La administración de Justicia, tercera parte
En su parte final del discurso de apertura del Foro Nacional para el Análisis y Propuesta sobre la eficacia del Sistema de Administración de Justicia en Panamá, el abogado Santander Tristán Donoso manifiesta lo siguiente: "Si el Estado de Derecho y la Administración de Justicia no consolidan la institucionalidad democrática, la violencia y la ingobernabilidad sería el fruto de nuestras omisiones".
En el diagnóstico del Foro y en otros estudios, se propone la autonomía del Instituto de la Defensa Pública, su ampliación en otras materias y su fortaleza presupuestaria, así como la dotación de fondos públicos para la multiplicación de unas organizaciones de servicios jurídicos alternativos. El Control Jurisdiccional de los Poderes Públicos: La administración pública requiere asegurar al administrado sus garantías judiciales como la reparación económica y moral de sus actos arbitrarios. El lograr el mejoramiento material por parte del Estado constituye en Panamá un tema cerrado, a menos que concierna a otros factores.
¿Quién indemniza a un humilde campesino frente a un acto arbitrario del Estado? ¿Cuáles son los controles judiciales de las actuaciones del Ministerio Público a fin de robustecer la legitimidad del principio de oportunidad?. ¿ Por qué la estadística revela que los recursos contenciosos administrativos de protección de Derechos Humanos no han sido admitidos mayormente por razones de forma? Por esta razones y otras urge: Una Ley de Procedimiento Común para la Administración Pública en general. Regulación del silencio administrativo como silencio administrativo positivo y por ende, estimativo de las peticiones del administrado; una ley regulatoria de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa con miras a asegurar la pronta reparación del administrado; un Estado respetuoso de nuestras garantías y reclamos, un Estado democrático. Quizá sea pertinente en este aporte, recordar como ideal, pero posible, las palabras del primer ministro inglés Willliam Pitt en 1760, ante la Cámara de los Comunes cuando señaló: "El hombre más pobre puede desde su choza, desafiar todas las fuerzas de la corona, su choza puede ser frágil con techo poco estable, el viento puede pasar por ella, las tormentas pueden entrar, las lluvias pueden entrar, pero el Rey de Inglaterra no puede entrar. Todos sus ejércitos no se atreven a pasar el umbral de la casita destrozada. Allí tenemos una herencia que se escribe con juicio justo, Pinochet detenido y marcado por la justicia inglesa y una fuerte cultura jurídica. Siempre faltarían cosas, pero no hay otro camino".
Los Pueblos Indígenas: El foro centroamericano también destacó y rescató el derecho de los pueblos indígenas. "Un tema que nos conduce a reconocer la diversidad cultural de nuestros pueblos y naciones y a materializar un estado y sistema judicial que no integre al mundo indígena a nuestro orden legal, sino que respete sus tradiciones y su cosmovisión jurídica. Octavio Paz señaló que la cultura perfecta es la muerte. Entendemos entonces, que el reencuentro de culturas y la internalización mutua de aspectos humanizantes de desarrollo y riqueza deba ser el presupuesto del diálogo. Se abre aquí toda una propuesta donde no se trata de señalamientos sobre supuestas prácticas salvajes como la ortiga y el cepo, se trata de entender, desde su cultura; simplemente se viola un derecho humano, individual. Preguntó: ¿Colisiona el derecho a la autodeterminación frente al derecho a la integridad personal? Es aquí donde hay que buscar la completaridad y el mecanismo que hagan posible una convivencia pacífica.
La polémica actual es, simplemente, parte de un problema: el derecho de los pueblos indígenas dentro de un Estado Nacional que sigue aprendiendo a entender su carácter multicultural y debe generar los espacios adecuados y respetuosos para avanzar en un proyecto de paz. No se trata de crear dos Estados, sino de crear un Estado para todos. Finalmente, queremos señalar que las heridas que carga nuestro pueblo, el ciudadano común y sus frustraciones y angustias no serán importantes ni significativas, tampoco, la falta de conciencia, de credibilidad en especial de nuestro pueblo pobre que no encuentra en la ley un instrumento de paz y esperanza.
Nada será importante, si por encima de todo este peso histórico está el compromiso de alcanzar un verdadero Estado de Derecho donde la seguridad jurídica, los Derechos Humanos como marco constitucional, sean la medida de la democracia y donde el mejor legado de este paradigma del siglo XXI: La justicia, sea para mis hijas e hijos, el mejor tributo de su futuro".
"Los medios de comunicación social, la sociedad civil, las instituciones judiciales, los abogados y nuestro gobierno, debemos hacer un gran pacto ético por la justicia, así como fuimos capaces en 1994, junto a los partidos políticos, firmar y comprometernos con el Pacto Etico Electoral, como base de la democracia.
Los discursos académicos, los esfuerzos procesales, las propuestas de reforma judicial y legal, requieren una decisión final, requieren una voluntad de acero que trascienda las miserias humanas y logre ver aún la imperceptible luz de las luciérnagas en el fondo de nuestras derrotas. Señor vicepresidente Dr. Arturo Vallarino, magistrada Graciela Dixon de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, gracias por estar con nosotros, por sentir que tenemos todos, una responsabilidad y que sí tiene algún valor este libro blanco, el libro de colores como prefiero llamarlo, que sea el punto de partida para ese encuentro con la justicia".
