La aliada de la corrupción
Aunque parezca paradójico, en Panamá la ley es aliada de la corrupción. Es un lugar común sostener que el Estado de Derecho es la mejor vacuna contra este flagelo que pudre a nuestras sociedades. Pero cuando el sistema jurídico está construido para impedir que se pueda probar la corrupción, y sus leyes se usan para perseguir a quienes la denuncian, tenemos que concluir que hay algo podrido en Panamá.
La corrupción se da tanto en lo público como en lo privado; sin embargo, la que más nos afecta es la del sector gubernamental. En un país donde el relativismo moral hace que se considere corrupción lo que hacen los otros porque "lo que yo pido es tan sólo un favor" o "sólo estoy pidiendo un chance", no es fácil combatir estas actividades perversas. Cuando la impunidad generalizada da pie al cinismo colectivo, quedamos con una sociedad donde nadie se atreve a tirar la primera piedra.
Si hay una verdadera voluntad de combatir la corrupción tenemos que cambiar nuestras leyes. Predicar con el ejemplo es correcto y loable, pero no es suficiente. Mientras no haya unos cuantos peces gordos tras las rejas no habrá credibilidad, y para poder encerrar a quienes no debieran estar libres, se requieren pruebas. Lamentablemente la corrupción ha encontrado formas de hacerse difícil de probar por lo que muchas veces el único instrumento útil es la confesión o la delación.
Los norteamericanos aprendieron hace rato que para atrapar a los peces gordos, muchas veces se necesita dejar ir a los peces chicos, por esto establecieron el mecanismo de la inmunidad procesal y la reducción de penas a los delincuentes menores que ayuden a pescar a los grandes criminales. En Panamá no tenemos ese sistema suficientemente desarrollado, ya que no está realmente claro que, para que la delación beneficie procesalmente al delator, se requiere que la autoridad tase la misma como suficiente para lograr la condena del gran criminal.
Mientras la ley obligue al ciudadano a "preconstituir" la prueba, o sea, a hacer la investigación que le debiera corresponder al Ministerio Público, antes de poder denunciar a un funcionario; mientras no haya un verdadero sistema de protección a testigos y especialmente de protección a los "arrepentidos" de la corrupción; mientras se requiera un dictamen previo de la Contraloría para que el Ministerio Público pueda actuar; y mientras no tengamos suficientes fiscalías y juzgados especializados para procesar estas denuncias, la Ley será una muralla infranqueable en el combate a la corrupción.
Debemos estar claros en que, de darse una reelección en Estados Unidos, sería lo más nefasto que podría pasar y que nuestro pueblo pagaría una cuota de sacrificio que haría más pesada la que ya estamos viviendo.
La corrupción se da tanto en lo público como en lo privado; sin embargo, la que más nos afecta es la del sector gubernamental. En un país donde el relativismo moral hace que se considere corrupción lo que hacen los otros porque "lo que yo pido es tan sólo un favor" o "sólo estoy pidiendo un chance", no es fácil combatir estas actividades perversas. Cuando la impunidad generalizada da pie al cinismo colectivo, quedamos con una sociedad donde nadie se atreve a tirar la primera piedra.
Si hay una verdadera voluntad de combatir la corrupción tenemos que cambiar nuestras leyes. Predicar con el ejemplo es correcto y loable, pero no es suficiente. Mientras no haya unos cuantos peces gordos tras las rejas no habrá credibilidad, y para poder encerrar a quienes no debieran estar libres, se requieren pruebas. Lamentablemente la corrupción ha encontrado formas de hacerse difícil de probar por lo que muchas veces el único instrumento útil es la confesión o la delación.
Los norteamericanos aprendieron hace rato que para atrapar a los peces gordos, muchas veces se necesita dejar ir a los peces chicos, por esto establecieron el mecanismo de la inmunidad procesal y la reducción de penas a los delincuentes menores que ayuden a pescar a los grandes criminales. En Panamá no tenemos ese sistema suficientemente desarrollado, ya que no está realmente claro que, para que la delación beneficie procesalmente al delator, se requiere que la autoridad tase la misma como suficiente para lograr la condena del gran criminal.
Mientras la ley obligue al ciudadano a "preconstituir" la prueba, o sea, a hacer la investigación que le debiera corresponder al Ministerio Público, antes de poder denunciar a un funcionario; mientras no haya un verdadero sistema de protección a testigos y especialmente de protección a los "arrepentidos" de la corrupción; mientras se requiera un dictamen previo de la Contraloría para que el Ministerio Público pueda actuar; y mientras no tengamos suficientes fiscalías y juzgados especializados para procesar estas denuncias, la Ley será una muralla infranqueable en el combate a la corrupción.
Debemos estar claros en que, de darse una reelección en Estados Unidos, sería lo más nefasto que podría pasar y que nuestro pueblo pagaría una cuota de sacrificio que haría más pesada la que ya estamos viviendo.
