a una Constituyente, para eliminar estos resabios de la dictadura en manos de civiles. Es un insulto al pueblo y un desafío al poder público que emana de él. Piensan que todo es eterno, así como creían interminable el militarismo, del que vivieron y se aprovecharon por varias décadas. La única forma de enmendar de una vez por todas las acometidas prepotentes de los perredianos, es eliminando su posibilidad de mantenerse causando daños al país y enriqueciéndose a costa de la pobreza generalizada.
Tenemos que disminuir el número de legisladores, eliminar sus suplentes, sustraer el manejo de dineros y reducir su función a la producción de leyes. Es imprescindible eliminar un vicepresidente, lo mismo que ofrecer una fórmula distinta para escoger al contralor general y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo períodos que no rebasen el Presidencial en todos los funcionarios Públicos de alta jerarquía.
Conviene sustraer las funciones judiciales a la Asamblea Legislativa, excepto la de juzgar al Presidente de la República en ejercicio.
Urge encontrar una fórmula que permita la elaboración y aprobación del Presupuesto, sin que se produzca la extorsión y condicionamiento del voto a prebendas que se obtienen en el Legislativo.
Los hechos que denunciamos reclaman que se adopten medidas heroicas y necesarias, pero patrióticas y populares, que impliquen una defensa de los intereses nacionales, que son los de una mayoría hasta ahora ignorada y despreciada en la toma de decisiones a nivel gubernamental. Necesitamos una Asamblea Constituyente con plenas facultades, porque las acciones que estamos sufriendo, merecen respuestas a su mismo nivel.
Ya hemos sostenido que dentro de la propia Constitución existen los mecanismos que permiten la convocatoria para su integración. Sólo hay que darle el contenido a la norma del poder público, reconocido en el artículo 2 de la Carta Magna, que es precisamente el que dice a través de qué Organos se ejerce, pero lo hace surgir del pueblo. Siendo así, la justificación de una Constituyente la ofrece la propia Asamblea Legislativa, con el irrespeto con que actúa frente a los intereses nacionales.
Superada parcialmente la etapa militarista, quedó sin aniquilar el lado civil de la dictadura, que por manejo impropio de las políticas gubernamentales, recobró fuerzas ante la negativa actitud de dirigentes políticos miembros del grupo gobernante, hasta que alcanzaron el retorno a la Presidencia de la República, y con un 33% de los votos, integran una Asamblea Legislativa a su estilo y medida. Ante la pérdida del destino Presidencial, hacen esfuerzos inauditos para consolidar en el "rgano Legislativo y mantener su hegemonía gubernamental.
Al final de la jornada de esta nefasta legislatura, se aprueban leyes para establecer que de un total de 72 legisladores, sólo 17 serán necesarios para aprobar las leyes. Con esto confirman que es inaplazable la reducción del número de legisladores a 45 por lo menos, y que su elección debe ser por provincia y no por circuito. Ellos mismos están sosteniendo que no es necesaria una Asamblea con tantos cobradores de cheques inútiles.
Los retos que lanzan los legisladores con tanta desfachatez, justifican la convocatoria a una Constituyente, para eliminar estos resabios de la dictadura en manos de civiles. Es un insulto al pueblo y un desafío al poder público que emana de él. Piensan que todo es eterno, así como creían interminable el militarismo, del que vivieron y se aprovecharon por varias décadas. La única forma de enmendar de una vez por todas las acometidas prepotentes de los perredianos, es eliminando su posibilidad de mantenerse causando daños al país y enriqueciéndose a costa de la pobreza generalizada.
Tenemos que disminuir el número de legisladores, eliminar sus suplentes, sustraer el manejo de dineros y reducir su función a la producción de leyes. Es imprescindible eliminar un vicepresidente, lo mismo que ofrecer una fórmula distinta para escoger al contralor general y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo períodos que no rebasen el Presidencial en todos los funcionarios Públicos de alta jerarquía.
Conviene sustraer las funciones judiciales a la Asamblea Legislativa, excepto la de juzgar al Presidente de la República en ejercicio.
Urge encontrar una fórmula que permita la elaboración y aprobación del Presupuesto, sin que se produzca la extorsión y condicionamiento del voto a prebendas que se obtienen en el Legislativo.
Los hechos que denunciamos reclaman que se adopten medidas heroicas y necesarias, pero patrióticas y populares, que impliquen una defensa de los intereses nacionales, que son los de una mayoría hasta ahora ignorada y despreciada en la toma de decisiones a nivel gubernamental. Necesitamos una Asamblea Constituyente con plenas facultades, porque las acciones que estamos sufriendo, merecen respuestas a su mismo nivel.
Ya hemos sostenido que dentro de la propia Constitución existen los mecanismos que permiten la convocatoria para su integración. Sólo hay que darle el contenido a la norma del poder público, reconocido en el artículo 2 de la Carta Magna, que es precisamente el que dice a través de qué Organos se ejerce, pero lo hace surgir del pueblo. Siendo así, la justificación de una Constituyente la ofrece la propia Asamblea Legislativa, con el irrespeto con que actúa frente a los intereses nacionales.