En el diagnóstico del Foro y en otros estudios, se propone la autonomía del Instituto de la Defensa Pública, su ampliación en otras materias y su fortaleza presupuestaria, así como la dotación de fondos públicos para la multiplicación de unas organizaciones de servicios jurídicos alternativos. El Control Jurisdiccional de los Poderes Públicos: La administración pública requiere asegurar al administrado sus garantías judiciales como la reparación económica y moral de sus actos arbitrarios. El lograr el mejoramiento material por parte del Estado constituye en Panamá un tema cerrado, a menos que concierna a otros factores.
¿Quién indemniza a un humilde campesino frente a un acto arbitrario del Estado? ¿Cuáles son los controles judiciales de las actuaciones del Ministerio Público a fin de robustecer la legitimidad del principio de oportunidad?. ¿ Por qué la estadística revela que los recursos contenciosos administrativos de protección de Derechos Humanos no han sido admitidos mayormente por razones de forma? Por esta razones y otras urge: Una Ley de Procedimiento Común para la Administración Pública en general. Regulación del silencio administrativo como silencio administrativo positivo y por ende, estimativo de las peticiones del administrado; una ley regulatoria de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa con miras a asegurar la pronta reparación del administrado; un Estado respetuoso de nuestras garantías y reclamos, un Estado democrático. Quizá sea pertinente en este aporte, recordar como ideal, pero posible, las palabras del primer ministro inglés Willliam Pitt en 1760, ante la Cámara de los Comunes cuando señaló: "El hombre más pobre puede desde su choza, desafiar todas las fuerzas de la corona, su choza puede ser frágil con techo poco estable, el viento puede pasar por ella, las tormentas pueden entrar, las lluvias pueden entrar, pero el Rey de Inglaterra no puede entrar. Todos sus ejércitos no se atreven a pasar el umbral de la casita destrozada. Allí tenemos una herencia que se escribe con juicio justo, Pinochet detenido y marcado por la justicia inglesa y una fuerte cultura jurídica. Siempre faltarían cosas, pero no hay otro camino".
Los Pueblos Indígenas: El foro centroamericano también destacó y rescató el derecho de los pueblos indígenas. "Un tema que nos conduce a reconocer la diversidad cultural de nuestros pueblos y naciones y a materializar un estado y sistema judicial que no integre al mundo indígena a nuestro orden legal, sino que respete sus tradiciones y su cosmovisión jurídica. Octavio Paz señaló que la cultura perfecta es la muerte. Entendemos entonces, que el reencuentro de culturas y la internalización mutua de aspectos humanizantes de desarrollo y riqueza deba ser el presupuesto del diálogo. Se abre aquí toda una propuesta donde no se trata de señalamientos sobre supuestas prácticas salvajes como la ortiga y el cepo, se trata de entender, desde su cultura; simplemente se viola un derecho humano, individual. Preguntó: ¿Colisiona el derecho a la autodeterminación frente al derecho a la integridad personal? Es aquí donde hay que buscar la completaridad y el mecanismo que hagan posible una convivencia pacífica.
La polémica actual es, simplemente, parte de un problema: el derecho de los pueblos indígenas dentro de un Estado Nacional que sigue aprendiendo a entender su carácter multicultural y debe generar los espacios adecuados y respetuosos para avanzar en un proyecto de paz. No se trata de crear dos Estados, sino de crear un Estado para todos. Finalmente, queremos señalar que las heridas que carga nuestro pueblo, el ciudadano común y sus frustraciones y angustias no serán importantes ni significativas, tampoco, la falta de conciencia, de credibilidad en especial de nuestro pueblo pobre que no encuentra en la ley un instrumento de paz y esperanza.
Nada será importante, si por encima de todo este peso histórico está el compromiso de alcanzar un verdadero Estado de Derecho donde la seguridad jurídica, los Derechos Humanos como marco constitucional, sean la medida de la democracia y donde el mejor legado de este paradigma del siglo XXI: La justicia, sea para mis hijas e hijos, el mejor tributo de su futuro".
"Los medios de comunicación social, la sociedad civil, las instituciones judiciales, los abogados y nuestro gobierno, debemos hacer un gran pacto ético por la justicia, así como fuimos capaces en 1994, junto a los partidos políticos, firmar y comprometernos con el Pacto Etico Electoral, como base de la democracia.
Los discursos académicos, los esfuerzos procesales, las propuestas de reforma judicial y legal, requieren una decisión final, requieren una voluntad de acero que trascienda las miserias humanas y logre ver aún la imperceptible luz de las luciérnagas en el fondo de nuestras derrotas. Señor vicepresidente Dr. Arturo Vallarino, magistrada Graciela Dixon de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, gracias por estar con nosotros, por sentir que tenemos todos, una responsabilidad y que sí tiene algún valor este libro blanco, el libro de colores como prefiero llamarlo, que sea el punto de partida para ese encuentro con la justicia".
