La Asamblea Legislativa y el CEMIS
El 16 de enero de 2002, el Legislador Carlos Afú formuló en público declaraciones que estremecieron a la comunidad política nacional y al resto de la sociedad. Este parlamentario, respondiendo a las acusaciones que se le formularon por parte de algunos legisladores del PRD, señaló hechos sumamente graves de corrupción, relacionados a los supuestos sobornos para lograr la aprobación, por parte del Organo Legislativo, del contrato multimodal en Colón.
Estas declaraciones dejaron al descubierto el nivel de corrupción dentro del Legislativo, lo que vino a confirmar la percepción de la ciudadanía sobre las prácticas deshonestas en ese Organo del Estado.
Ahora la ciudadanía vuelve una vez más ha ser sorprendida cuando, en una sesión nocturna y concluida en la madrugada, los legisladores aprobaron una resolución en la cual cierran el caso, archivan el expediente e impiden el levantamiento de la inmunidad a aquellos legisladores (como los oficialistas) que no aceptaron de manera voluntaria despojarse de esta condición, para que pudieran ser investigados específicamente en ese caso.
Es necesario destacar que la medida asumida por la Asamblea Legislativa no ofrece protección a la bancada de la oposición (PRD-Partido Popular), por cuanto estos legisladores decidieron despojarse de su inmunidad de manera voluntaria, lo que quiere decir que aunque hayan sido indagados por el Ministerio Público podrían ser llamados nuevamente en el caso de que el Procurador General de la Nación decidiera ampliar sus indagatorias.
La medida tiene como objetivo solamente proteger a los legisladores del oficialismo y mantener este grave hecho de corrupción bajo el amparo de la impunidad.
El hecho revela el grado de descomposición moral en que se encuentra este órgano legislativo, y lo ocurrido en él el 30 de junio es una muestra de que la corrupción se ha convertido en uno de los problemas que afecta más gravemente a las instituciones democráticas y el desarrollo económico y social al ponerse en juego la credibilidad de la misma ante la impunidad con que se realizan los actos delictivos en cualquiera de sus modalidades, ya sea en lo político, en la administrativa pública, social o privada.
No cabe duda, aún de esta forma, que ante el impacto negativo que tiene en la vida de los(a) ciudadanos(a) y la democracia, la corrupción pública se convierte en uno de los principales males de la sociedad actual.
¿Se reelegirán estos legisladores? Esa respuesta sólo la puede emitir el electorado panameño.
Lo cierto que estos “Honorables Padres de la Patria” han levantado un altar donde le rinden culto y veneración a la corrupción y a la impunidad.
James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, ha señalado que “la corrupción es una afrenta hecha a los pobres, que desvía el dinero hacia los más ricos”.
La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social.
De allí que los panameños tenemos que entender que la lucha contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los ciudadanos es no sólo útil y conveniente, sino absolutamente necesaria.
Por eso, en esta materia, las organizaciones cívicas, partidos políticos, gremios de profesionales y el conjunto de la sociedad tienen un papel fundamental que cumplir en las dos direcciones antes mencionadas; es decir, tanto en el desarrollo de programas y proyectos, directamente o en asocio con otras organizaciones de cooperación o financiamiento, orientadas a recomendar políticas a los gobiernos tendientes a mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia de las instituciones, como en la creación y fortalecimiento de instrumentos de cooperación para la investigación y represión de los actos corruptos.
Estas declaraciones dejaron al descubierto el nivel de corrupción dentro del Legislativo, lo que vino a confirmar la percepción de la ciudadanía sobre las prácticas deshonestas en ese Organo del Estado.
Ahora la ciudadanía vuelve una vez más ha ser sorprendida cuando, en una sesión nocturna y concluida en la madrugada, los legisladores aprobaron una resolución en la cual cierran el caso, archivan el expediente e impiden el levantamiento de la inmunidad a aquellos legisladores (como los oficialistas) que no aceptaron de manera voluntaria despojarse de esta condición, para que pudieran ser investigados específicamente en ese caso.
Es necesario destacar que la medida asumida por la Asamblea Legislativa no ofrece protección a la bancada de la oposición (PRD-Partido Popular), por cuanto estos legisladores decidieron despojarse de su inmunidad de manera voluntaria, lo que quiere decir que aunque hayan sido indagados por el Ministerio Público podrían ser llamados nuevamente en el caso de que el Procurador General de la Nación decidiera ampliar sus indagatorias.
La medida tiene como objetivo solamente proteger a los legisladores del oficialismo y mantener este grave hecho de corrupción bajo el amparo de la impunidad.
El hecho revela el grado de descomposición moral en que se encuentra este órgano legislativo, y lo ocurrido en él el 30 de junio es una muestra de que la corrupción se ha convertido en uno de los problemas que afecta más gravemente a las instituciones democráticas y el desarrollo económico y social al ponerse en juego la credibilidad de la misma ante la impunidad con que se realizan los actos delictivos en cualquiera de sus modalidades, ya sea en lo político, en la administrativa pública, social o privada.
No cabe duda, aún de esta forma, que ante el impacto negativo que tiene en la vida de los(a) ciudadanos(a) y la democracia, la corrupción pública se convierte en uno de los principales males de la sociedad actual.
¿Se reelegirán estos legisladores? Esa respuesta sólo la puede emitir el electorado panameño.
Lo cierto que estos “Honorables Padres de la Patria” han levantado un altar donde le rinden culto y veneración a la corrupción y a la impunidad.
James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, ha señalado que “la corrupción es una afrenta hecha a los pobres, que desvía el dinero hacia los más ricos”.
La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social.
De allí que los panameños tenemos que entender que la lucha contra la corrupción es tal vez uno de los campos en los cuales la acción colectiva de los ciudadanos es no sólo útil y conveniente, sino absolutamente necesaria.
Por eso, en esta materia, las organizaciones cívicas, partidos políticos, gremios de profesionales y el conjunto de la sociedad tienen un papel fundamental que cumplir en las dos direcciones antes mencionadas; es decir, tanto en el desarrollo de programas y proyectos, directamente o en asocio con otras organizaciones de cooperación o financiamiento, orientadas a recomendar políticas a los gobiernos tendientes a mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia de las instituciones, como en la creación y fortalecimiento de instrumentos de cooperación para la investigación y represión de los actos corruptos.
